Proponen regular el alquiler turístico como actividad económica

Publicada 29/09/18 -Actualizada 25/10/18 02:00h
Proponen regular el alquiler turístico como actividad económica
  • El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas aboga por crear una nueva Ley de Propiedad Horizontal
  • Advierte de que las medidas que se estudian para el alquiler temporal podrían interferir con otros aspectos de esa normativa
  • Apuesta por una regulación del arrendamiento turístico como actividad económica en el ámbito competencial autonómico

Aunque los administradores de fincas respaldan la propuesta de que las comunidades de vecinos puedan prohibir la implantación de viviendas turísticas en sus edificios, consideran necesaria una nueva Ley de Propiedad Horizontal que equilibre los derechos del dueño con el deseo de los vecinos de usar sus casas sin molestias, informa Efe.

El pasado martes, la secretaria de Estado de Turismo, Bel Oliver, avanzó que el Gobierno prepara una propuesta para modificar la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) con idea de rebajar la mayoría necesaria en la toma de decisiones importantes por las comunidades de vecinos, entre ellas el alquiler turístico de un piso, de la unanimidad actual a tres quintos de los propietarios.

En un comunicado, el presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (CGCAFE), Salvador Díez, ha advertido de que, si la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal se limita al cambio de mayoría, quedará incompleta, pues entrará en conflicto con otros aspectos de la propia Ley.

"Por eso, es necesaria una nueva Ley que regule la vida en el seno de las comunidades de propietarios, algo esencial para mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, adecuar la normativa a los tiempos actuales y garantizar los derechos de las comunidades y los propietarios frente a terceros, entre otras cuestiones", ha subrayado Díez.

Además, considera necesaria una regulación del arrendamiento turístico como actividad económica teniendo en cuenta el ámbito competencial autonómico.

En su opinión, no deben ser las comunidades de propietarios las que resuelvan el problema y, si se traslada todo el poder de decisión sobre ellas, se añadirá un nuevo foco de conflicto a la complejidad que ya de por sí presentan las relaciones vecinales.

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