Pulso por el control aeroportuario: las autonomías exigen cogestión frente al "no" rotundo de Aena
Canarias insiste en paticipar en la gestión de los aeropuertos porque así lo contempla su estatuto de autonomía y Cataluña pide avanzar en la creación de la Autoridad Aeroportuaria
Publicada 23/04/26
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Aunque Aena ha rechazado las demandas de diferentes comunidades autónomas para participar en la gestión de los aeropuertos, varios gobiernos autonómicos siguen alzando su voz en defensa de un sistema de cogestión.
En la Junta General de Accionistas de Aena, celebrada la semana pasada, su presidente y CEO, Maurici Lucena, defendió un modelo de gestión centralizado y cerró la puerta a cualquier tipo de cesión, transferencia o cogestión.
La Constitución consagra “la competencia exclusiva del Estado en materia aeroportuaria”, aseveró. Por tanto, no es posible un traspaso o cesión de activos de Aena fuera del marco legal y constitucional o una participación en la gestión de los aeropuertos.
"A las tradicionales demandas de cogobernanza y transferencia de aeropuertos de catalanes, vascos y canarios, en el último año se han sumado nuevas peticiones, con distintos matices, provenientes de Baleares, Andalucía, Galicia y Navarra”, expuso Lucena.
Sin embargo, un posible modelo de cogestión -junto con la rebaja de tarifas que piden las aerolíneas- genera "inquietud a los accionistas de Aena que tienen su dinero invertido en la compañía”.
A pesar de la negativa de Aena, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, insiste en que la cogestión de los aeropuertos del archipiélago está en el estatuto de autonomía de las islas y va a exigir que se cumpla.
“Hay un estatuto de autonomía que es muy claro, y que forma parte del bloque constitucional, y vamos a exigir que se cumpla nuestro estatuto", agrega
“Vamos a seguir insistiendo porque no somos ni más ni menos que catalanes y vascos. Vamos a seguir insistiendo en poder formar parte de esa toma de decisiones”, declaró en Onda Cero.
Incluso la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) ha tilado de "obstruccionista" la postura de Aena. En opinión de su presidente, José María Mañaricua, esimprescindible “avanzar hacia un modelo en el que las administraciones de Canarias, tanto el Gobierno autonómico como incluso los cabildos insulares, tengan capacidad real de intervención en la toma de decisiones estratégicas, en línea con lo previsto en el artículo 161 del Estatuto”.
También se han pronunciado desde el Ejecutivo catalán: "No defendemos un órgano consultivo, ya tenemos ahora órganos que regulan e interlocutan respecto a las rutas de El Prat. Lo que recoge el acuerdo es una Autoridad Aeroportuaria que pueda incidir en la gestión de El Prat y de los aeropuertos catalanes que son titularidad de Aena", ha dicho la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.
El acuerdo de investidura entre ERC y PSC, que hizo presidente a Salvador Illa, prevé la creación de un Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña, que facilitaría a la Generalitat un papel en la gestión aeroportuaria, y la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, que le dará más competencias en este ámbito.
El interlocutor no es Aena
No obstante, desde ambas autonomías señalan que su interlocutor no es Aena, que es solo el gestor aeroportuario, sino el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
"La relación y la interlocución es entre gobiernos y es desde esta relación que el Govern quiere avanzar en el modelo de cogestión y en el cumplimiento de los acuerdos de investidura", comentó Sílvia Paneque.
También Fernando Clavijo asegura estar más preocupado por lo que diga el presidente del Gobierno o el ministro de Transportes, ya que Maurici Lucena solo "da su opinión".
En este sentido, el presidente del gestor aeroportuario sostiene que existe “una equivocación conceptual y legal grave”, si se piiensa que el Gobierno puede hacer lo que quiera valiéndose del 51% de Aena en manos del Estado.
La Ley de Sociedades de Capital protege los intereses de los accionistas minoritarios -ha detallado-, y por tanto, “el Estado no podría imponer nunca el rodillo de su 51% al 49% de accionistas privados de Aena para aprobar decisiones que perjudiquen el interés societario de la compañía y dañen a sus accionistas, como la transferencia de aeropuertos a terceros o la cesión de parcelas de gestión de los aeropuertos de Aena como resultado de acuerdos políticos”.
Los inversores “harían valer sus derechos legales, así nos lo han hecho saber pública y privadamente con todos los medios jurídicos a su alcance, si hubiera cualquier duda sobre los riesgos a los que me he referido”, incidió Lucena.
Las comunidades autónomas defienden que, con su participación en la gestión de los aeródromos, habría una mejora de la gestión de los mismos para ampliar la conectividad e impulsar el desarrollo económico y social de sus territorios.
Sin embargo, el primer ejecutivo de Aena cree que se olvidan de que el 49% de los aeropuertos pertenece a accionistas privados, “que pagaron en su momento una contraprestación significativa por esta propiedad y cuyo valor económico global asciende hoy aproximadamente 20.000 millones de euros”.
¿Cómo se justifica el acuerdo con el País Vasco?
Pese a la negativa a la cogestión, el 27 de marzo, los gobiernos central y vasco alcanzaron un acuerdo para ceder al País Vasco siete nuevas transferencias, entre ellas la que permitiría al Ejecutivo autonómico participar en la gestión de los tres aeropuertos de este territorio.
Ante los accionistas, Lucena explicó que este acuerdo supone la creación de un órgano paritario bilateral para reforzar la colaboración e interlocución entre ambos gobiernos con el objetivo de la mejora de la gestión de los aeropuertos de interés general de esta comunidad autónoma.
Detalló que es un instrumento de cooperación reforzada, "de naturaleza estrictamente consultiva y no decisoria" y, por tanto, "no altera el régimen legal de funcionamiento, la estructura de red de los aeropuertos ni la autonomía de gestión de Aena".
“El acuerdo no pone en duda que la gestión de sus aeropuertos corresponde únicamente a Aena, como propietaria y operadora de las infraestructuras”, aseveró
Abierto a la colaboración
A pesar de esta mayor presión por parte de las adminitraciones autonómicas, Aena rechaza de manera tajante el desarrollo de un sistema de cogestión, pero sí está dispuesta a colaborar con ellas. La cooperación “será bienvenida si contribuye a la actividad de Aena”, comentó Maurici Lucena, siempre dentro de los límites legales y constitucionales.
"Existen vías legalmente previstas para favorecer esta participación y, por tanto, para producir una cooperación reforzada de Aena con las comunidades autónomas”, aclaró
“En el marco constitucional y legal actual puede haber espacio para profundizar en la coordinación, la participación y el diálogo institucional con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero no es jurídicamente factible cambiar la esencia del modelo de propiedad y gestión de los aeropuertos de Aena, transfiriendo competencias como la regulación, la ordenación o la supervisión que son exclusivas del Estado o interfiriendo en la gestión de Aena”, añadió.
Las ventajas de un modelo en red
El ejecutivo puso en valor el actual sistema de gestión, "admirado en todo el mundo", indicó, porque “los aeropuertos de Aena funcionan muy bien” y defendió “la fortaleza y las ventajas del sistema aeroportuario español actual”.
"La gestión integrada de la red española de aeropuertos de Aena es fundamental para el buen funcionamiento, del turismo y de la economía española”, afirmó Maurici Lucena
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