Catalunya aprueba la ley de la 'ITV' medioambiental, pese a las protestas de las pymes turísticas

Publicada 20/11/09
Catalunya aprueba la ley de la 'ITV'  medioambiental, pese a las protestas de las pymes turísticas
El Parlament de Catalunya aprobó ayer la nueva Ley de Prevención y Control Ambiental de las Actividades, que se traducirá en más costes y pérdida de tiempo para las empresas turísticas, según han denunciado las patronales del sector.
La ley, bautizada informalmente como la PACA, substituye a la anterior Ley de la Invertención Ambiental, a la que el sector turístico denominó como la YAYA de 1998, y que por una serie de deficiencias vivió hasta tres moratorias.
 
Tales apodos podrían suscitar chascarrillos y guasas, si no fuera porque ambas suscitan una profunda preocupación entre las empresas turísticas catalanas, sobre todo las pymes.
 
Una de las particularidades de la nueva ley es que concederá a los Ayuntamientos la potestad de renovar, cada cinco años, las licencias de hoteles, restaurantes, bares, cámpings, etc. Es decir, podrá dar pie a una especie de "ITV" de pago, según criticó en su día la Federación Española de Hostelería.
 
"Mientras toda Europa va hacia la simplificación de la normativa y ninguna otra comunidad autónoma de España tiene una ley como la PACA, en Catalunya vamos por la dirección contraria, cosa que nos hará perder competitividad", apunta Jaume Marimón, presidente de la patronal PIMEC Turismo.
 
Así, para renovar su licencia cada cinco años, los establecimientos turísticos y hosteleros tendrán que presentar documentación técnica, visados, etc, y pagar una tasa municipal. De hecho, los empresarios temen que la PACA acabe siendo un intrumento recaudatorio, más que medioambiental.

Por ejemplo, un hotel de menos de 60 habitaciones pagaría una tasa de 4.500 euros. A esta cantidad deberán sumarse los costes de tramitación del proyecto realizado por empresas especializadas, que pueden ascender a 2.000 euros.
 
El Consejo de Trabajo Económico y Social de Catalunya emitió un informe negativo respecto a la PACA cuando comenzó a tramitarse en el Parlament. No obstante, la consejería de Medio Ambiente indicó que dicho informe no era vinculante.

Las presiones de las patronales del sector tampoco han surtido efecto. "El Govern ha aprovado una ley que no ha tenido en cuenta nuestras reivindicaciones ni problemática", dice Jaume Marimón.

En este sentido, PIMEC Turismo reclamaba que la nueva ley simplificara los trámites administrativos cuando se trata de realizar cambios dentro de las instalaciones o que no duplicara controles "que generan costes innecesarios para las pymes".

Igualmente esta asociación pedía que se eliminara el proceso de la renovación de las licencias cada cinco años y que se estableciera un sistema homogéneo para que los ayuntamientos aplicaran los mismos criterios y unificaran tasas.

La Asociación Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, que agrupa 44.000 plazas de hotel, también ha expresado su rechazo a la nueva ley "que infligirá más presión a las pymes, en plena crisis económica". La PACA, apunta esta asociación, "es más restrictiva que la propias Directivas europeas y leyes españolas sobre medio ambiente".

Debate parlamentario

La ley ha sido aprobada esta mañana con los votos del Govern (PSC, ERC e IC-V), mientras que la oposición (CiU y PP) ha votado en contra.

Según el conseller de Medio Ambiente de la Generalitat, Francesc Baltasar, "la ley comportará una simplicación en los procedimientos" y hará los trámites más rápidos. En cualquier caso, añadió, "la simplicación no ha de significar una reducción de los requisitios medioambientes exigibles".

Para el diputado de CiU Ramón Espadaler, "los sectores emprendedores nos pedían seguridad jurídica, evitar despilfarro del tiempo, racionalizar costes económicos y simplifación administrativa" pero dichas cuatro reclamaciones, añadió, no se cumplirán con la PACA. "Hay un grado muy amplio de discrecionalidad y veremos disparidad de costes económicos en función de cada municipio".

Según el diputado popular Santi Rodríguez, la PACA "es una ley que mejora el actual marco legislativo, pero en aspectos fundamentales lo empeora, aumentando el tiempo de tramitación para las autorizaciones y las licencias de actividades".

En este sentido, añade el parlamentario del PP, "las actividades sometidas a autorización pasan de seis a ocho y diez meses de tramitación; y las actividades sometidas a licencia, que tenían un plazo de tramitación de cuatro meses, pasan a seis meses".

Xavier Canalis (actualidad@hosteltur.com)

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