La vivienda turística y cuatro comunidades aplauden la sentencia que anula el Registro Único

Reacción de los gobiernos autonómicos

Los ejecutivos de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias y la Región de Murcia han celebrado el fallo judicial, coincidiendo en que la normativa estatal suponía una invasión competencial y generaba una duplicidad innecesaria.

• Comunidad Valenciana: La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha pedido al Gobierno central la apertura de una etapa de diálogo para establecer un sistema coordinado contra la oferta ilegal. Cano ha recordado que la región dispone desde hace años de un registro autonómico operativo y ha subrayado que Europa apuesta por la coordinación de datos, no por la acumulación de trámites.

• Andalucía: El consejero de Turismo en funciones, Arturo Bernal, ha calificado la norma estatal de "ocurrencia" e "improvisación" impuesta sin diálogo. Bernal ha criticado los costes de adaptación que esta "chapuza" ha provocado a administraciones, plataformas y propietarios, recordando que Bruselas ya había advertido a través del procedimiento TRIS la prohibición de la doble inscripción, fijando el 20 de mayo como fecha límite para acabar con la duplicidad.

• Canarias: La Consejería de Turismo y Empleo ha calificado la medida de "injusta y desproporcionada", señalando que generaba colapso administrativo y elevaba costes que expulsaban del mercado a los pequeños propietarios. El Ejecutivo isleño ha apuntado además que la obligación de inscripción entraba en contradicción con la legislación hipotecaria española, perjudicando especialmente al ámbito rural y a las islas verdes.

• Región de Murcia: El Gobierno murciano ha aplaudido que el fallo respalde su postura tras el recurso interpuesto. La administración autonómica ha argumentado que ya cuenta con instrumentos propios de control e inspección, por lo que el registro estatal representaba una carga burocrática estéril.

Reacción de las asociaciones de apartamentos turísticos

Las patronales del sector del alojamiento vacacional han recibido la sentencia como un respaldo a los marcos estatutarios y un freno a la incertidumbre del mercado.

• AVVAPRO (Andalucía): La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía ha manifestado que el real decreto generaba una profunda inseguridad jurídica para miles de propietarios y profesionales. Su presidente, Juan Cubo, ha afirmado que las comunidades autónomas ya tienen sistemas de control adaptados a su territorio. Cubo ha insistido en que el alojamiento de corta duración es una actividad legal y esencial, y que el debate debe centrarse en combatir la clandestinidad y no en multiplicar estructuras redundantes.

• Apartur (Barcelona): La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona ha asegurado que el Tribunal Supremo "le da la razón al sector". La directora general de la entidad, Marian Muro, ha recordado que llevaban meses advirtiendo de este solapamiento y que la Comisión Europea ya había alertado sobre el conflicto de competencias. Muro ha destacado que Cataluña fue pionera al regular la actividad en 2012 con un número identificativo obligatorio y confía en que este fallo abra la oportunidad de avanzar hacia un modelo basado en la interoperabilidad y la simplificación.

Reducción de la oferta

Entre mayo y noviembre del año pasado, tras la entrada en vigor del Registro Único de Arrendamientos, la oferta de viviendas turísticas se redujo en 52.000 unidades.

Además, el pasado mes de febrero, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó a las plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios. Las siguientes infografías muestran las comunidades autónomas y municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas turísticas, según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.