El Consejo de Ministros se ha hecho cargo del caso controladores aéreos, dejado en manos de Fomento por AENA tras romper las negociones con el colectivo y, a propuesta del titular de ese ministerio, José Blanco, aprobó el viernes un Real Decreto-Ley de aplicación inmediata que establece una nueva regulación de los servicios de control aéreo.
El texto legal liberaliza el servicio y modifica transitoriamente las condiciones laborales de los controladores, retirándoles las facultades de organización del trabajo y configuración operativa de los aeropuertos, entre otras medidas urgentes.
Después de años de negociaciones y pactos temporales con los controladores esta semana Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se levantó de la mesa de negociaciones, dejó el cambio de las condiciones laborales del colectivo en manos de la Dirección General de Aviación Civil para que Fomento se hiciera cargo y, finalmente, el Consejo de Ministros lo ha hecho de un plumazo, aludiendo a la necesidad de garantizar la seguridad, eficacia, continuidad y sostenibilidad económica financiera de la prestación del servicio y previendo que la situación creada pueda provocar complicaciones en el tráfico aéreo a partir del 1 de abril, cuando coincidía la finalización del actual convenio colectivo con el inicio de la Semana Santa.
AENA, 'atada de manos'
El Gobierno justifica la decisión tomada, en primer término, por las obligaciones que la normativa europea impone a los proveedores de servicios de navegación aérea y porque, con el sistema actual, AENA no podía dar garantía de su cumplimiento, debido a que el Convenio Colectivo de 1999 vigente le otorga a los controladores las facultades de organizar el trabajo y de decidir asuntos vitales como la configuración operativa de los aeródromos, de sus instalaciones y servicios técnicos, la fijación del personal necesario y la organización de los turnos de trabajo, horarios y descansos.
Destacan que también afectan la actuación de AENA el "incremento desmedido" de las retribuciones de los controladores contempladas en ese convenio, elevando los costes de navegación aérea del país por encima de la media europea; así como la posibilidad de que los controladores puedan pasar a situación de inactividad al cumplir 52 años, de forma voluntaria y automática y conservando sus ingresos.
Finalmente, destaca el Gobierno que tomó cartas en el asunto porque la situación no sólo pone en riesgo la prestación del servicio de control aéreo sino a la totalidad de un sector vital para la economía española, pues de él depende en gran medida la principal industria nacional: el turismo, teniendo en cuenta que tres de cada cuatro turistas utilizan el transporte aéreo" para venir a España.
Liberalización del control aéreo
En concreto, a través el real decreto-ley, el Gobierno establece una nueva regulación de los servicios de control de navegación aérea en España que abre a nuevos proveedores certificados.
La normativa implica, entre otras medidas, la selección de nuevos proveedores de servicios de control en aquellos aeropuertos que se determine; la implantación inmediata, previos los correspondientes estudios de seguridad, de los servicios automatizados AFIS, que prescinden del servicio de controladores, en aquellos aeropuertos de menor volumen de tráfico, hasta el momento se ha mencionado El Hierro, La Gomera, Huesca, Logroño, Burgos y el privado Ciudad Real.
Al mismo tiempo que se decreta la modificación transitoria de las condiciones laborales de los controladores mientras se implementa la reforma en un período de tres años. Ello incluye la reducción inmediata de las horas de trabajo extra anuales que se mantenían en el convenio firmado en 1999, de 600 a 80 que repercutirá en una reducción de poco más de un 450% de los ingresos de los controladores, mientras la jornada de trabajo básica pasa de 1.200 a 1.750 horas anuales. Los descansos pasan del 33% al 25% en los turnos diurnos y del 50% al 33%, en los nocturnos. Se suspenden varios derechos como el de la jubilación a los 52 años. Igualmente, AENA podrá aplicar el despido disciplinario de carácter preventivo, en caso de incumplimientos muy graves.
Por otra parte, el decreto establece las obligaciones exigibles a todos los proveedores de servicios, incluyendo AENA, y les otorga las facultades necesarias para que asuman el control del servicio de forma que garanticen su prestación en las condiciones establecidas y las atribuciones de su organización, planificación, dirección, gestión y supervisión; además de establecer algunos requisitos en la relación laboral del personal dedicado al control aéreo con el objetivo de garantizar la seguridad.
Además de estas actuaciones, se disponen algunas medidas urgentes como la aprobación inmediata de planes de formación para habilitar nuevos controladores, destinados preferentemente a pilotos u otro personal del sector aeronáutico cuya preparación permita acortar el periodo de capacitación; certificación de nuevos proveedores de servicios mediante un procedimiento preferente y simplificado y la certificación como proveedores de formación de servicios AFIS a los que en la actualidad imparten la formación de control.
Los controladores alertan
Tras la promulgación del decreto-ley, la primera reacción de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha sido expresar su rechazo por la decisión impositiva que ha tomado el Gobierno y alertar acerca del grave precedente que una situación como ésta podría suponer para el marco jurídico laboral de los trabajadores del país, y por ello espera que los sindicatos mayoritarios muestren su total rechazo a este tipo de actuaciones impositivas. También anuncian acciones legales.
