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Ashotel rechaza la nueva tasa de Aena a guaguas en Canarias y alerta de sobrecostes de 6.000 €/mes
La patronal hotelera critica la medida por "arbitraria y discriminatoria", sin ofrecer servicios alternativos, y pide la suspensión inmediata para evitar un "grave perjuicio" a la competitividad turística
Publicada 16/12/25
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La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha rechazado la nueva tasa a las guaguas de transporte discrecional de viajeros anunciada por AENA, calificándola de medida de carácter exclusivamente recaudatorio. El nuevo gravamen se aplicará por el estacionamiento en los espacios que estos vehículos han utilizado tradicionalmente para las operaciones de carga y descarga en los aeropuertos canarios.
La patronal alerta de que esta iniciativa, que el ente público justifica en una mayor seguridad de las infraestructuras aeroportuarias, está prevista para entrar en vigor el 15 de enero de 2026 y supondrá un incremento directo en los costes operativos de las empresas. Según cálculos de la Federación de Empresarios de Transportes (FET), este sobrecoste podría ascender a una media de 6.000 euros mensuales por transportista.
Ashotel subraya que el impacto es crítico, ya que los contratos para la temporada turística de invierno 2025-2026 ya están cerrados, lo que impide repercutir el coste de forma inmediata. A largo plazo, sin embargo, el incremento acabará siendo trasladado al usuario turístico, advierte la entidad.
Críticas a la falta de alternativas y de diálogo
La iniciativa se aplicará inicialmente en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote, y posteriormente se extenderá a Gran Canaria y Fuerteventura. Ashotel considera que supone un grave perjuicio para la competitividad turística del Archipiélago, al encarecer un servicio esencial para la conectividad entre los aeropuertos y los establecimientos.
La patronal hotelera critica duramente que AENA no ofrezca servicios alternativos, como zonas de aparcamiento o "bolsas de espera" fuera del recinto aeroportuario, una solución que sí se aplica en otros aeropuertos con gran tráfico turístico como el de Palma de Mallorca.
“Se trata de una medida desigual, arbitraria y discriminatoria, porque penaliza a determinados destinos turísticos frente a otros, sin una base objetiva ni criterios homogéneos”, apunta Ashotel, que insiste en que la tasa no está ligada a ningún nuevo servicio, mejora operativa ni inversión adicional.
La asociación advierte de que la entrada en vigor de la tasa podría generar más caos y una peor experiencia para el cliente. Prevé una mayor saturación de la ya colapsada terminal de llegadas y una reducción deliberada de los tiempos de espera por parte de las guaguas para minimizar el pago del canon. Esto podría llevar a que muchos pasajeros no encuentren su transporte a tiempo, generando mayor estrés, apunta la entidad.
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, lamentó que la medida "parece que estamos haciendo todo lo posible por disparar a la línea de flotación del sector que tira de la economía en Canarias”. Marichal también ironizó sobre la imagen proyectada al turista: “La experiencia real del turista es que pueden pasar dos horas desde que llega su avión hasta que está de camino a su establecimiento, si a eso le sumas las colas, y que a su regreso debe salir del hotel con 4 horas de antelación a su vuelo. ¿Es eso experiencia de destino?”.
Ashotel critica que esta decisión se haya adoptado “sin diálogo previo con los agentes turísticos”, generando incertidumbre y malestar, además de haberse anunciado apenas unas semanas antes de su implementación.
Aunque AENA ha manifestado que ofrecerá el uso de un aparcamiento gratuito durante hora y media hasta el 15 de abril, y una hora a partir de esa fecha, la patronal insiste en que la tasa podría agravar el colapso, especialmente en la TF-1 en Tenerife, debido a la ubicación de las guaguas en rotondas y zonas colindantes al aeropuerto Tenerife Sur, accediendo solo para cargar.
Por todo ello, Ashotel solicita la suspensión inmediata de la iniciativa y la apertura de una mesa de trabajo que permita evaluar su impacto real y buscar soluciones consensuadas. En caso de mantenerse la decisión, la patronal asegura que emprenderá acciones de oposición en defensa de los intereses del sector turístico y de la economía canaria.
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