Agencias: tambalea el megacontrato de 604 M€ para gestionar los viajes del Estado

El TACRC tiene cinco días hábiles para responder la impugnación de GEBTA que se hizo efectiva el pasado 2 de septiembre, pero desde la asociación se muestran escépticos, ya que recuerdan a este digital que el año pasado el organismo no aplicó los plazos asignados legalmente y el concurso finalmente se declaró desierto y se suspendió, prorrogándose el contrato a los actuales licitadores: VECI, IAG7 y Ávoris.

De hecho, desde la patronal de agencias corporativas ponen en duda la continuidad del concurso habida cuenta de experiencias pasadas y después de que se ofreciera a asesorar los nuevos pliegos, sin ninguna respuesta por parte de la Administración, como han detallado tras la impugnación de los pliegos.

"El resultado no sólo se salda con un recurso contra los nuevos pliegos, sino que comporta costes económicos derivados de la impugnación y, eventualmente, la suspensión del proceso, que hubieran podido evitarse de haber optado la Administración por un diálogo constructivo con el sector”, aseguró GEBTA.

Con todo, están atentos a los acontecimientos que se produzcan en los próximos días y a si el Tribunal aplicará o no las medidas cautelares que han solicitado en el recurso en el que denuncian, entre otras cosas: la falta de justificación de la estructura de costes, prestaciones “que resultan operativamente imposibles de cumplir”, o cláusulas que “vulneran leyes imperativas de otros sectores ajenos a la contratación pública, como la protección de datos”, como avanzó Hosteltur en GEBTA impugna el nuevo concurso de viajes del Estado: tiene “gravísimas infracciones”.

Los pliegos han puesto el 16 de septiembre como fecha límite para la presentación de ofertas, pero han sido recurridos por las principales empresas del sector. Fuente: adobe Stock.

Exigencias "operativamente imposibles de cumplir"

El recurso presentado por GEBTA España se ha enfocado en tres bloques principales: el primero, centrado en el carácter económico, que denuncia la falta de justificación de la estructura de costes; el segundo, centrado en denunciar prestaciones impuestas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) “que resultan operativamente imposibles de cumplir"; y el tercero, que recoge las cláusulas que “vulneran leyes imperativas de otros sectores ajenos a la contratación pública, como la protección de datos, la legislación reguladora del mercado de seguros, o el reglamento de IATA.

Por su parte, el recurso de UNAV-FETAVE se refiere, principalmente, a la habilitación empresarial necesaria para prestar profesionalmente servicios propios de una agencia de viajes. La patronal considera que una licitación que tiene precisamente por objeto la prestación de “servicios de agencia de viajes” debe identificar de manera expresa la habilitación sectorial exigible y la normativa de la que deriva.

Asimismo, cuestiona algunas exigencias que inciden en la organización interna de las empresas licitadoras, entre ellas la obligación de que al menos el 40 % del personal adscrito al contrato sea mujer. “UNAV-FETAVE subraya que la objeción no se dirige contra las políticas de igualdad ni contra la presencia de mujeres en las empresas, sino contra la imposición, desde los pliegos, de una determinada composición de la plantilla sin que, a juicio de la organización, se encuentre suficientemente justificada por las características concretas del servicio”, explica.

“La organización considera que este tipo de exigencias deben estar especialmente justificadas y respetar los principios de proporcionalidad y libertad de organización empresarial”.