Tras la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Los aspirantes al contrato de transporte alternativo terrestre de Renfe respaldan el proceso de licitación
Un total de nueve aspirantes concurren a la primera fase, sumando más del 75% de las flotas privadas
Publicada 10/04/26 14:11h
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Renfe ha encontrado un respaldo amplio del mercado en la primera fase de la licitación para su nueva sociedad de autocares, diseñada para reforzar los Planes Alternativos de Transporte (PAT), al menos entre los principales operadores. Nueve empresas han presentado candidatura al acuerdo marco, un dato relevante porque, según la compañía, representan más del 75% de la demanda operada con medios privados en España, tanto en transporte regular como discrecional.
La operadora defiende que este movimiento busca reforzar su capacidad de respuesta ante incidencias, obras y situaciones imprevistas que obligan a activar transporte por carretera con autocares o autobuses. En ese contexto, la futura sociedad persigue asegurar una flota estable, contar con personal de conducción suficiente, profesionalizar la gestión y mejorar la disponibilidad en momentos de alta demanda, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de terceros para mantener la continuidad del servicio al viajero.
La suspensión cautelar del TACRC
El proceso, sin embargo, se encuentra temporalmente afectado por la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que debe estudiar las impugnaciones planteadas por las patronales ANETRA, FENADISMER y DIREBUS. Pese a ello, Renfe sostiene que se trata de una medida estrictamente cautelar y remarca su confianza en la solidez jurídica de la licitación, al considerar que ha sido diseñada conforme a la normativa vigente y a criterios de transparencia, concurrencia e igualdad.
Uno de los argumentos centrales de la compañía es que el impacto de esta licitación sobre el conjunto del sector del transporte por carretera será reducido. El futuro contrato prevé un gasto máximo de alrededor de 60 millones de euros anuales, frente a un mercado nacional del transporte de viajeros por carretera estimado en 4.000 millones de euros en 2024. En términos internos, Renfe calcula que sus PAT apenas representarían un 1,22% del mercado total.
Ese porcentaje se divide, según el análisis de la empresa, entre un 0,18% vinculado a servicios urgentes y un 1,04% correspondiente a servicios planificados. Con estas cifras, Renfe rechaza que el volumen licitado pueda desplazar a operadores del mercado. De hecho, subraya que el diseño del modelo mantiene espacio para compañías locales y de menor tamaño, que seguirán siendo necesarias en actuaciones urgentes e imprevisibles mediante fórmulas de subcontratación, tal como ya sucede en la actualidad.
Prevenir precios abusivos por el servicio
La dimensión económica del proyecto también explica la iniciativa. Renfe sostiene que el incremento previsto de los PAT obliga a buscar una estructura más eficiente y menos expuesta a tensiones de precios. La empresa asegura que en determinados casos ha afrontado precios abusivos que han puesto en riesgo la viabilidad del servicio.
Con la nueva licitación, Renfe estima ahorros anuales de entre el 10% y el 15%, equivalentes a entre 9 y 13 millones de euros al año
En un horizonte de diez años, esa reducción de costes podría situarse entre 90 y 130 millones de euros. Más allá del ahorro, la operadora vincula la nueva sociedad a una mejora en la atención personalizada y a una integración más eficaz del servicio alternativo. Renfe recuerda además que es el único operador que ofrece este tipo de transporte sustitutivo, como ocurre actualmente en Málaga, y enmarca esta estrategia en su vocación de servicio público.
Cabe recordar que el proceso arrancó el 3 de marzo, cuando Renfe anunció la licitación pública de una sociedad participada para ejecutar los Planes Alternativos de Transporte por carretera. La operadora planteó un contrato marco de diez años, prorrogable cinco más, con una estructura accionarial del 49% para Renfe y del 51% para el adjudicatario privado.
Renfe busca disponer de una flota estable, mejorar la respuesta ante incidencias y reducir la dependencia de operadores externos
Pocos días después afloró la contestación del sector minorista. El 12 de marzo, ANETRA, publicó un comunicado en el que sostiene que los requisitos de acceso dejan fuera al 99% de las empresas, al exigir 500 vehículos en propiedad -o 300 en UTE-, una facturación mínima anual de 75 millones de euros o contratos similares por al menos 35 M €. La patronal interpretó esas condiciones como una barrera a la libre concurrencia y reclamó una revisión del diseño.
El interés de los candidatos a la licitación se mantiene
Sin embargo, la siguiente fase confirmó el interés de los grandes operadores mejor posicionados para cumplir esos umbrales: Alsa, Avanza y Monbus presentaron sus candidaturas, entre otras compañías. Pero el recorrido administrativo se ha visto frenado este viernes, apenas un día después del cierre del plazo de ofertas, cuando el TACRC acordó la suspensión cautelar del concurso tras admitir los recursos de las patronales de los minoristas.
Cronología de la licitación de la nueva sociedad participada de Renfe
- 3 de marzo de 2026: Renfe anuncia la licitación para crear una nueva sociedad de autobuses destinada a gestionar los Planes Alternativos de Transporte (PAT), con participación público-privada y un contrato de largo plazo.
- Primeros días de marzo: Se dan a conocer las condiciones del pliego, que incluyen elevados requisitos técnicos y financieros, como una flota mínima y altos volúmenes de facturación.
- 12 de marzo: La patronal ANETRA denuncia públicamente que el diseño de la licitación excluye a la mayoría de pymes del transporte por carretera, al considerar que los criterios limitan la competencia.
- Segunda quincena de marzo: Otras organizaciones del sector, como Fenadismer y Direbús, se suman a las críticas y preparan recursos contra el proceso.
- Finales de marzo – principios de abril: Se confirma el interés de grandes operadores del transporte por carretera, que analizan o formalizan su participación en el concurso.
- 9 de abril: Finaliza el plazo de presentación de ofertas a la primera fase del acuerdo marco, con la concurrencia de nueve aspirantes que representan una parte mayoritaria del mercado.
- 10 de abril: El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) acuerda la suspensión cautelar de la licitación tras admitir los recursos presentados por varias patronales.
- 10 de abril: Renfe reafirma la solidez del proceso, subraya el respaldo mayoritario de los operadores y mantiene su confianza en que la licitación seguirá adelante tras la resolución de las impugnaciones.
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