Según los datos de la encuesta Frontur, el número de turistas extranjeros que eligió viviendas de alquiler para alojarse en España durante el pasado marzo descendió un 1,6% respecto al mismo mes del año anterior. También disminuyó un 10,2% el número de viajeros que pernoctó en “vivienda de familiares y amigos”. Bajo esta última denominación se sospecha que existe un gran volumen de oferta ilegal de alojamiento.
En cambio, las llegadas de turistas extranjeros que se alojaron en hoteles aumentaron un 9%.
Cae un 12,4% la oferta de viviendas comercializada en plataformas online
El descenso en el número de viajeros extranjeros que se alojan en viviendas turísticas de alquiler o bien en casas de familiares y amigos puede estar relacionado con las medidas desplegadas por el Gobierno español para controlar el alquiler turístico.
Desde la implantación del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital (RD 1312/2024), que entró en vigor en enero de 2025 y cuya obligatoriedad se hizo efectiva el 1 de julio de 2025, las cifras de licencias revocadas o denegadas han escalado rápidamente debido al endurecimiento de los controles y al cruce de datos entre el Colegio de Registradores, el Ministerio de Vivienda y las plataformas digitales.
Según la estadística experimental sobre viviendas turísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viviendas turísticas comercializadas en plataformas se situó en noviembre de 2025 en 329.764, un 12,4% menos con respecto a los datos publicados en noviembre de 2024.
Cabe recordar que España ha sido el primer país de la Unión Europea en trasponer la normativa europea relativa al registro único de alquileres de corta duración, a través de la Ventanilla Única Digital, según remarca el Gobierno. “El objetivo es acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada que colisiona con el derecho a una vivienda digna de parte de la ciudadanía”, explican fuentes del Ministerio de Vivienda.
No obstante, las relaciones entre el Ministerio de Vivienda y las plataformas digitales están sometidas a una gran tensión.
En julio de 2025, el Ministerio de Vivienda anunció que había acordado con Airbnb la retirada de anuncios de pisos turísticos sin código de registro. La compañía estadounidense también explicó entonces que “el nuevo sistema se aplicará en todo el territorio nacional y Airbnb colaborará estrechamente con el Ministerio para identificar y retirar aquellos anuncios que de acuerdo con el Ministerio presenten irregularidades en el registro nacional”. La empresa añadió que “este acuerdo refuerza el compromiso de Airbnb con la transparencia y la buena colaboración con las autoridades públicas. La compañía seguirá trabajando para contribuir a un turismo más responsable y sostenible en toda España, apoyando a miles de familias que comparten su vivienda y generan ingresos complementarios de forma segura”.
Sin embargo, en diciembre del año pasado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó con 64 millones de euros a Airbnb por, entre otros motivos, “publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia”. Según fuentes de dicho ministerio, las infracciones de la normativa de consumo se habían identificado “en un total de 65.122 anuncios en Airbnb”.
Posteriormente, en febrero de 2026, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó a las plataformas online la existencia de "86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales" para que retiren sus anuncios. “Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos”, apuntaron fuentes de este departamento.
Madrid es el municipio de España con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344. Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), Valencia (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). “Es especialmente llamativo el caso de la provincia de Málaga, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas”, indicó el Ministerio de la Vivienda.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872). A continuación, Comunidad Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números de registros denegados.
Llegada de turistas extranjeros en marzo de 2026. Fuente: Adobe Stock
Las asociaciones del sector denuncian persecución de las viviendas turísticas
Mientras el Gobierno español despliega estas medidas, las asociaciones de propietarios y gestores de viviendas turísticas han advertido que están pagando justos por pecadores.
El pasado mes de febrero, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) informó que, de acuerdo con una encuesta realizada por esta entidad, el 38% (cerca de 64.000 unidades) de las viviendas de uso turístico inscritas legalmente en los registros de turismo de las comunidades autónomas no había podido obtener el número de registro estatal.
La presidenta de Fevitur y de la Asociación de Viviendas Turísticas de la Comunidad Valenciana (APTUR CV), Silvia Blasco, denunció que la causa de esta denegación “no es el incumplimiento de los requisitos legales autonómicos, únicos competentes en materia de turismo, sino el no cumplimiento de requisitos registrales impuestos por los Registradores de España, requisitos ajenos a la normativa turística y no exigidos por ninguna ley sectorial”.
Blasco afirma que “estas viviendas de uso turístico (VUT) siguen siendo plenamente legales conforme a la normativa autonómica y, pese a ello, han desaparecido de las plataformas digitales por efecto directo del Real Decreto 1312/2024. Se trata, por tanto, de una restricción artificial del acceso al mercado, que no combate la ilegalidad, sino que penaliza al operador legal, reduce la oferta disponible y genera inseguridad jurídica”. La presidenta de Fevitur añade que “la caída de la oferta turística celebrada públicamente desde diversos ámbitos no se explica por el cierre de viviendas ilegales, sino por una salida administrativa de vivienda plenamente legal”.
Por su parte, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) señala que “la Comisión Europea ha reiterado su preocupación por el modelo de registro de alquileres turísticos en España, al advertir de un posible conflicto entre el Registro Único impulsado por el Gobierno y los sistemas ya existentes a nivel autonómico y local”.
Según remarca Apartur, “el Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración establece de forma expresa que cada alojamiento no puede estar sujeto a más de un procedimiento de registro, con el objetivo de garantizar la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y la coherencia normativa en el conjunto de la Unión Europea”.
Marian Muro, directora general de Apartur, afirma que “la regulación de los alquileres de corta duración debe avanzar hacia un modelo claro, coherente y alineado con Europa. El objetivo de un registro único es simplificar y ordenar, no añadir nuevas capas administrativas sobre las ya existentes. Introducir duplicidades no mejora el control, sino que genera incertidumbre y penaliza a quienes operan dentro de la legalidad”.
Según advierte Apartur, el Reglamento europeo entrará en vigor el próximo 20 de mayo de 2026, “momento a partir del cual será plenamente exigible el cumplimiento de sus disposiciones y podrá determinarse la infracción del Reglamento por la coexistencia de varios procedimientos de registro para un mismo alojamiento”.
Aumentan las restricciones autonómicas y municipales a las viviendas turísticas
Dejando aparte el Registro Único impulsado por el Ministerio de Vivienda y las sanciones del Ministerio de Consumo contra Airbnb, el sector de las viviendas turísticas se enfrenta también a una cascada de nuevas reglamentaciones autonómicas y municipales dirigidas a restringir su actividad.
En Barcelona, por ejemplo, el alcalde, Jaume Collboni, anunció en 2024 que el Ayuntamiento no renovará las licencias de las 10.000 viviendas de uso turístico (VUT). Para ello, el consistorio se apoyará en un decreto de la Generalitat de Catalunya, validado en diciembre de 2023 por el Parlament, que restringe esta oferta de alojamiento sin llegar a prohibirla. Dicho decreto ha sido, además, respaldado por el Tribunal Constitucional. Lo que hará el gobierno municipal de Barcelona es aprovechar el nuevo marco legal de la Generalitat para no renovar las licencias de los pisos turísticos en noviembre de 2028, lo que en la práctica supondrá la erradicación total de esta modalidad de alojamiento reglada.
Para comentar, así como para ver ciertos contenidos de Hosteltur, inicia sesión o crea tu cuenta
Inicia sesiónEsta noticia no tiene comentarios.