Kike Sarasola tilda de "hipócrita" el silencio de los hoteleros ante la eliminación de las VUT en Barcelona

Kike Sarasola, segundo por la izquierda, participó ayer en el debate organizado por el Círculo Ecuestre de Barcelona. Fuente: Enric Borràs.

Para eliminar las 10.000 VUT de Barcelona, el consistorio se apoyará en un decreto de la Generalitat de Catalunya, validado en diciembre de 2023 por el Parlament, que restringe esta oferta de alojamiento sin llegar a prohibirla. Dicho decreto ha sido, además, respaldado por el Tribunal Constitucional.

Lo que hará el gobierno municipal de Barcelona es aprovechar el nuevo marco legal de la Generalitat para no renovar las licencias de los pisos turísticos en noviembre de 2028, lo que en la práctica supondrá la erradicación total de esta modalidad de alojamiento reglada.

Con el fin de debatir sobre esta polémica decisión, el Círculo Ecuestre de Barcelona organizó ayer el coloquio: “La Barcelona del futuro: El impacto real de eliminar los pisos turísticos”. Sin embargo, en la mesa no intervino ningún representante del Ayuntamiento, a pesar de que el consistorio había sido invitado formalmente a participar.

Uno de los protagonistas del debate fue Kike Sarasola, fundador de la cadena Room Mate, quien no tuvo reparos en denunciar lo que considera una actitud “hipócrita” por parte de muchos propietarios de hoteles de la capital catalana.

“Hace diez años fui el primer hotelero que decidió crear apartamentos turísticos y ya entonces me demonizaron por ello”, recordó Sarasola. Y ello a pesar de que varios hoteleros le han reconocido en privado que ellos también operan este tipo de activos. “¿Por qué los hice yo? Porque el cliente me lo pedía. Los hoteleros no podemos engañarnos: el cliente que hoy viene solo por trabajo a un hotel, puede querer regresar mañana con su familia y preferirá un apartamento. Hay que ofrecer diversidad”, explicó.

Sarasola lamentó que Barcelona, a la que considera “un ejemplo de cosas bien hechas regulando el sector", se meta ahora “en este fregado”. Según el empresario, “la ciudad va a perder; el turismo familiar y otros segmentos se irán a otros lugares”.

El fundador de Room Mate aportó un ejemplo comparativo: “Los hoteles de nuestra cadena en Barcelona tienen una estancia media de 2,4 días, mientras que en los apartamentos es de 4 noches. Eso es más dinero que la ciudad va a perder. Seremos el hazmerreír de otras capitales europeas. La eliminación de todas las VUT perjudicará al conjunto del destino”.

En opinión del directivo, los apartamentos turísticos se están utilizando como el chivo expiatorio de los problemas de masificación y turismofobia en Barcelona. “Nadie tiene la varita mágica, pero está claro que están desviando el problema hacia las viviendas turísticas. Entiendo al vecino de la parte histórica que se queja cuando llegan tres grandes cruceros y su calle se colapsa. Para eso hay que buscar soluciones de flujos y cupos, pero no echar la culpa de la masificación a las VUT”, indicó.

Sarasola concluyó con una advertencia sobre la reputación del destino: “¿Quién va a venir a invertir a Barcelona si hay esta inseguridad jurídica?”

En el coloquio también participó Enrique Alcántara, presidente de Apartur, entidad que ya ha activado diversas iniciativas legales ante la ofensiva municipal. Según un informe de PwC encargado por la asociación, las 10.000 VUT de Barcelona (56.000 plazas) representan apenas el 1,2% del total de viviendas en la capital (816.000) y generan un gasto turístico de 2.000 millones de euros: 990 millones en alojamiento y 1.073 millones en gasto adicional durante la estancia.

Frente al argumento municipal sobre el precio del alquiler, Alcántara recordó que el número de VUT se ha mantenido estable desde 2014 debido al PEUAT, mientras que el precio de la vivienda ha seguido una clara tendencia alcista.

Para el presidente de Apartur, la eliminación de las licencias tendrá tres consecuencias directas: la ciudad será menos accesible para el turismo familiar (ante el previsible aumento de precios hoteleros), menos competitiva al renunciar al 40% de su capacidad alojativa -afectando a ferias como el MWC o el ISE- y, finalmente, “más pobre”, al detraer 2.000 millones de euros del PIB local y poner en riesgo 40.000 puestos de trabajo. Todo ello, advirtió, sin resolver el problema habitacional: “El Ayuntamiento cree que esas viviendas volverán al alquiler residencial, pero ningún propietario lo hará mientras duren los procesos judiciales, que serán al menos cinco años”.