Colaboración público-privada para erradicar la oferta ilegal en Baleares

La reciente iniciativa del Govern de les Illes Balears de constituir una nueva Mesa de trabajo destinada a combatir el intrusismo, la competencia desleal y la oferta ilegal en el ámbito turístico y de servicios merece una valoración claramente positiva desde una perspectiva jurídica, institucional y socioeconómica. Nos encontramos ante un paso necesario —y largamente demandado por los sectores afectados— para afrontar de manera estructural y coordinada un fenómeno que distorsiona el mercado, erosiona la legalidad vigente y perjudica tanto a las empresas que cumplen la norma como al interés general.

La realidad económica y social de las Islas Baleares, altamente dependiente del turismo y de las actividades conexas, hace especialmente sensible el impacto de la oferta ilegal y del ejercicio de actividades al margen del ordenamiento jurídico. El intrusismo profesional, la prestación de servicios sin habilitación administrativa, la elusión sistemática de obligaciones fiscales, laborales y de seguridad, así como la proliferación de actividades no regladas, no constituyen meras irregularidades administrativas aisladas, sino auténticas disfunciones del sistema que afectan a la competencia, a la calidad del destino y a la confianza de consumidores y usuarios.

En este contexto, la creación de una Mesa específica representa un acierto institucional en la medida en que permite articular un espacio permanente de diálogo, análisis y propuesta, superando enfoques fragmentados o exclusivamente reactivos. Desde el punto de vista jurídico-administrativo, este tipo de órganos colegiados consultivos y de coordinación resultan especialmente adecuados cuando el problema a abordar es transversal, afecta a múltiples sectores y requiere la intervención concurrente de distintas administraciones y actores privados.

Resulta, además, esencial y plenamente justificado que en dicha Mesa estén representados los distintos agentes sociales y las organizaciones patronales empresariales de los sectores directamente afectados: alojamiento turístico, restauración, ocio y entretenimiento, guías turísticos, alquiler turístico, transporte de viajeros —incluyendo tanto el taxi como las plataformas de intermediación—, entre otros. La legitimidad y eficacia de este foro dependen, en gran medida, de que estén presentes quienes conocen de primera mano las dinámicas reales del mercado, las prácticas desleales que se producen y las formas concretas en que se manifiesta la oferta ilegal.

Desde una óptica jurídica, la participación de las patronales no solo es conveniente, sino coherente con los principios de buena regulación, gobernanza participativa y cooperación público-privada que inspiran el derecho administrativo contemporáneo. Las organizaciones empresariales aportan un conocimiento técnico y operativo que difícilmente puede ser suplido exclusivamente desde la administración, especialmente en sectores sometidos a una rápida evolución normativa, tecnológica y económica. Son estas entidades las que detectan antes y con mayor precisión los vacíos regulatorios, los incumplimientos sistemáticos y las nuevas modalidades de fraude o elusión de la norma.

La colaboración público-privada se revela, por tanto, como un elemento imprescindible para que la lucha contra la oferta ilegal sea real y efectiva, y no quede reducida a declaraciones de intenciones. Las patronales y asociaciones sectoriales no solo pueden contribuir al diagnóstico del problema, sino también a la definición de soluciones normativas realistas, proporcionadas y aplicables, evitando regulaciones desconectadas de la práctica o de difícil cumplimiento. Asimismo, su implicación favorece la corresponsabilidad y refuerza la cultura de legalidad en los propios sectores económicos.

Ahora bien, la constitución de la Mesa, por sí sola, no agota ni satisface las exigencias de una respuesta jurídica eficaz. Resulta extremadamente importante —y así debe subrayarse— que las conclusiones, acuerdos y propuestas que se adopten en su seno no queden en el ámbito meramente consultivo o programático, sino que se traduzcan de forma efectiva en normativa aplicable, planes de actuación concretos y mecanismos reales de control y sanción. Desde el punto de vista del principio de eficacia administrativa, carecería de sentido articular un espacio de consenso si posteriormente las decisiones no se incorporan al ordenamiento jurídico o a la praxis administrativa.

En este sentido, la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como de los distintos organismos administrativos competentes en materia de inspección, sanción y control —turismo, transporte, consumo, hacienda, trabajo, entre otros— resulta determinante. La persecución de la oferta ilegal exige coordinación interadministrativa, dotación suficiente de medios humanos y materiales, y una clara voluntad política de aplicar la norma sin excepciones ni tolerancias implícitas. La seguridad jurídica y la igualdad ante la ley se ven seriamente comprometidas cuando el incumplimiento sistemático no tiene consecuencias efectivas.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la lucha contra el intrusismo y la competencia desleal no responde únicamente a intereses corporativos o sectoriales, sino que conecta directamente con principios estructurales del ordenamiento: la libre y leal competencia, la protección de los consumidores y usuarios, la defensa del interés general y la garantía de un desarrollo económico sostenible y ordenado. Permitir que actividades ilegales proliferen supone, en última instancia, premiar al infractor y penalizar al operador que cumple con sus obligaciones legales, fiscales y laborales.

En conclusión, la creación de esta nueva Mesa por parte del Govern de las Islas Baleares constituye una iniciativa acertada y necesaria, alineada con las exigencias de una gobernanza moderna y eficaz. Su éxito dependerá, no obstante, de que la participación de los agentes sociales y patronales sea real y sustantiva, de que la colaboración público-privada se entienda como una herramienta estratégica y no meramente formal, y, sobre todo, de que los acuerdos alcanzados se materialicen en normativa efectiva y en una actuación decidida de los órganos de control y de las fuerzas de seguridad. Solo así será posible avanzar de manera firme y creíble en la erradicación de la oferta ilegal y en la defensa de un mercado turístico y de servicios basado en la legalidad, la calidad y la competencia leal.

Miquel Planas

Abogado de MONLEX

mplanas@monlexabogados.es