Hacienda suspende cautelarmente la licitación de Renfe para crear su empresa de autobuses

El tribunal justifica la medida en la necesidad de evitar posibles “perjuicios de difícil o imposible reparación”, según publica El País sobre la sentencia, tras admitir a trámite los recursos interpuestos por pequeñas y medianas compañías como Direbús, Anetra y Fenadismer, que denuncian que el proceso vulnera la libre competencia.

La decisión frena temporalmente un proyecto con el que Renfe pretendía garantizarse capacidad propia para atender los planes alternativos de transporte (PAT), especialmente ante las obras previstas en la red ferroviaria por Adif. La operadora estima que necesitará entre 200 y 300 autobuses diarios en los próximos años, con picos que pueden alcanzar las 400 unidades.

Las asociaciones recurrentes sostienen que los requisitos fijados en la licitación excluyen a la mayoría del sector. En concreto, critican la exigencia de una facturación mínima de 75 millones de euros y una flota de al menos 500 autobuses en propiedad, o 300 en caso de concurrir en unión temporal de empresas. Según sus cálculos, solo entre 10 y 11 compañías de más de 2.000 cumplirían estas condiciones.

Los recurrentes agrupan a pequeñas y medianas empresas del transporte de viajeros por carretera. Fuente: Adobe Stock.

Direbús ha valorado positivamente la decisión del tribunal, al considerarla “un paso clave para evitar un perjuicio grave al conjunto del sector”, publica 20minutos y ha instado a Renfe a replantear el proceso. La asociación propone una nueva licitación por lotes, “como se realiza en otros organismos de la Administración central”.

Su presidente, Alfonso Taborda, ha sido especialmente crítico con los criterios establecidos: “La mayoría de empresas asociadas con nosotros operan con entre 20 y 60 vehículos, y muy pocas superan los 80 en una misma sociedad. Por tanto, una licitación que exige 300 vehículos mínimo favorece a un grupo muy reducido de grandes empresas”

El diseño planteado por Renfe contemplaba la creación de una sociedad participada en un 49% por la operadora pública y en un 51% por el socio privado, cuya actividad se limitaría a cubrir necesidades propias mediante una combinación de flota nueva, vehículos del socio y, en menor medida, servicios subcontratados a terceros.

La iniciativa había generado un fuerte rechazo entre las pymes del transporte por carretera, aunque también despertó el interés de grandes operadores como Alsa, Avanza y Monbus, mejor posicionados para cumplir los requisitos exigidos.

Desde Renfe, se ha defendido el proyecto como una respuesta a las dificultades crecientes para contratar estos servicios en el mercado. La compañía argumenta que muchos concursos quedan desiertos o se adjudican a precios elevados, en un contexto en el que el coste del transporte alternativo por carretera se ha disparado en los últimos años.

El proceso ha quedado en suspenso apenas un día después de cerrarse el plazo de presentación de ofertas. Ahora, el TACRC deberá pronunciarse sobre el fondo del recurso y determinar si la licitación puede continuar en sus actuales condiciones o debe ser modificada.