Ante la primera ola de calor, España mira las cenizas de 2025: ¿hemos aprendido algo de aquellos incendios?

Ahora que el calor vuelve a tensar el mapa, la pregunta ya no es solo si habrá incendios, sino si estamos mejor preparados que entonces

Avatar redactor Sandra Mirey Responsable de Identidad digital y medios Más artículos de Sandra Mirey

Publicada 24/06/26 11:41h

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España vuelve a mirar al fuego en plena primera ola de calor del verano, con temperaturas por encima de los 40 grados y el recuerdo todavía reciente de un 2025 devastador. Esta semana, viajando en tren de León a Madrid, he visto desde la ventana un incendio en un campo de cereales a unos kilómetros de Palencia. Era una imagen pequeña en el paisaje, pero suficiente para devolver a la memoria el año en que las llamas arrasaron buena parte del país, y de mi comunidad autónoma, llamas qye golpearon destinos rurales y naturales, alteraron viajes y dejaron una factura humana, ambiental y turística difícil de asumir. Tras todo lo vivido, la pregunta vuelve a imponerse: ¿qué hemos aprendido de aquello?

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Con la llegada oficial del verano, e inmersos en esta primera ola de calor de la temporada, echamos la vista atrás a un año que dejó una huella humana, ambiental y económica difícil de borrar.

En 2025, España quedó arrasada por grandes incendios forestales que afectaron a territorios enteros, a sus habitantes, a su patrimonio natural y también al turismo, especialmente en destinos rurales y de naturaleza cuya actividad depende directamente del paisaje, la percepción de seguridad y la confianza del viajero.

Un año después, la cuestión no es solo si volveremos a sufrir incendios, sino si las demandas, advertencias y lecciones de aquel episodio han servido para estar mejor preparados en 2026. Pero la respuesta, de momento, es incómoda.

Según publicó Greenpeace a en su informe "Grandes incendios forestales en España: qué ocurrió en 2025 y qué debe cambiar", 2026 ya registra peores cifras que 2025 en el mismo periodo, pese a que todavía no se había iniciado la época de máximo riesgo. La organización apunta a un aumento del 72% en los incendios detectados durante ese periodo.

El año pasado arrancó, además, con una baja percepción del riesgo. Las abundantes lluvias, la recuperación de los embalses y algunas precipitaciones generaron una sensación de tranquilidad. Sin embargo, la llegada de las olas de calor transformó rápidamente el escenario y 2025 terminó convirtiéndose en el peor año desde que existen registros.

Algo parecido ocurre ahora, enero de 2026 fue el más lluvioso del último cuarto de siglo y, aun así, el riesgo de incendios es real y las cifras ya resultan alarmantes. Por lo que conviene destacar que la lluvia de los meses previos no basta para descartar un verano complicado.

Como señala un estudio publicado en Nature ("Climate change has increased the odds of extreme regional forest fire years globally"), los años extremos de incendios no dependen necesariamente de sequías prolongadas previas ni de lo que haya llovido meses antes, sino sobre todo de las condiciones meteorológicas extremas durante el propio año del incendio.

En 2025, los Grandes Incendios Forestales (GIF) se triplicaron respecto a la media: fueron 63 frente a una media de 18. Su capacidad destructiva también se multiplicó por cuatro, con una media de 6.100 hectáreas por incendio. En total, ardieron 354.793,50 hectáreas, ocho personas fallecieron y 150.000 fueron evacuadas o confinadas.

La primera ola de calor de 2025, en junio, duró 17 días, y fue la tercera más larga y extensa de la serie histórica y durante ese episodio se produjeron tres grandes incendios forestales. La siguiente ola de calor, del 3 al 18 de agosto, duró 16 días, siendo la segunda más intensa y extensa y durante ese periodo se produjeron 42 grandes incendios forestales.

Cinco de ellos figuran entre los peores incendios de la historia reciente de España: Larouco, Molezuelas de la Carballeda, Oímbra, Llamas de la Cabrera y Valdeorras-Porto-Encinedo

De los diez mayores incendios registrados en la historia de España, cinco ocurrieron en 2025. Ese grupo de incendios, que representó solo el 0,061% del total de siniestros, concentró el 36% del área afectada.

Entre el 8 de agosto y el 2 de septiembre se llegó a registrar la simultaneidad de hasta diez grandes incendios en un mismo día, poniendo al límite la capacidad operativa de extinción.

El 71,4% de los grandes incendios de 2025 ocurrieron durante episodios de ola de calor, mucho más frecuentes e intensos en un contexto de calentamiento global. Pero conviene recordar algo importante: el calor extremo no origina por sí solo los incendios, sino que agrava su comportamiento una vez que comienzan.

