Piden condenar a España por el retraso en la liberalización del transporte ferroviario
El abogado general del TUE cree que discrimina a operadores alternativos a Renfe
Publicada 06/09/12 -Actualizada 15/07/18 23:22h
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Niilo Jääskinen, ha pedido este jueves que se condene a España por retrasar y obstaculizar la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros que exige la normativa comunitaria. Su dictamen señala que las autoridades españolas discriminan a posibles operadores alternativos a Renfe para el acceso a la red y a otras infraestructuras.
Aunque las opiniones del abogado general no son vinculantes, se sabe que el Tribunal de Justicia sigue sus dictámenes en un 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.
La liberalización española
El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros español aprobó el decreto de liberalización del transporte ferroviario de viajeros, que se abrirá a la explotación privada en julio de 2013, en medio de fuertes protestas de los sindicatos que convocaron huelgas en Renfe.
El modelo español supone que Renfe se mantenga como operador público de referencia y será segregada en cuatro sociedades que asumirán las competencias de Viajeros, Mercancías y Logística, Fabricación y Mantenimiento, y Arrendamiento.
El abogado general critica el "trato discriminatorio dado a los nuevos operadores en el mercado ferroviario español, que se ven desfavorecidos con respecto al operador histórico que se beneficia de un acceso preferencial a la infraestructura". Este acceso prioritario sólo estaría justificado en el caso de que se hubiera firmado un acuerdo marco, cosa que no ha ocurrido, según señala el dictamen.
El alegato del abogado destaca además que España se ha reservado el derecho a fijar el canon por el uso de las vías de tren y a adjudicar la capacidad de infraestructura. Ello vulnera, a su juicio, la legislación comunitaria que atribuye tales competencias al administrador independiente de infraestructuras.
Finalmente, considera que España tampoco ha cumplido la obligación de establecer un sistema de mejora del funcionamiento dirigido a reducir al mínimo las perturbaciones y aumentar la eficacia de la explotación de la red ferroviaria.
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