Lanzan un operativo en la capital catalana para detectar conductores particulares

Uber, perseguida por la policía en Barcelona mientras Competencia rechaza regular el P2P

Publicada 16/07/14
Uber, perseguida por la policía en Barcelona mientras Competencia rechaza regular el P2P

La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) considera que "hay que ser muy prudente" antes de pensar en una regulación para este tipo de actividades y aguardar a la evolución de estas nuevas plataformas porque “precipitarse en esto puede confundir a los consumidores”, señalan fuentes cercanas al organismo. Mientras el Ayuntamiento de Barcelona, presionado por las protestas de los taxistas, ha elaborado un protocolo de actuación para detectar y multar con hasta 4.000 euros a conductores particulares afiliados a la aplicación de Uber y otros plataformas similares que promueven el consumo colaborativo.

Y es que las reacciones no se han hecho esperar entre las distintas empresas del sector Turismo a la expansión de distintas plataformas del denominado consumo colaborativo como Uber, start up de San Francisco que potenció el servicio de traslados urbanos en coches de particulares con el desarrollo de una sorprendente herramienta; Blablacar, en la que contactan propietarios de vehículos y vajeros para compartir los gastos en trayectos interurbanos, o Airbnb y , en alojamiento turístico y dos grandes dolores de cabeza de los hoteleros.

La Comisión Europea (CE) se ha mostrado abierta a este tipo de desarrollos (ver: La innovación del P2P no va a desaparecer con chantaje, afirma la Comisión Europea). El Ministerio de Fomento lanzó la advertencia de que aplicaría las fuertes sanciones establecidas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) que luego matizó, mientras la Generalitat de Cataluña ha requerido el cese inmediato de su actividad.

Posición de Competencia

Según recuerda el diario El País, el presidente del organismo, José María Marín, durante una conferencia en Santander, advirtió de que “las respuestas deben ser proporcionales al problema”, destacan que, en estos casos, “prohibir es una herramienta excesivamente fácil” y que requiere “especial cuidado”.

Uber es perseguida en Barcelona por la policía mientras Competencia rechaza regular el P2PUber es perseguida en Barcelona por la policía mientras Competencia rechaza regular el P2P

Si bien no ha fijado una posición oficial definitiva, Competencia ha expresado que la economía colaborativa presenta “ventajas indudables” como una asignación más eficiente de los recursos, más competencia y una reducción de los costes y mejora la oferta para el consumidor, reconociendo , sin embargo, aspectos negativos. En todo caso, estima que “una regulación innecesaria” perjudicaría a los consumidores.

Multas locales

No obstante, los ayuntamientos están siendo algo más duros, posiblemente por recibir la presión directa de las empresas del sector que se sienten afectadas por la actividad de tales plataformas.

Según informa El Mundo, el consistorio ha elaborado un protocolo de actuación contra estos vehículos de transporte de viajeros sin autorización, tras las dos los taxistas que dejó sin transporte particular incluso al Aeropuerto de Barcelona-El Prat generando malestar entre turistas. En el comunicado interno, se admite que actúa ante el “incremento de reclamaciones por parte de los taxistas por presuntas infracciones relacionadas con el intrusismo laboral”.

La orden a la Guardia Urbana indica a los agentes que deberán intervenir cuando sospechen que se está transportando a pasajeros sin los debidos permisos y autorizaciones y entrevistar por separado al conductor y al “presunto cliente”. Los agentes deberán documentar mediante “fotografías o capturas de pantalla de los dispositivos móviles” del conductor y el pasajero, que la relación contractual entre ambos es irregular.

La posición de Cataluña ante este fenómeno parece estar clara: la Generalitat de Cataluña ha multado recientemente a Airbnb con 30.000 euros por intermediar entre turistas y propietarios de viviendas catalanas que no estaban inscritas en el Registro de Turismo de Cataluña y por alquilar habitaciones en domicilios particulares (ver: Multazo a Airbnb en Cataluña por comercializar oferta ilegal).

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