En un país donde alrededor del 95% de los incendios tienen origen humano, reducir negligencias, accidentes y conductas de riesgo resulta esencial. Estar a 42 grados no provoca un incendio per se, pero esas condiciones convierten cualquier llama en un riesgo mucho más difícil de controlar.

El uso del fuego sin autorización no es una tradición inocua, además, puede constituir un delito y puede desencadenar tragedias ambientales y humanas irreversibles, como las ocho personas fallecidas el año pasado. Comunicar mejor el impacto real de los incendios y fomentar una cultura de prevención permanente es también una herramienta clave de protección forestal.

Por eso, 2025 no puede leerse como un año simplemente “impredecible” o “sin precedentes”. Diversas entidades científicas, forestales y la propia Greenpeace llevaban tiempo advirtiendo sobre la evolución de los incendios hacia eventos más grandes, más rápidos y más difíciles de controlar.

Los años 2006, 2012, 2017 y 2022 ya fueron terribles y en ellos se repitieron demandas consensuadas que no llegaron a implementarse con la contundencia necesaria, pero después llegó 2025, que será recordado por una intensidad sin precedentes y por un comportamiento del fuego que desbordó la capacidad de respuesta.

Pero este problema no fue solo español, Europa sufrió el peor año de su historia en superficie afectada, con más de un millón de hectáreas quemadas. Portugal fue el país con mayor porcentaje de superficie calcinada, con un 3,04%; le siguió Chipre, con un 2,37%; y España ocupó el tercer lugar, con el 0,78% de su territorio afectado por los incendios.

Diez meses después del vuelo que Greenpeace realizó por el denominado “triángulo del fuego”, la organización ha vuelto a muchas de las zonas afectadas en León, Lugo, Zamora y Ourense para comprobar la severidad de los incendios. Ese análisis se realizó mediante imágenes satelitales, trabajo de campo y comparaciones entre el estado previo y posterior al fuego, utilizando índices como el dNBR, Differenced or Delta Normalized Burn Ratio, que mide el cambio producido por el incendio en la cubierta vegetal.

Y el resultado sigue mostrando la magnitud del daño. De la superficie quemada en 2025, el 47% presentó una severidad alta, el 22% sufrió una severidad moderada-alta y solo un 16% se situó en niveles moderado-bajos. Es decir, no hablamos únicamente de superficie quemada, sino de la intensidad con la que el fuego afectó al suelo, la vegetación, el agua, la biodiversidad y la capacidad de recuperación de los ecosistemas.

Otra de las realidades que se puso de manifiesto en lo que vivimos el año pasado, fue la necesidad de protocolos de respuesta rápida una vez apagadas las llamas. Tras la estabilización de la emergencia, resulta imprescindible evaluar de forma temprana los daños, priorizar las zonas de actuación y aplicar medidas urgentes para proteger el suelo, reducir la erosión y minimizar los impactos sobre el agua y la biodiversidad.

La experiencia del incendio de Las Médulas demostró que estas actuaciones tempranas pueden ser eficaces. Técnicas como el acolchado con paja agrícola, que consiste en echar paja en la zona quemada para evitar arrastres de suelo y cenizas, lograron reducir la erosión del suelo en un 85%, favoreciendo la recuperación del territorio.

Sin embargo, en la mayoría de las zonas visitadas había poca presencia de diques y acolchados y, en todas ellas, hubo o seguía habiendo restricciones de agua potable. Es precisamente lo que debería hacerse ya en las zonas afectadas por el fuego en 2026 para evitar que el impacto de las llamas siga avanzando después de apagarse el incendio.

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Vista del pueblo de las Médulas afectado por los incendios de este verano. Fuente: EFE/Ana F. Barredo.

Los cinco grandes incendios más destructivos de 2025 tuvieron causas diversas: dos fueron provocados por rayos asociados a tormentas secas, Las Médulas y Valdeorras-Porto-Encinedo; Oímbra se originó por una negligencia durante trabajos de desbroce con maquinaria agrícola; Molezuelas de la Carballeda apuntó a un posible origen humano sin conclusión definitiva; y Larouco fue considerado intencionado, aunque sin información pública suficiente para determinar la motivación concreta.

El cambio climático agrava las condiciones de propagación, pero la prevención de conductas humanas de riesgo sigue siendo decisiva

El cambio climático y la despoblación rural están agravando la propagación y la severidad de los incendios. Los cinco grandes fuegos se produjeron en territorios especialmente afectados por el abandono rural y en un verano marcado por calor extremo.

