La ley de cogestión aeroportuaria de Baleares se debatirá en el Congreso de los Diputados

La decisión de Armengol, secretaria general del PSOE de Baleares, se completará con la eliminación del veto planteado por el Ejecutivo central, según indican fuentes de la presidencia del Congreso.

La rectificación del Gobierno permitirá que la proposición de ley, aprobada por el Parlament balear el pasado 28 de abril con el respaldo del PP y Més per Mallorca, el rechazo de Vox y la abstención del PSOE, sea tomada en consideración y debatida en el Congreso en las próximas semanas.

La iniciativa legislativa plantea la creación de un comité de coordinación aeroportuaria con participación de las instituciones baleares que tendría capacidad de decisión sobre las políticas de los aeropuertos de las islas, lo que les permitiría adoptar medidas para limitar la presión turística y favorecer la movilidad de los residentes.

Aeropuerto de Menorca. Fuente: Aena.

El veto que había planteado el Gobierno, amparado en un informe que argumentaba que afectaba a la viabilidad y la cuenta de resultados de Aena, generó fuertes críticas del Govern balear del PP y de las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE.

La presidenta del Ejecutivo autonómico y del PP de las islas, Marga Prohens, censuró que el veto evidenciaba que el PSOE practica una política favorecedora del crecimiento en contra de sus proclamas por la contención turística.

"Cuando gobiernan en España, mientras los de aquí salen en manifestaciones, dicen que no se puede limitar la capacidad de Aena porque tenemos que seguir creciendo y generando beneficios económicos", denunció este lunes.

La opinión de Aena

Tras conocer que el Congreso debatirá esta ley de cogestión aeroportuaria, el gestor aeroportuario defendió que el artículo 149.1.20 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general, por lo que sus competencias corresponden únicamente al Estado.

"Las Comunidades Autónomas, por su parte, cuentan con competencias en materia de planeamiento urbanístico, gestión medioambiental, ordenación del transporte terrestre o intermodalidad, así como promoción del turismo; todas ellas de relevancia para el desenvolvimiento de la actividad aeroportuaria y del transporte aéreo", argumenta.

Asimismo, insiste en que la aprobación de la Ley 18/2014, auspiciada por el gobierno del PP, regula que "la red de aeropuertos de interés general es propiedad de Aena y su gestión corresponde de forma exclusiva a Aena, estando protegida por la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución"

Para Aena, un elemento central del marco regulador actual del sistema es el modelo de gestión aeroportuario de red, "incompatible con la regulación singular de un comité de coordinación aeroportuario de una autonomía al que se dotará de capacidad de toma de decisiones vinculantes sobre aspectos cuya competencia corresponde exclusivamente al Estado".

El gestor defiende que el sistema aeroportuario se rige por el "principio de solidaridad económica", según el cual los mayores aeropuertos financian las pérdidas de los aeropuertos con menor actividad, mientras también "asegura una prestación de servicios eficiente y de calidad y la adecuada dotación de inversiones en todas la infraestructuras aeroportuarias, en condiciones de igualdad", lo que hace posible "un sistema de tarifas homogéneo en toda la red altamente competitivo"