Reduce a 47 M € la reclamación y mantiene que sean inhabilitados

Caso Spanair: la Fiscalía acusa de negligencia al consejo y la Generalitat

El juicio ha quedado visto para sentencia

Publicada 11/07/14
Caso Spanair: la Fiscalía acusa de negligencia al consejo y la Generalitat

El juicio abierto a los miembros del consejo de administración de la quebrada aerolínea Spanair, acusados de haber declarado tardíamente la insolvencia de la compañía y el concurso de acreedores, agravando así la situación de la empresa ha concluido y quedado visto para sentencia. La Fiscalía ha reducido de 72 a 47 M € la reclamación a los miembros de la dirección y mantiene que sean inhabilitados por negligencia. También considera responsable a la Generalitat de Cataluña como co-administradora.

El pasado mes de marzo, la Fiscalía de Barcelona reclamó al consejo de Spanair 72 M € por retrasar la quiebra y su inhabilitación empresarial por dos años, al tiempo que pedía al juez declarar a los miembros del consejo de la aerolínea "culpables del concurso de acreedores" por haber retrasado la solicitud agravando el estado de insolvencia de la empresa, según el escrito fiscal, coinciiendo con el criterio de lso administradores concursales (ver:La Justicia podría pedir responsabilidades por la quiebra de Spanair a sus ex directores).

La Fiscalía de Barcelona ha reiterado la acusación de presunta negligencia al haber retrasado cinco meses, desde junio de 2011, la petición del concurso de acreedores, agravando la situación de insolvencia de la compañía y por tanto, manteine la reclamación de dinero y la inhabilitación por dos años solicitada al comienzo dle juicio (ver: El juicio por la quiebra tardía de Spanair empieza el 8 de julio).

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La fiscal de delitos económicos Raquel Amado ha rebajado la reclamación de 72 a 47 millones de euros al considerar que Avançsa--empresa pública participada al 100% por la Generalitat-- era coadministradora y, por tanto, tanto la sociedad como el gobierno catalán serían co responsables de lo sucedido. No obstante, ha tenido en cuenta que esa sociedad había aportado 25 millones a la compañía cuando ya estaba en fallida, por lo que ha restado esa cantidad de la cifra inicial.

Tanto la fiscal como el representante del administrador concursal, Bosco De Gispert, han coincidido en sus conclusiones que, a fecha 30 de junio de 2011, la empresa ya era insolvente, aunque el administrador, a diferencia del Ministerio Público, sigue reclamando 72 millones.

"La actividad de Spanair desde 2009 era absolutamente deficitaria, una situación que no fue detenida por el consejo de administración”, ha sostenido el representante de la administración concursal, en la misma línea del fiscal, que pide dos años de inhabilitación para sus miembros.

Consideran que la compañía aérea no era capaz de atender a los pagos en esas fechas y han descartado, en contra de la tesis de las defensas, que el hecho de que la empresa tuviese 18 millones de euros de caja implique que era solvente, ya que tenía una gran deuda mayoritariamente con Aena, que pidieron aplazar continuamente.

Los abogados de los demandados sostienen justo lo contrario: "No solo era solvente sino que lo era sobradamente", ha valorado uno de los letrados que, eso sí, ha reconocido que esto era así por el respaldo de la inyección de fondos públicos por parte de la Generalitat a través de Avança.

La defensa ha enumerado como garantías de que era viable económicamente los 18 millones que tenía en caja, los fondos públicos que tenían aún por gastar y su cumplimiento con los pagos, y ha considerado que "Spanair mostró su solvencia volando" ya que, según ha explicado, siguió operando con normalidad hasta final de año. En la audiencia anterior habían sostendido que Spanair no podía cerrar en verano cuando empezaba a ganar dinero, afirma su ex dirección.

Visto para sentencia

Este jueves ha concluido y quedado visto para sentencia el juicio que comenzó el martes con una sesión en la que el ex presidente de Spanair, Ferran Soriano, negó que hubiesen retrasado el concurso y que solamente se vieron obligados a presentarlo cuando la Generalitat dejó de financiar la compañía a final de año.

En la sesión del miércoles, dedicada a las periciales, los peritos de la defensa de Soriano, en la misma línea, aseguraron que en verano de 2011 tenía facturas al día, que no era insolvente y que el concurso lo solicitaron cinco meses después en el momento adecuado; el juicio ha quedado visto para sentencia y se prevé que el fallo se produzca en septiembre.

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