El cambio climático aumenta la probabilidad e intensidad de las condiciones que favorecen los incendios, seca la vegetación hasta convertirla en combustible y también incrementa la frecuencia de tormentas secas y rayos, que son la única causa natural de ignición.

Los incendios forestales son un vector directo de destrucción del hábitat de fauna y flora, incluidas especies emblemáticas. No solo se destruyen árboles y plantas, sino todo el ecosistema asociado. El fuego afecta a la vegetación, a la fauna, al suelo, al agua y hasta a los microorganismos que permiten que el bosque funcione correctamente.

Estos incendios también golpearon espacios naturales protegidos y destinos de alto valor paisajístico y turístico: el entorno del Parque Nacional de Picos de Europa, donde ardieron más de 17.900 hectáreas; el lago de Sanabria; la sierra de Gredos; el valle del Jerte; los Ancares; y el entorno de Las Médulas -enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco- y uno de los paisajes culturales y naturales más emblemáticos de España.

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Vista del incendio forestal en la localidad de Chandrexa de Queixa (Ourense). Fuente: EFE/Brais Lorenzo.

En Galicia, la superficie quemada en la Red Natura 2000 fue de 37.819 hectáreas, un 26% de toda la superficie quemada y el 10,8% de todas las áreas protegidas gallegas. Ardieron lugares tan simbólicos como el Macizo Central de Ourense, Peña Trevinca o el Parque Natural de A Serra da Enciña da Lastra.

Un total de 171 especies vieron afectadas sus áreas de distribución, incluidas especies en peligro como el urogallo cantábrico, el águila imperial ibérica o el buitre negro

El humo fue otro de los impactos más visibles y menos aislados territorialmente. Durante la campaña de incendios de 2025, el humo procedente de grandes incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Extremadura y Portugal deterioró significativamente la calidad del aire en numerosas regiones.

Incluso se llegó a advertir que los avisos en Madrid no correspondían a una masa de aire sahariano, sino al humo de los incendios activos, y se recomendó evitar la actividad física al aire libre. Por otro lado, las autoridades sanitarias de Castilla y León emitieron además recomendaciones específicas por concentraciones elevadas de partículas PM2,5 y PM10 asociadas al humo de incendios forestales.

Pero si hablamos en clave económica, los incendios forestales de 2025 nos dejaron en España una factura multimillonaria, aunque gran parte de sus impactos siguen siendo difíciles de cuantificar. Según la Agencia Forestal de Navarra, el coste de extinción se estima en 10.000 euros por hectárea, mientras que la Asociación Nacional de Empresas Forestales de España, ASEMFO, eleva esta cifra hasta los 19.000 euros por hectárea.

Por lo que, aplicando estas estimaciones a las 354.793,50 hectáreas quemadas en 2025, el coste total de extinción se situaría entre aproximadamente 3.548 y 6.741 millones de euros.

Y eso sin incorporar por completo las pérdidas sobre el patrimonio natural, histórico y etnográfico. En la provincia más castigada, León, la asociación patrimonial ProMonumenta publicó el libro Incidencia de los incendios de 2025 en el patrimonio de León, donde se realiza una estimación económica que incluye daños forestales y ambientales, costes de extinción, afecciones al patrimonio cultural, ayudas y reconstrucción, además de impactos intangibles difíciles de cuantificar, como la pérdida de paisaje y valor ecológico. La estimación total asciende a 485.477.153 euros solo en la provincia de León.

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Vista de la zona de las Médulas tras el incendio. Fuente: EFE/ Ana F. Barredo.

En el turismo, el impacto también fue inmediato, según publicamos en HOSTELTUR en Incendios: el gasto en la hostelería cayó hasta un 16% en zonas afectadas, el análisis de CaixaBank concluía que, al tremendo impacto humano, material y ambiental de los incendios forestales, había que sumar los efectos negativos en el consumo en las provincias del noroeste español afectadas por los grandes fuegos.

El gasto en hostelería, asociado en parte al turismo, cayó hasta un 16% en las zonas afectadas, principalmente en León, Ourense y Zamora

Por otro lado, la Confederación Española de Agencias de Viajes, CEAV, también advirtió en agosto de 2025 de los efectos que estaban teniendo los incendios en nuestro país, no solo a nivel medioambiental, sino sobre el sector turístico en general y, en particular, sobre las agencias de viajes. Desde la patronal reclamaron medidas como planes de prevención y resiliencia, tanto para la protección de los destinos turísticos como para garantizar la seguridad y la confianza de los viajeros, dentro y fuera de España.

