Las agencias de viajes se ponen de acuerdo para alegar ante la futura directiva Bolkestein

En la reunión participaron cinco asociaciones regionales de agencias (las catalanas ACAV y UCAVE, las valencianas AEVAV y AVIBE y la gallega AGAVI) y la nacional de turoperadores AMAVE. No participaron las organizaciones nacionales FEAAV y AEDAVE. El objetivo de esta reunión era analizar el impacto que la normativa puede tener en el sector de las agencias de viajes y en los consumidores, así como consensuar la posición del sector y el contenido de las alegaciones que en los próximos días que se van a presentar por parte de las asociaciones. Las asociaciones presentes coincidieron en que "cualquier prestador de servicios de la UE que quiera prestar servicios propios de las agencias de viajes en España deberá limitar su actividad de forma exclusiva al ejercicio de las actividades que son propias del sector de las agencias de viajes. Asimismo en relación al establecimiento donde se establezca, dicho prestador de servicios debe estar destinado sólo, única y exclusivamente a la actividad de agencias de viajes". Las asociaciones argumentan que "el Anteproyecto de Ley no hace una transposición literal de la Directiva, la cual otorga a los Estados cierto margen en relación al ejercicio de una única actividad de forma exclusiva y a la posibilidad de establecer unos requisitos de autorización en relación al establecimiento cuando concurran razones de interés general como la protección de los consumidores". En este sentido, las asociaciones consideran que "de no protegerse la exclusividad, mermará la calidad de la información, de la prestación de servicios ofrecidos al consumidor y de la asistencia al mismo, así como la especialización, elemento éste que se ha constituido como indispensable no solo por el propio sector sino por la administración la cual ha incidido y destinado numerosos recursos en los últimos años en pro de una especialización del sector de las agencias de viajes". Por otro lado, las agencias estiman que "el redactado del anteproyecto que hace referencia a la Simplificación Administrativa, si bien reduce las trabas burocráticas para el ejercicio de una actividad de servicios, no establece mecanismos de control en relación a posibles prestadores de servicios que están actuando de forma intrusa", y consideran que tiene "especial relevancia tiene tema en el sector de las agencias de viajes, las cuales tienen la obligación de prestar una garantía financiera para asegurar el reembolso de los fondos depositados y la repatriación del consumidor en caso de insolvencia". En este sentido, las asociaciones ponen de manifiesto que "dicha garantía financiera impuesta por la Directiva 314/90 a todos los agentes de viajes de la UE se ha materializado en cada país de forma diferente. Por este motivo, en el supuesto de que un prestador de servicios ejerza su actividad en España e incurra en una situación de insolvencia o quiebra el consumidor puede verse totalmente desprotegido pues probablemente deberá dirigirse al país de origen de la agencia y reclamar se ejecute la garantía financiera para poder resarcirse de los perjuicios ocasionados". Por último en relación al capítulo VI relativo a la Cooperación Administrativa para el control efectivo de los prestadores de servicios, las asociaciones señalan que la administración española "deberá velar para garantizar que el prestador respete los requisitos sobre libre prestación de servicios y deberá proceder a realizar las comprobaciones, inspecciones e investigaciones necesarias para supervisar el servicio prestado. Dicho redactado nos hace suponer que la administración española no tendrá capacidad sancionadora sobre los prestadores que ejerzan su actividad en España, salvo cuando contravengan la obligación de información, lo que implica que los consumidores que se vean afectados por algún incumplimiento contractual deberán reclamar en el país de origen del prestador lo que es una clara indefensión para los usuarios de servicios turísticos". Mesquida tranquiliza a las agencias A este respecto, cabe destacar lo declarado a HOSTELTUR por el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida, que asegura que la Bolkestein "se trata de una normativa de libre circulación de servicios, cuyo objetivo es facilitar las actividades dentro de un espacio común europeo, que ya tenemos establecido. Eso significa que pueden venir empresas europeas a España, pero también españolas a otros países". Y añade que, en el caso de que sean necesarios unos requisitos legales para realizar determinada actividad, "no se va a permitir que una empresa que venga de fuera no los cumpla. La propia normativa establece unas cautelas, que se deben justificar ante las autoridades europeas, explicando los motivos de su aplicación a las empresas europeas que quieran realizar actividad en España". José Manuel de la Rosa (josemanuel.delarosa@hosteltur.com)