El Gobierno central español descarta traspasar los paradores a la Junta andaluza porque no son bienes adscritos a competencias turísticas

Publicada 24/02/03
El Gobierno central español descarta traspasar los paradores a la Junta andaluza porque no son bienes adscritos a competencias turísticas
El Gobierno central español descarta la posibilidad de traspasar a la Junta de Andalucía los paradores nacionales ubicados en la comunidad por considerar que "no se trata de bienes adscritos a competencias administrativas en materia de turismo sobre los que pudiera plantearse la necesidad de su traspaso a las administraciones autonómicas para el desarrollo y cumplimiento de sus competencias".
El Gobierno central español descarta la posibilidad de traspasar a la Junta de Andalucía los paradores nacionales ubicados en la comunidad por considerar que "no se trata de bienes adscritos a competencias administrativas en materia de turismo sobre los que pudiera plantearse la necesidad de su traspaso a las administraciones autonómicas para el desarrollo y cumplimiento de sus competencias". Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, en la que explica que los paradores nacionales "son establecimientos hoteleros pertenecientes a una sociedad estatal de carácter mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1.a de la Ley General Presupuestaria, que si bien desarrollan su actividad en el sector turístico, lo hacen como empresas que tienen una actividad económica independientemente de las competencias administrativas en materia de turismo". En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno argumenta su negativa a traspasar los paradores nacionales a la Junta esgrimiendo la sentencia 58/82 del Tribunal Constitucional, que establece que los bienes adscritos a dicha actividad son "bienes en mano pública y, por ende, su titularidad corresponde al ente competente para llevar a cabo las funciones y servicios a los que están afectos". Por todo ello, el Ejecutivo considera que la "existencia y titularidad pública del Estado" sobre los paradores nacionales es "compatible con el reparto competencial en materia de turismo y economía y respetuosa con las competencias que cada administración tiene atribuidas, sin que proceda su traspaso a la comunidad autónoma de Andalucía".
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