Análisis/ España ha abierto un nuevo ciclo de inversión aeroportuaria justo cuando endurece sus compromisos climáticos. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, aprobado por el Consejo de Ministros, moviliza cerca de 13.000 millones de euros y prevé que la red supere los 363 millones de pasajeros en 2031. Aena sostiene que las actuaciones son necesarias para absorber la demanda futura, evitar embotellamientos y preservar la competitividad y conectividad del país.
La tensión aparece al confrontar ese crecimiento con la política climática. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030 fija para España una reducción del 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, mientras la Unión Europea persigue al menos un 55% menos de emisiones netas en 2030. Además, la aviación comercial debe afrontar un sistema europeo de derechos de emisión cada vez más exigente.
Ampliación o descarbonización
El debate se ha recrudecido tras un estudio de Transport & Environment (T&E), organización especializada en descarbonización del transporte, que sostiene que los planes de expansión de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Palma y Málaga añadirían 35 millones de toneladas de dióxido de carbono en 25 años. Es una estimación de la organización, no una previsión oficial, pero pone el foco en una cuestión central: más capacidad puede traducirse en más vuelos y emisiones.
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fuente: Aena.
Aena contrapone que su Plan de Acción Climática busca alcanzar cero emisiones netas en 2030 en los alcances 1 y 2, es decir, las emisiones propias y las asociadas a la energía adquirida. Los vuelos pertenecen al alcance 3 y no están incluidos en ese objetivo corporativo. La descarbonización de la aviación dependerá, por tanto, también de combustibles sostenibles, aeronaves más eficientes, precios al carbono y evolución real de la demanda.
La situación de los aeropuertos con proyecto de ampliación
- Madrid-Barajas. Aena prevé elevar la capacidad hasta 90 millones de pasajeros anuales y ejecutar una ampliación de más de 4.000 millones de euros, con actuaciones en la Terminal 4 y su terminal satélite y nuevas posiciones de contacto. La oposición ambiental cuestiona que una infraestructura preparada para más tráfico sea coherente con una senda descendente de emisiones. T&E calcula que el crecimiento de Madrid añadiría 23 millones de toneladas de CO₂ en 25 años.
- Barcelona-El Prat. Concentra la controversia ambiental más intensa. El acuerdo entre Gobierno, Generalitat y Aena contempla prolongar unos 500 metros la pista de mar y construir una terminal satélite para reforzar los vuelos intercontinentales. El proyecto afecta al entorno del delta del Llobregat, con espacios de la Red Natura 2000, y ha movilizado a ERC, Comuns, ayuntamientos y colectivos ecologistas. La Comisión Europea exige además resolver compensaciones ambientales pendientes antes de evaluar la nueva actuación.
- Palma de Mallorca. El conflicto no se centra en una nueva pista, sino en la capacidad que puede sostener una infraestructura remodelada y en las inversiones del DORA III. El Govern ha reiterado que se opondrá a actuaciones que impliquen aumentar capacidad, mientras una mayoría del Parlament ha rechazado el plan. La crítica combina presión territorial, saturación turística y emisiones: el aeropuerto podría acercarse a 35,7 millones de pasajeros según las proyecciones manejadas.
- Málaga-Costa del Sol. Afronta una reforma y ampliación que Aena cifró inicialmente en unos 1.500 millones de euros, aunque el DORA III asigna más de 830 millones hasta 2031 para iniciar el proceso. El objetivo es ampliar terminales y capacidad ante un tráfico que sigue creciendo. T&E incluye Málaga entre los cuatro grandes aeropuertos españoles cuya expansión considera incompatible con los límites climáticos analizados, argumento que alimenta el rechazo general al crecimiento aeroportuario.
- Ibiza. Es también un caso relevante, a pesar de que Aena sostiene que su remodelación no aumentará la capacidad del campo de vuelos ni el número máximo de despegues y aterrizajes por hora. El proyecto, con una inversión prevista cercana a 230 millones de euros, ampliará superficies, elevará a 32 las puertas de embarque e instalará ocho pasarelas. La oposición argumenta que esas mejoras pueden facilitar mayores flujos de pasajeros y agravar la presión territorial y ambiental.
- Menorca. La controversia se ha trasladado también a Menorca. Aena plantea inversiones próximas a 170 millones de euros y sostiene que las actuaciones responden principalmente a modernización, seguridad y calidad del servicio. Representantes institucionales menorquines cuestionan esa interpretación porque el plan amplía zonas de embarque, puertas, pasarelas y estacionamiento de aeronaves. El debate se centra en si estas obras aumentarán de hecho la capacidad operativa durante el verano y favorecerán más presión turística sobre la isla.
- Alicante-Elche Miguel Hernández. Afronta una de las mayores ampliaciones fuera de Madrid y Barcelona. Aena calcula una inversión global aproximada de 1.154 millones de euros, aunque el DORA III concentra 868 millones hasta 2031. La actuación prolongará el dique de embarque, reorganizará la terminal y adaptará instalaciones al tráfico no Schengen. Aena afirma que el objetivo es atender el crecimiento futuro; esa premisa reabre el debate sobre cuánto tráfico puede compatibilizarse con la senda climática.
- Valencia. Ha iniciado igualmente el proceso para ampliar su terminal, dentro de un programa inversor de unos 400 millones de euros hasta 2031. Aena ha licitado la gestión integral de las actuaciones y considera prioritario aumentar superficies y capacidad para atender la demanda prevista. A diferencia de Barcelona o Baleares, el proyecto no ha generado una contestación comparable, pero comparte la cuestión de fondo: crear capacidad adicional supone facilitar el crecimiento futuro del tráfico aéreo.
- Tenerife Sur. Afronta la mayor transformación de su historia, con más de 550 millones de euros para remodelar integralmente el área terminal y ampliar aparcamientos. Aena reconoce expresamente que la actuación incrementará capacidad mediante nuevas superficies y la optimización de procesos, aunque no ampliará el campo de vuelo, que considera suficiente. Ecologistas en Acción ha cuestionado estos planes por su impacto climático y reclama frenar ampliaciones que, a su juicio, inducirán más tráfico y emisiones.
- Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. También ampliará su edificio terminal. Aena prevé 313,4 millones de euros entre 2027 y 2031, con nuevas superficies de facturación, controles de seguridad, áreas de embarque, puertas y recogida de equipajes. El gestor señala que las obras dotarán al aeropuerto de capacidad suficiente para la demanda esperada. Las organizaciones ecologistas críticas sostienen, en cambio, que aumentar capacidad consolida un modelo de movilidad aérea difícilmente compatible con la descarbonización.
- César Manrique-Lanzarote. Aena plantea 327,4 millones de euros de inversión y define expresamente el proyecto como una ampliación. Se incrementarán mostradores, controles de seguridad y pasaportes, superficies de espera, puertas de embarque y capacidad de recogida de equipajes, además de unir las dos terminales. Ecologistas en Acción incluye Lanzarote entre las expansiones canarias que considera climáticamente problemáticas y advierte de que facilitar más tráfico aéreo incrementaría las emisiones en un territorio dependiente del turismo.
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