Benidorm recauda más de 100.000 euros con sus cuatro primeras multas a pisos turísticos ilegales

Las cuatro resoluciones corresponden a expedientes sancionadores cuya multa inicial ascendía a 50.001 euros cada una, aunque quedaron reducidas a la mitad por acogerse los infractores al procedimiento de reconocimiento de responsabilidad y pronto pago, según ha explicado el concejal de Comercio, Javi Jordá.

Desde que asumió estas competencias a mediados de 2025, el consistorio ha recibido 70 denuncias que afectaban a 196 viviendas turísticas. De ellas, 107 disponían del registro de Vivienda de Uso Turístico (VUT) expedido por la Generalitat Valenciana y cumplían la normativa, mientras que 73 continúan en proceso de inspección y 16 han sido propuestas para sanción.

De las cuatro multas ya abonadas, otras 12 propuestas sancionadoras permanecen en distintas fases de tramitación, entre ellas la presentación de alegaciones o documentación por parte de los propietarios

La tramitación de estos expedientes puede prolongarse durante varios meses para garantizar las inspecciones y los derechos de todas las partes implicadas, según ha indicado el concejal.

En el último año el Ayuntamiento de Benidorm h registrado 70 denuncias que afectaban a 196 viviendas turísticas. Fuente: Shutterstock.

Cómo se desarrolla el procedimiento

Las actuaciones se inician tras las denuncias presentadas por particulares o comunidades de propietarios. La Policía Local realiza las inspecciones sobre el terreno, mientras que el Departamento de Comercio se encarga de instruir y tramitar los expedientes administrativos.

El ayuntamiento debe remitir trimestralmente a la Generalitat un informe con el resultado de las inspecciones realizadas. El último, correspondiente al 30 de junio, solo recoge una de las cuatro sanciones ya cobradas, ya que las otras tres se hicieron efectivas durante el mes de julio.

El consistorio asumió las competencias de inspección y sanción sobre viviendas turísticas en aplicación del Decreto Ley 9/2024 de la Generalitat Valenciana, que modificó la normativa autonómica para permitir a los ayuntamientos ejercer la potestad sancionadora y recaudar las multas derivadas de estas infracciones.