Las plataformas de venta de tren piden que se les permita distribuir la oferta completa de todos los operadores

A juicio de Trainline, el proceso de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, que comenzó en 2022, no estará completado hasta que no se resuelvan las relaciones entre operadores y distribuidores. Una relación que debería estar resuelta antes de que acabe el año, según lo previsto en la Ley de Movilidad Sostenible.

Dicho proceso de liberalización ha impulsado la competencia en los viajes en tren, también en el ámbito de la venta y distribución de los billetes, donde han surgido nuevos actores. Además de las compañías, que cuentan con sus propios canales de comercialización, están las plataformas independientes, que no pertenecen a ningún operador y, en este nuevo contexto, “el sector necesita también unas reglas claras de juego”, afirma Guillermo Serrano, jefe de Relaciones Gubernamentales de Trainline. Reconoce que ha habido avances, pero son insuficientes..

Destaca el papel de estas plataformas como vínculo entre el operador que ofrece el servicio y el usuario que lo demanda. Por lo tanto, “juegan un rol importante dentro de la cadena de movilidad”, agrega, y aunque es un eslabón más, “un eslabón puede romper completamente la cadena de valor”, asevera.

Renfe, iryo y Ouigo, las tres compañías que compiten en alta velocidad en España. Fuente: IA/ Hosteltur.

Dinámicas más competitivas

Desde Trainline sostienen que no hay normas claras para los nuevos actores, que entre otros objetivos, deberían garantizar el acceso a todos los servicios y a la oferta completa de los operadores, incluida la reserva de asiento o el viaje con mascotas, así como contar con los datos en tiempo real.

Creen que la normativa debe recoger condiciones comerciales equilibradas “para que las plataformas puedan seguir ofreciendo el servicio y el valor que ofrecen, innovando e invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos”, comenta Guillermo Serrano. El propósito es disponer de una mínima remuneración que les permita cubrir los costes de distribución y a partir de ahí ambas partes puedan negociar las condiciones comerciales.

"En todos los mercados, a nivel europeo, en España también, se están dando unas condiciones desequilibradas en lo que se refiere a la remuneración de las plataformas” añade.

Señala que al igual que ocurre en el resto de Europa, los operadores que fueron monopolios públicos siguen teniendo una posición dominante en el mercado (en España, Renfe tiene un 60-65% del mercado, según los datos de esta plataforma).

Impulso a los viajes en tren

Las plataformas independientes de venta de billetes han contribuido a impulsar los viajes en tren y a fidelizar al cliente: "Atraemos a más usuarios al tren, generamos demanda adicional y ayudamos a llenar los trenes”, comenta el directivo. De hecho, según Trainline, aportan un millón de usuarios adicionales al año. Además, de acuerdo con los resultados de su último estudio, generan ahorros de 50 millones de euros anuales para los viajeros.

Al tiempo que mejoran la experiencia del cliente, porque “hacemos efectiva la competencia para el viajero en términos de mejores decisiones, mejores precios, más transparencia, más bienestar, mejor experiencia de viaje”, agrega.

Pero adiverte también que para mantener esta fidelización es necesario comercializar todos los servicios que ofrecen los operadores ferroviarios, al tiempo que reclaman que se elimine la burocracia que impide que los reembolsos sean más rápidos, como exigen los viajeros.

Sin marco regulatorio

Guillermo Serrano insiste en que actualmente no hay un marco regulatorio que incorpore esas cuestiones, pero “en España sí tenemos la solución, con un mandato democrático”: la Ley de Movilidad Sostenible. No obstante, es necesario todavía desarrollar el artículo 92 para establecer las condiciones de esos acuerdos, que se harían con garantías TRAND (siglas en inglés que significan justo, razonable y no discriminatorio), según subraya el jefe de Relaciones Gubernamentales de Trainline.

Pero el tiempo se agota: la citada ley fue aprobada el 5 de diciembre de 2025 y fija un plazo de 12 meses para que el Gobierno lleve a cabo el desarrollo normativo. Es decir, apenas quedan dos meses.