También han recurrido Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña

El Constitucional admite a trámite el recurso de Asturias contra la Ley de Costas

Considera que antepone los intereses privados a los públicos e invade competencias autonómicas

Publicada 17/10/13
El Constitucional admite a trámite el recurso de Asturias contra la Ley de Costas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Asturias contra la nueva Ley de Costas. Considera que dicha normativa invade las competencias autonómicas, es arbitraria y antepone los intereses privados a los públicos.

La Ley de Costas y de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que modifica la normativa de 1988, fue aprobada en el pasado mes de mayo y, además de por Asturias, ha sido recurrida por Andalucía, País Vasco, Canarias y Cataluña, cuyas costas suman más de la mitad del litoral español.También el PSOE presentó un recurso a finales de agosto, como recogió Hosteltur noticias de turismo.

El Gobierno asturiano advertía de la posible inconstitucionalidad de cuatro artículos de la ley. Argumentó que la normativa considera el ecosistema costero como “una mercancía para el aprovechamiento y beneficio de unos pocos” y que incluso reserva de forma arbitraria determinados enclaves “para favorecer la actividad privada” buscando “un aprovechamiento lucrativo”.

El Gobierno asturiano anunció un nuevo plan para las costas. #shu#El Gobierno asturiano anunció un nuevo plan para las costas. Imagen Shutterstock

Tras presentar su recurso, el Ejecutivo presidido por Javier Fernández anunció su intención de elaborar un plan especial de suelo no urbanizable de costas.

La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, se ha mostrado satisfecha con la decisión del TC y ha destacado que la nueva ley supone “una injerencia y subordinación intolerables de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de una manera ilegítima”. Resalta, asimismo, que el Ejecutivo asturiano la considera inconstitucional “por fomentar las desigualdades, por apostar por la arbitrariedad, por sustraer del dominio público lo que es de todos en beneficio de unos pocos, por anteponer los intereses privados frente a los intereses de la colectividad”

Desde su notificación el Senado, el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Justicia tienen quince días para presentar alegaciones.

Más información en:

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