Una posible demanda por 181.860 millones de pesetas (1.093 millones de euros/1.000 millones de dólares) y el desprestigio de la que, hasta ahora, había sido considerada como una "magistral" operación contra el narcotráfico internacional, pesan hoy sobre el Gobierno chileno, después de que un magistrado ordenara la inmediata reapertura de la firma peruana Aero Continente, cuyas operaciones habían sido suspendidas bajo los cargos de asociación ilícita para el blanqueo de capitales. Los primeros indicios de que la llamada 'Operación Icaro' estaba diluyéndose, se dieron el viernes pasado, cuando el mismo juez del caso ordenó la liberación sin cargos de los cuatro ejecutivos, tres peruanos y un chileno, que permanecían detenidos y procesados por un supuesto delito de blanqueo de capitales. El juez consideró que no había indicios constitutivos de delito, por lo que puso en libertad a los ejecutivos por no existir pruebas. El magistrado Montiglio ha ordenado la reapertura de la línea en Chile, la devolución de los cinco aviones de la empresa que permanecían retenidos, la reapertura de las oficinas y la devolución de la documentación, además de levantar la prohibición que tenían los aviones de la compañía de dejar territorio chileno. Este es un duro golpe no sólo para la Justicia chilena, sino para el propio Estado, ya que el Consejo de Defensa, máximo organismo que defiende los intereses del país ante los tribunales, fue el que proporcionó las pruebas y los antecedentes que, en un primer momento, permitieron inculpar a la empresa de capitales peruanos y terminar con sus operaciones en Chile.