Renfe estima una subida del 10% en sus tarifas por las nuevas indemnizaciones

El presidente de la compañía vincula el encarecimiento de los billetes al impacto de 125 millones de euros que supondrá el endurecimiento de los pagos por retrasos

Renfe estima una subida del 10% en sus tarifas por las nuevas indemnizaciones

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La aplicación de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que endurece las compensaciones por retrasos en la alta velocidad, amenaza con romper la estrategia comercial de Renfe. El presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmado que la obligación de indemnizar con el 50% del importe por retrasos de 15 minutos y con el 100% por 30 minutos obligará a una revisión al alza de los precios para compensar un impacto económico calculado en 125 millones de euros anuales.

El escenario de rentabilidad que Renfe ha logrado recuperar tras la pandemia podría verse truncado de forma inmediata. La dirección de la operadora pública sostiene que el sistema de compensaciones impuesto por el Congreso de los Diputados no es sostenible bajo los actuales márgenes de beneficio. En un mercado liberalizado y de alta competencia, el incremento de los costes operativos derivado de estas indemnizaciones "extraordinarias" supondrá, de facto, un encarecimiento de los billetes que pagará el usuario final, alterando la política de tarifas que la empresa ha mantenido para frenar el avance de la competencia.

¿Cuánto costará la puntualidad? Renfe estima una subida de tarifas del 10%

En una entrevista en El País, Fernández Heredia ha sido tajante al señalar que la medida conlleva un riesgo de discriminación respecto a los otros operadores, Iryo y Ouigo. Mientras que la competencia se rige por los estándares mínimos europeos —que solo obligan a devolver el 25% tras una hora de retraso—, Renfe se enfrenta a una normativa nacional mucho más severa. Esta asimetría regulatoria forzaría a la compañía española a elevar sus precios un 10% para cubrir el riesgo financiero, lo que podría provocar un trasvase de hasta el 5% de su cuota de mercado hacia sus rivales directos.

Más allá del impacto en el bolsillo del viajero, la cúpula de Renfe cuestiona la validez jurídica de la norma. El presidente tacha de "inconstitucional" que se legisle de forma específica contra una sola empresa, rompiendo el principio de igualdad de condiciones en un sector abierto a la competencia. Además, recalca que el endurecimiento de los pagos por impuntualidad llega en un momento en que la operativa ferroviaria ha mejorado sustancialmente, con un incremento de la puntualidad del 40% respecto al pasado verano.

A pesar de la presión legislativa, la intención de la operadora es mantener el pulso jurídico para evitar que el 1 de enero entre en vigor una medida que, a juicio de Heredia, castiga el saneamiento financiero de la empresa pública en beneficio de los operadores privados.

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