Viajes del Imserso: indignación masiva por el fin de las reservas en los ayuntamientos

La decisión de Consumo afecta, principalmente, a las personas mayores en el ámbito rural que tenían acceso a los viajes subvencionados a través de los ayuntamientos y las federaciones territoriales, alegan desde la FEHM. Fuente: Adobe Stock.

Las razones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para eliminar este convenio de colaboración entre la FEMP y el Imserso, firmado en octubre de 1989, es la extinción de los convenios históricos como consecuencia de la aplicación de la Disposición adicional octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Ante ello, la FEMP ha trasladado a la directora general del Instituto de Mayores y Asuntos Sociales (Imserso), María Teresa Sancho, su inquietud y la de 120 municipios y de algunas federaciones territoriales que hasta ahora facilitaban la adjudicación de plazas para los viajes del Imserso.

Un total de 120 municipios y algunas federaciones territoriales trasladan su inquietud a la directora del Imserso tras ser eliminada la posibilidad de que los jubilados puedan reservar sus plazas para los viajes subvencionados en los ayuntamientos

Según ha indicado el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, esta cuestión afecta, principalmente, a personas mayores del ámbito rural, con menos herramientas y habilidades tecnológicas. Finalmente, ambas partes han acordado mantener un próximo encuentro para articular, dentro del marco jurídico vigente, la posibilidad de que los ayuntamientos puedan seguir prestando este servicio, han detallado desde la federación.

La decisión de Consumo afecta, principalmente, a las personas mayores en el ámbito rural que podían acceder a los viajes subvencionados a través de los ayuntamientos y las federaciones regionales

En cuanto a la proposición no de ley del PP, a la que ha tenido acceso Hosteltur, el grupo parlamentario ha tachado la decisión del Gobierno de unilateral, al no contar con las entidades locales afectadas ni con la FEMP, y ha puesto en duda las justificaciones del Ejecutivo para la extinción del convenio.

“El Ministerio no ha acreditado suficientemente ni la existencia de una resolución formal de extinción, ni la denuncia expresa de los convenios, ni la emisión de actos administrativos individualizados dirigidos a las entidades locales afectadas. Tampoco ha articulado régimen transitorio alguno que permita evitar perjuicios a las personas usuarias ni ha ofrecido una alternativa eficaz para garantizar el acceso al programa de quienes venían utilizando este canal municipal”, explica la proposición del PP.

Se insta al diálogo y a la protección de los mayores

Con todo, desde el PP instan al Gobierno a:

1. Mantener de forma transitoria y sin interrupción, hasta la adaptación al marco jurídico vigente, el sistema de colaboración existente entre el Imserso, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las entidades locales adheridas para la reserva de plazas del Programa de Turismo del Imserso, garantizando la continuidad del acceso de las personas mayores usuarias durante las temporadas afectadas.
2. Impulsar, en el plazo máximo de seis meses, la adaptación del convenio histórico suscrito entre el IMSERSO y la FEMP, así como de los correspondientes instrumentos de adhesión de las entidades locales, al régimen jurídico previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, garantizando plena seguridad jurídica.
3. Abrir de forma inmediata un proceso de diálogo y negociación con las entidades locales afectadas y con la FEMP, a fin de preservar el papel de los servicios sociales municipales como instrumento de acompañamiento y apoyo a las personas mayores participantes en el Programa de Turismo del IMSERSO.
4. Garantizar específicamente la protección de las personas mayores vulnerables, con bajos ingresos, afectadas por situaciones de soledad no deseada, dependencia, discapacidad o brecha digital, estableciendo mecanismos de apoyo presencial y acompañamiento a través de los servicios sociales municipales.
5. Elaborar y remitir a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses, un informe detallado sobre:

• El número de municipios afectados
• Las personas beneficiarías del sistema desde 1989
• Los informes jurídicos que fundamentan la supuesta extinción del convenio
• La evaluación del impacto social de la supresión del sistema sobre las personas mayores usuarias