Conflicto judicial por una reclasificación urbanística
Benidorm: 350 M€ de indemnización por anular edificabilidad en suelos de Serra Gelada
El Tribunal Constitucional ratifica la condena al consistorio, que deberá compensar a los propietarios del sector APR-7 tras quedar bloqueados sus derechos de construcción
Publicada 14/01/26 14:23h
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El Ayuntamiento de Benidorm se enfrenta a una posible indemnización de 350 millones de euros tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de desestimar el recurso de amparo con el que el consistorio buscaba evitar dicho pago. El alcalde de la localidad, Toni Pérez, ha confirmado que la administración local acatará la decisión de la Justicia en última instancia, aunque ha querido matizar que esta cuantía no supondrá la "ruina" del municipio ni la intervención de la corporación por parte del Estado.
La resolución judicial sitúa al ayuntamiento ante una indemnización firme a favor de las mercantiles Murcia Puchades Expansión, SL y Urbana Villajoyosa 2000, SL. El conflicto deriva de la anulación de la edificabilidad en el sector APR-7, tras ser integrados estos terrenos en el Parque Natural de Serra Gelada bajo medidas de protección ambiental. Los 350 millones de euros reclamados representan más del doble del presupuesto anual de Benidorm, lo que supone un impacto crítico para las arcas municipales.
Según ha explicado Pérez durante la presentación de la estrategia del Patronato Costa Blanca para la feria Fitur, los servicios jurídicos y económicos municipales se encuentran estudiando el escenario actual para determinar el camino a seguir. El alcalde ha calificado la situación como un "revés brutal que habrá que gestionar", pero ha insistido en que el objetivo es resolver el compromiso "de la mejor manera para las partes".
En cuanto al impacto sobre la ciudadanía y el sector, el primer edil ha hecho hincapié en que se intentará hacer frente a esta obligación "en la medida de lo posible, sin tocar los tipos impositivos". El equipo de gobierno defiende que la prioridad será mantener el crecimiento de los servicios municipales para garantizar la atención a residentes y visitantes, a pesar de la magnitud de la cifra exigida por los propietarios del suelo.
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