Destacan que la situación viene a confirmar la ausencia total de voluntad negociadora por parte de AENA y del Ministerio de Fomento en los últimos meses, en contra de lo que públicamente venían anunciando de forma reiterada. "El verdadero fin de AENA, como ahora se demuestra, era la imposición de un nuevo marco laboral a los controladores, despreciando así cualquier vía legal de negociación", puntualizan.
Por su parte, el Sindicato Independiente de Profesionales del Control Aéreo (SPICA) ha calificado de "grave atentado al Estado de Derecho" el Real Decreto aprobado por el Gobierno para liberalizar la gestión del control de la Navegación Aérea; según ha expresado el vicesecretario general del sindicato, Roberto Huerta. Además ha mostrado sus dudas de que el texto, que aún tiene que estudiar en profundidad, sea aprobado por el Parlamento.
La Federación internacional y los sindicatos nacionales
Mientras, la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo (IFATCA) ha hecho un llamamiento al Gobierno Español para que se asegure de que todas las medidas adoptadas en virtud del decreto-ley son de plena conformidad con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los requisitos exigidos por la Unión Europea.
El presidente de IFATCA, Marc Baumgartner, considera que las medidas propuestas deberían ser sometidas a exhaustivas evaluaciones de seguridad y no poner más presión en el ya de por sí sobrecargado sistema de control de tránsito aéreo. En aras de la seguridad de los pasajeros en España, IFATCA, como la voz global de los controladores de tránsito aéreo, invita al Gobierno Español a actuar con la debida moderación, prudencia y consideración antes de adoptar estas disposiciones extraordinarias. AENA debe volver a las negociaciones responsables y razonables con el colectivo de controladores para encontrar la vía que les lleve a superar la grave escasez de controladores, afirman desde la federación representante de más de 50.000 controladores aéreos de 137 países.
También UGT y CC OO expresan su preocupación porque el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministro pueda "sentar un precedente" y se extienda a otros colectivos.
Desde UGT calificaron el decreto de "completa vulneración" al convenio colectivo de los controladores y avanzó que el sindicato liderado por Cándido Méndez planea acciones legales para recurrir dicha medida. "A partir de ahora cualquier trabajador puede ver que su convenio con la Administración se rompe por decreto", señaló. Desde UGT lamentaron la "improvisación" del titular de Fomento, José Blanco, y del presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, a quienes acusaron de "pensar sólo en subrogar los contratos de los controladores. Si no les gusta lo que negociamos ¿volverán a recurrir a un decretazo?", se preguntaron manifestando desconfianza.
Diana Ramón Vilarasau (transportes@hosteltur.com)
Después de años de negociaciones y pactos temporales con los controladores esta semana Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se levantó de la mesa de negociaciones, dejó el cambio de las condiciones laborales del colectivo en manos de la Dirección General de Aviación Civil para que Fomento se hiciera cargo y, finalmente, el Consejo de Ministros lo ha hecho de un plumazo, aludiendo a la necesidad de garantizar la seguridad, eficacia, continuidad y sostenibilidad económica financiera de la prestación del servicio y previendo que la situación creada pueda provocar complicaciones en el tráfico aéreo a partir del 1 de abril, cuando coincidía la finalización del actual convenio colectivo con el inicio de la Semana Santa.
AENA, 'atada de manos'
El Gobierno justifica la decisión tomada, en primer término, por las obligaciones que la normativa europea impone a los proveedores de servicios de navegación aérea y porque, con el sistema actual, AENA no podía dar garantía de su cumplimiento, debido a que el Convenio Colectivo de 1999 vigente le otorga a los controladores las facultades de organizar el trabajo y de decidir asuntos vitales como la configuración operativa de los aeródromos, de sus instalaciones y servicios técnicos, la fijación del personal necesario y la organización de los turnos de trabajo, horarios y descansos.
Destacan que también afectan la actuación de AENA el "incremento desmedido" de las retribuciones de los controladores contempladas en ese convenio, elevando los costes de navegación aérea del país por encima de la media europea; así como la posibilidad de que los controladores puedan pasar a situación de inactividad al cumplir 52 años, de forma voluntaria y automática y conservando sus ingresos.
Finalmente, destaca el Gobierno que tomó cartas en el asunto porque la situación no sólo pone en riesgo la prestación del servicio de control aéreo sino a la totalidad de un sector vital para la economía española, pues de él depende en gran medida la principal industria nacional: el turismo, teniendo en cuenta que tres de cada cuatro turistas utilizan el transporte aéreo" para venir a España.
Liberalización del control aéreo
En concreto, a través el real decreto-ley, el Gobierno establece una nueva regulación de los servicios de control de navegación aérea en España que abre a nuevos proveedores certificados.
La normativa implica, entre otras medidas, la selección de nuevos proveedores de servicios de control en aquellos aeropuertos que se determine; la implantación inmediata, previos los correspondientes estudios de seguridad, de los servicios automatizados AFIS, que prescinden del servicio de controladores, en aquellos aeropuertos de menor volumen de tráfico, hasta el momento se ha mencionado El Hierro, La Gomera, Huesca, Logroño, Burgos y el privado Ciudad Real.