Carlos Garrido, presidente en ese momento de CEAV, lo explicó entonces con claridad: "Los incendios no solo han provocado víctimas mortales y la devastación de amplias zonas naturales y rurales, con todas las pérdidas que eso conlleva, sino que además han generado cambios en itinerarios y un clima de incertidumbre que afecta directamente a la planificación de los viajes, con una caída importante de la demanda hacia zonas afectadas de Extremadura, Castilla y León, Galicia y Andalucía".

El turismo, por tanto, no se puede considerar un espectador externo, porque es uno de los sectores productivos más cercanos a los entornos naturales y rurales amenazados por los incendios forestales. En él se incluyen alojamientos, hoteles, casas rurales, apartamentos, campings, empresas de actividades, restauración y todo un sistema de proveedores.

Cuando se incendia un entorno natural que afecta también a las zonas rurales, el turismo se resiente y bastante, porque pierde uno de sus principales atractivos: el paisaje que motiva el viaje y que sostiene buena parte de la economía rural.

Esto conecta directamente con una lectura obligada: el artículo de opinión de Arturo Crosby en la Comunidad Hosteltur: ¿Qué puede hacer el turismo ante los incendios forestales? Crosby plantea una mirada pragmática y útil, especialmente pensada en la prevención y en el día después, teniendo en cuenta que las actuaciones deberán ir acompañadas del sector público, que tiene las competencias, pero sobre el que también puede y debe ejercerse presión social.

Su reflexión parte de una idea evidente, pero que a veces el sector no termina de asumir: aunque el incendio no afecte directamente al radio más próximo de una empresa turística, sí incide muy negativamente en el destino y, por tanto, también en el negocio. Afecta a su imagen, a su promoción, a su comercialización y también a la salud emocional de la población, que pierde un patrimonio natural del que depende tanto como recurso económico como por el equilibrio que aporta al territorio.

Los resultados para el turismo son evidentes y no deben dejarse pasar: un negocio turístico puede sufrir en el corto plazo, dependiendo del impacto en la vegetación y el suelo, o en el medio plazo, si el paisaje natural tarda diez años en recuperarse de forma perceptible para la demanda. Pero muy pocos negocios turísticos podrían afrontar un periodo así sin consecuencias graves. Y si cierran, el impacto se extiende a toda la cadena de valor: proveedores, empleos, restauración, comercio local y servicios.

Desde el pasado verano se han producido algunos avances en prevención, coordinación y planificación: la Fiscalía de Medio Ambiente reforzó la exigencia de cumplimiento de los planes preventivos en zonas de alto riesgo; se aprobaron directrices comunes para los planes anuales de las comunidades autónomas; se impulsó el futuro Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática; y se reforzaron los mecanismos de coordinación entre administraciones ante incendios que afectan a varias comunidades.

También se anunciaron inversiones para restauración ambiental y actuaciones hidrológico-forestales, además de una mayor cooperación con Portugal. Pero el problema de fondo persiste y se sigue actuando demasiado desde la lógica de la extinción y no lo suficiente desde la prevención.

La inversión continúa concentrándose mayoritariamente en apagar incendios, persisten carencias en planificación local y medios humanos, y la prevención sigue sin recibir la prioridad necesaria para abordar las causas estructurales que favorecen los grandes incendios forestales.

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En 2023 las autoridades locales declararon el fuego de Tenerife como uno de los más graves en los últimos 40 años. Fuente: Adobe Stock.

Las administraciones autonómicas reconocen cada vez más la necesidad de pasar de un modelo centrado casi exclusivamente en la extinción a otro basado en la prevención, la gestión activa del territorio y la adaptación al nuevo contexto climático. Pero aún, esa transición todavía no se ha completado.

La prevención sigue siendo la asignatura pendiente frente a un escenario climático cada vez más favorable a incendios más extensos, más rápidos y más difíciles de controlar. La mejor extinción es, sin duda, el fuego que no llega a producirse.

Prevenir, en sentido estricto, implica actuar antes de que aparezca el incendio, y ahí todavía queda mucho por hacer.

Claves como la sensibilización y la educación ambiental deben convertirse en herramientas clave de prevención, fomentando una relación más responsable con el territorio y una conciencia clara de que una imprudencia puede tener consecuencias irreversibles.

¿Qué puede hacer entonces el turismo? La respuesta no es sencilla, porque muchas competencias dependen de la Administración, pero eso no significa que el sector privado deba quedarse esperando. Crosby insiste en que el turismo puede actuar tanto en la prevención como en la regeneración, y que esa actuación puede convertirse en una de las inversiones con más retorno para las empresas y los destinos.

En prevención, una de las funciones más importantes es la de vigía del territorio. La presencia de empresarios, trabajadores y profesionales turísticos rurales puede ser clave para detectar y avisar rápidamente de cualquier conato de incendio, ya sea provocado o fruto de una negligencia.

