APRA ve un retroceso encubierto de protección a los viajeros en la propuesta de Chipre
La 12 mermas de derechos de los pasajeros aéreos que pueden justificar el rechazo a la reforma del CE261
La asociación afirma que la compensación mínima bajaría de 250 € a 83 €, y que el umbral efectivo sería de siete horas
Publicada 12/05/26
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La Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) ha rechazado la nueva propuesta chipriota para reformar el Reglamento 261/2004, la norma de la Unión Europea que regula los derechos de los pasajeros aéreos. La entidad considera que el texto supone un retroceso en la protección del viajero y advierte de que, aunque mantiene sobre el papel la referencia de tres horas de retraso, reduce su eficacia práctica para millones de viajeros.
Según APRA, el mecanismo planteado por el Consejo elevaría de facto a siete horas el umbral para recibir una indemnización completa, al recortar hasta un 66% los pagos por retrasos de entre tres y siete horas. En vuelos de corto radio, los pasajeros pasarían de 250 a 83 euros para retrasos acumulados de tres a cinco horas. Para los representantes de los pasajeros, esa cuantía convierte el derecho en una compensación meramente simbólica.
El principal punto de fricción está en el sistema de reducción progresiva de las compensaciones a los pasajeros aéreos
En esa línea, APRA sostiene que 83 euros no cubren los gastos asumidos por los viajeros afectados y dificulta que profesionales jurídicos o intermediarios especializados lleven adelante reclamaciones cuando las aerolíneas rechacen casos válidos. La asociación también cuestiona que los formularios prerrellenados resuelvan el problema si la indemnización queda reducida a una cantidad poco operativa en la práctica diaria.
La organización critica además la posibilidad de denegar compensaciones por cancelación a quienes elijan reembolso o una reubicación posterior si han sido informados con más de 48 horas de antelación. APRA recuerda que el marco vigente protege durante 14 días y advierte de que el cambio podría debilitar la libertad de elección entre reembolso y transporte alternativo en caso de incidencia, uno de los pilares del sistema europeo de protección al pasajero.
Piden rechazar la propuesta de Chipre
Tomasz Pawliszyn, presidente de APRA, califica la propuesta de "engañosa" y afirma que no representa un equilibrio, sino un desmantelamiento de una de las normas europeas de consumo más eficaces. La asociación reclama a los Estados miembros y al Parlamento Europeo que rechacen el texto y mantengan un Reglamento 261/2004 aplicable, al considerar que millones de viajeros podrían quedar con derechos formales, pero sin protección real en futuras incidencias aéreas europeas.
Las 12 mermas de derechos detectadas por APRA
- El umbral de tres horas se mantiene solo formalmente. La propuesta conserva en apariencia la regla actual de compensación a partir de tres horas de retraso, pero la vacía de contenido mediante un sistema de reducción progresiva. Según la asociación, en la práctica el pasajero no recibiría una compensación realmente relevante hasta alcanzar retrasos de siete horas.
- Las indemnizaciones se reducirían hasta un 66%. La entidad denuncia que los retrasos de entre tres y siete horas quedarían sujetos a compensaciones muy inferiores a las actuales. Esta rebaja supone un deterioro directo de la protección económica prevista en el Reglamento 261/2004.
- Los vuelos de corta distancia recibirían solo 83 euros. En los retrasos de entre tres y cinco horas, los pasajeros de vuelos de corta distancia pasarían de los 250 euros actuales a 83 euros. APRA considera que esa cantidad es insuficiente y la define como una compensación simbólica.
- La compensación no cubriría los gastos reales del pasajero. La asociación advierte de que 83 euros no compensan los costes que puede asumir un viajero afectado por una incidencia aérea, como esperas, cambios de planes, comidas, transporte alternativo u otros perjuicios derivados del retraso.
- El derecho sería difícil de ejercer en la práctica. La asociación afirma que una compensación tan baja desincentivaría las reclamaciones. Según afirma, ningún profesional jurídico ni intermediario especializado podría asumir de forma realista casos de cuantías tan reducidas cuando una aerolínea rechace indebidamente una reclamación válida.
- Se crearían “derechos sobre el papel”. La propuesta daría la impresión de mantener la protección de los pasajeros, pero reduciría su eficacia real. La organización sostiene que el resultado sería un marco legal con derechos reconocidos formalmente, pero poco aplicables en la práctica.
- Los formularios prerrellenados no resolverían el problema. APRA rechaza que facilitar formularios de reclamación compense la reducción de las indemnizaciones. La asociación argumenta que esos instrumentos carecen de valor si la compensación final es tan baja que deja de incentivar la reclamación.
- Las aerolíneas podrían seguir rechazando reclamaciones válidas. La entidad subraya que el problema no es solo administrativo, sino de cumplimiento efectivo. Aunque existan formularios, advierte de que las compañías podrían continuar denegando indebidamente reclamaciones, mientras el bajo importe dificultaría defenderlas.
- Se reduciría la protección por cancelación. Critica la opción de denegar compensaciones a pasajeros que elijan reembolso o reubicación posterior cuando hayan sido informados con más de 48 horas de antelación. La asociación recuerda que el periodo actual de protección es de 14 días.
- Se debilitaría la libertad de elección del pasajero. La organización considera que penalizar económicamente a quienes opten por el reembolso o por una reubicación posterior afectaría a uno de los pilares de los derechos de los pasajeros aéreos: poder elegir entre alternativas sin perder protección.
- La propuesta sería peor que la posición anterior del Consejo. APRA sostiene que el nuevo texto es más engañoso porque mantiene la apariencia de la regla de tres horas, pero reduce su capacidad real de aplicación. Según la asociación, la versión anterior era más explícita en su recorte.
- Podría dañar la confianza en la legislación europea de consumo. Advierte de que, si la reforma prospera, millones de viajeros quedarían con menor protección frente a retrasos y cancelaciones. Para la entidad, ello supondría un golpe a la credibilidad del sistema europeo de derechos de los consumidores.
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