Al mismo tiempo que se decreta la modificación transitoria de las condiciones laborales de los controladores mientras se implementa la reforma en un período de tres años. Ello incluye la reducción inmediata de las horas de trabajo extra anuales que se mantenían en el convenio firmado en 1999, de 600 a 80 que repercutirá en una reducción de poco más de un 450% de los ingresos de los controladores, mientras la jornada de trabajo básica pasa de 1.200 a 1.750 horas anuales. Los descansos pasan del 33% al 25% en los turnos diurnos y del 50% al 33%, en los nocturnos. Se suspenden varios derechos como el de la jubilación a los 52 años. Igualmente, AENA podrá aplicar el despido disciplinario de carácter preventivo, en caso de incumplimientos muy graves.
Por otra parte, el decreto establece las obligaciones exigibles a todos los proveedores de servicios, incluyendo AENA, y les otorga las facultades necesarias para que asuman el control del servicio de forma que garanticen su prestación en las condiciones establecidas y las atribuciones de su organización, planificación, dirección, gestión y supervisión; además de establecer algunos requisitos en la relación laboral del personal dedicado al control aéreo con el objetivo de garantizar la seguridad.
Además de estas actuaciones, se disponen algunas medidas urgentes como la aprobación inmediata de planes de formación para habilitar nuevos controladores, destinados preferentemente a pilotos u otro personal del sector aeronáutico cuya preparación permita acortar el periodo de capacitación; certificación de nuevos proveedores de servicios mediante un procedimiento preferente y simplificado y la certificación como proveedores de formación de servicios AFIS a los que en la actualidad imparten la formación de control.
Los controladores alertan
Tras la promulgación del decreto-ley, la primera reacción de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha sido expresar su rechazo por la decisión impositiva que ha tomado el Gobierno y alertar acerca del grave precedente que una situación como ésta podría suponer para el marco jurídico laboral de los trabajadores del país, y por ello espera que los sindicatos mayoritarios muestren su total rechazo a este tipo de actuaciones impositivas. También anuncian acciones legales.
Destacan que la situación viene a confirmar la ausencia total de voluntad negociadora por parte de AENA y del Ministerio de Fomento en los últimos meses, en contra de lo que públicamente venían anunciando de forma reiterada. "El verdadero fin de AENA, como ahora se demuestra, era la imposición de un nuevo marco laboral a los controladores, despreciando así cualquier vía legal de negociación", puntualizan.
Por su parte, el Sindicato Independiente de Profesionales del Control Aéreo (SPICA) ha calificado de "grave atentado al Estado de Derecho" el Real Decreto aprobado por el Gobierno para liberalizar la gestión del control de la Navegación Aérea; según ha expresado el vicesecretario general del sindicato, Roberto Huerta. Además ha mostrado sus dudas de que el texto, que aún tiene que estudiar en profundidad, sea aprobado por el Parlamento.
La Federación internacional y los sindicatos nacionales
Mientras, la Federación Internacional de Asociaciones de Controladores de Tránsito Aéreo (IFATCA) ha hecho un llamamiento al Gobierno Español para que se asegure de que todas las medidas adoptadas en virtud del decreto-ley son de plena conformidad con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los requisitos exigidos por la Unión Europea.
El presidente de IFATCA, Marc Baumgartner, considera que las medidas propuestas deberían ser sometidas a exhaustivas evaluaciones de seguridad y no poner más presión en el ya de por sí sobrecargado sistema de control de tránsito aéreo. En aras de la seguridad de los pasajeros en España, IFATCA, como la voz global de los controladores de tránsito aéreo, invita al Gobierno Español a actuar con la debida moderación, prudencia y consideración antes de adoptar estas disposiciones extraordinarias. AENA debe volver a las negociaciones responsables y razonables con el colectivo de controladores para encontrar la vía que les lleve a superar la grave escasez de controladores, afirman desde la federación representante de más de 50.000 controladores aéreos de 137 países.
También UGT y CC OO expresan su preocupación porque el Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministro pueda "sentar un precedente" y se extienda a otros colectivos.
Desde UGT calificaron el decreto de "completa vulneración" al convenio colectivo de los controladores y avanzó que el sindicato liderado por Cándido Méndez planea acciones legales para recurrir dicha medida. "A partir de ahora cualquier trabajador puede ver que su convenio con la Administración se rompe por decreto", señaló. Desde UGT lamentaron la "improvisación" del titular de Fomento, José Blanco, y del presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, a quienes acusaron de "pensar sólo en subrogar los contratos de los controladores. Si no les gusta lo que negociamos ¿volverán a recurrir a un decretazo?", se preguntaron manifestando desconfianza.
Diana Ramón Vilarasau (transportes@hosteltur.com)
1 comentarios.
- 1Joaquin8/02/2010 9:02:00Entiendo que UGT y CCOO no se alarman por la vulneración de los derechos de los controladores, si no que parecen dispuestos a aceptarla mientras les garanticen que no les tocan lo suyo. Vivir para ver....
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