Esa labor puede hacerse de forma individual o a través de redes de empresas y profesionales turísticos que conozcan bien el territorio y estén conectados con la comunidad local

También es importante trabajar sobre el entorno inmediato de los establecimientos y destinos. Crosby plantea la conveniencia de estar rodeados o cerca de arboledas más resistentes a los incendios, evitando especies como el pino o el eucalipto, de mayor combustión. Los paisajes en mosaico, semejantes a un collage o rompecabezas de piezas distintas en color, forma y función, pueden funcionar como cortafuegos naturales o, al menos, ayudar a frenar la propagación.

Ahora bien, la prevención no debe confundirse con “ajardinar” el bosque, una de las ideas que a veces se manejan sin suficiente base ecológica es que limpiar el bosque de sotobosque, al que algunos llaman basura, sea la solución general. Esa visión puede resultar muy cara, poco sostenible y antiecológica.

La gestión debe buscar equilibrios más inteligentes, como el uso de ungulados asilvestrados o el pastoreo extensivo, capaces de reducir combustible vegetal de forma natural y, además, convertirse en un reclamo turístico con un retorno muy alto para los territorios rurales.

La formación en prevención de riesgos para empresarios, trabajadores y clientes también debería formar parte de la respuesta. Lo mismo ocurre con la gestión del agua, clave tanto en la prevención como en la recuperación posterior.

El dato económico ayuda a entender la diferencia: prevenir un incendio cuesta entre 800 y 3.000 euros por hectárea. Apagarlo supone un costo mínimo entre 10.000-19.000 euros por hectárea, según hemos comentado antes. Y faltaría añadir el coste de restaurar lo quemado, que suele ser mucho mayor y que, además, nunca se mide solo en dinero.

Después del incendio llega otra fase igual de importante: la regeneración. Quizá la palabra de moda sea turismo regenerativo, entendido como un turismo que crea impactos positivos sobre el patrimonio natural y social. En un entorno quemado, la recuperación de la naturaleza debe ser el objetivo prioritario, y el sector turístico puede participar porque de esa recuperación depende también su futuro.

La restauración de las zonas afectadas es crucial para minimizar el impacto negativo sobre el turismo y la economía local. Cuanto antes se acometa, antes podrá recuperarse la actividad turística en la zona.

Además, hay que tener en cuenta que la zona de influencia de un incendio puede llegar a más de 50 kilómetros, por lo que no solo se ve afectado el municipio donde arde el monte, sino todo el destino que queda asociado a la imagen del fuego, del humo, de los cortes, de la incertidumbre y de la pérdida de atractivo.

Ante la primera ola de calor, España mira las cenizas de 2025: ¿hemos aprendido algo de aquellos incendios?
Perímetro del incendio en Porto de Sanabria, según la herramienta Google Maps en agosto de 2025. Fuente: Google Maps.

En ese día después, las empresas turísticas rurales pueden ser actores clave porque conectan directamente con el territorio, con la comunidad local y con los visitantes. En los primeros meses tras el incendio, pueden participar en viveros comunitarios con especies nativas, programas de volunturismo, limpieza de suelos erosionados, instalación de barreras naturales contra la erosión o recolección de semillas.

A medio plazo, pueden impulsar rutas de interpretación que expliquen cómo se está regenerando el bosque, actividades como “adopta un árbol” o experiencias de seguimiento de fauna en recuperación. Y, a largo plazo, pueden consolidar modelos en los que parte de los ingresos turísticos financie proyectos de conservación y refuerce la imagen de la región como destino resiliente.

Las noticias de recuperación generan credibilidad y confianza, y un destino que comunica bien cómo está restaurando su paisaje, cómo protege su biodiversidad y cómo implica a visitantes y empresas en el proceso puede empezar a revertir la imagen de devastación. Pero para eso hace falta actuar rápido, coordinarse y entender que la regeneración no es una campaña de marketing, sino una necesidad económica, ambiental y social.

La imagen de un incendio desde la ventana de un tren puede parecer anecdótica, pero en un verano de más de 40 grados funciona como recordatorio. Lo vivido en 2025 no fue un accidente aislado ni un mal verano más, fue una advertencia. Y ahora que 2026 empieza a mostrar señales antes incluso de entrar en el periodo de mayor riesgo, por lo que la pregunta ya no es si habrá incendios, sino: ¿habremos aprendido lo suficiente para prevenirlos mejor, responder antes y reconstruir de otra manera? Porque el turismo no puede mirar al fuego desde lejos, cuando arde el territorio, arde también una parte de nuestro futuro.

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