Julio Martínez y Roberto Roselli fueron arrestados el pasado jueves y liberados el sábado

Libertad con medidas cautelares para el dueño y el director ejecutivo de Plus Ultra

Prohibición de salida del país y comparecencias semanales tras una operación por presunto blanqueo

Libertad con medidas cautelares para el dueño y el director ejecutivo de Plus Ultra

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El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid ha decretado este sábado la puesta en libertad del propietario de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y de su director ejecutivo, Roberto Roselli, detenidos el jueves pasado en el marco de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales. La decisión incluye la imposición de medidas cautelares.

Ambos directivos han comparecido ante el juez de guardia junto a otros dos investigados arrestados en la misma operación. El magistrado ha acordado para todos ellos la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de acudir semanalmente al juzgado, según han señalado fuentes jurídicas a EFE.

La resolución atiende a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, después de que los investigados optaran por no declarar al encontrarse la causa bajo secreto de sumario.

Libertad con medidas cautelares para el dueño y el director ejecutivo de Plus Ultra
Un avión de Plus Ultra. Fuente: Plus Ultra Líneas Aéreas

Una vez adoptadas las medidas, el juez se ha inhibido a favor del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, encargado de la investigación principal. Este mismo órgano judicial ya analizó en el pasado el rescate de la aerolínea por importe de 53 millones de euros, procedimiento que fue finalmente archivado.

Las pesquisas se centraban en el real decreto aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Gobierno que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Las detenciones de Julio Martínez y Roberto Roselli se produjeron el jueves en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que también arrestó a otras dos personas, entre ellas un empresario identificado como Julio M. M.

Ese mismo día, agentes de la UDEF se desplazaron a la sede central de la aerolínea con el objetivo de recabar información de carácter fiscal. Desde la compañía indicaron entonces que estaban colaborando plenamente con las autoridades y facilitando la documentación requerida en el ámbito económico-financiero, precisando que no se estaba llevando a cabo un registro formal de las instalaciones.

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