Europa negocia una reforma que debilita los derechos de los pasajeros aéreos

Tras casi 13 años de negociaciones desde que la Comisión Europea presentó su propuesta inicial en 2013, la reforma del reglamento europeo sobre los derechos de los pasajeros aéreos afronta ahora su fase decisiva entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Lo que durante años se ha presentado como una actualización necesaria de la normativa amenaza con convertirse en el mayor retroceso de los últimos años en la protección de los pasajeros europeos. Después de más de una década de bloqueo político, aprobar una mala reforma sería peor que no alcanzar ningún acuerdo.

La dificultad para cerrar esta revisión no es casual. Desde el principio, el debate ha estado marcado por profundas diferencias sobre el futuro de los derechos de los pasajeros en Europa. La propuesta original ya planteaba un claro debilitamiento de las garantías existentes y, más de una década después, los Estados miembros siguen sin encontrar una posición común. El prolongado bloqueo refleja precisamente la falta de consenso sobre hasta qué punto deben protegerse los derechos de los viajeros frente a los intereses de las aerolíneas.

Una reforma que recorta derechos en lugar de reforzarlosLa propuesta inicial suponía un cambio profundo en perjuicio de los pasajeros. Entre otras medidas, planteaba elevar hasta doce horas el umbral mínimo para recibir compensaciones por retraso, ampliar el alcance de las “circunstancias extraordinarias” y reducir las cuantías de las indemnizaciones. De haberse aprobado en esos términos, hasta el 75% de los pasajeros habría perdido su derecho a compensación y las aerolíneas habrían contado con más margen para evitar sus obligaciones legales.

El propio comisario europeo de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, reconoció tiempo después que ese enfoque ya no es aceptable y que la situación de los pasajeros no puede empeorar. La afirmación resulta reveladora, porque evidencia hasta qué punto las posiciones defendidas durante años priorizaron los intereses de las compañías aéreas frente a la protección de los consumidores.

Aunque las medidas discutidas actualmente son menos agresivas que las planteadas en 2013, la lógica de fondo no ha cambiado. Según las estimaciones disponibles, alrededor del 60% de los pasajeros perdería igualmente su derecho a compensación, mientras que cerca de un 20% recibiría indemnizaciones inferiores a las actuales. Al mismo tiempo, las aerolíneas dispondrían de más herramientas para invocar “circunstancias extraordinarias” y eludir pagos. El resultado sería un retroceso histórico en los derechos de los pasajeros europeos.

Gran parte de los compromisos que hoy se presentan como soluciones técnicas o pragmáticas implican, en realidad, consolidar criterios más restrictivos que los ya establecidos por la jurisprudencia europea. Entre las propuestas figura limitar el reembolso de gastos de hotel o transporte alternativo, pese a que actualmente existe la obligación de cubrir íntegramente esos costes. También se pretende modificar la definición de la hora de llegada del vuelo y fijarla en el momento en que el avión alcanza su posición de estacionamiento, en lugar de cuando se abren las puertas y el pasajero puede abandonar la aeronave.

Bajo la apariencia de una mayor claridad jurídica, muchas de estas modificaciones reducen derechos que ya están consolidados. Algo similar ocurre con la ampliación del número de vuelos anteriores que pueden utilizarse para justificar circunstancias extraordinarias. En la práctica, esto permitiría a las aerolíneas alegar incidencias ocurridas incluso días antes y con una relación apenas indirecta con el vuelo afectado, facilitando aún más que las aerolíneas eludan compensaciones.

El desequilibrio entre pasajeros y aerolíneas se agrava

Cada año se tramitan más de 100.000 procedimientos judiciales en Europa relacionados con los derechos de los pasajeros aéreos. Esta situación no solo supone una enorme carga para los tribunales, sino también largos tiempos de espera y nuevas molestias para los viajeros, que a menudo deben afrontar procesos complejos e incluso declaraciones testificales para reclamar compensaciones que ya les corresponden por ley. En más del 90% de los casos, además, las aerolíneas terminan perdiendo.

Estos datos dejan una conclusión clara: el problema no es la falta de un marco legal sólido, sino el incumplimiento sistemático de la normativa por parte de las compañías aéreas. La cuestión ya no es si los pasajeros tienen derechos reconocidos, sino si realmente pueden ejercerlos de forma efectiva y sin tener que acudir a los tribunales.

La experiencia de los pasajeros españoles confirma precisamente este deterioro. Según un estudio reciente de Flightright en España*, el 73% de los viajeros afectados por retrasos o cancelaciones asegura haberse sentido “completamente desatendido” por las aerolíneas, mientras que más de la mitad describe el proceso de reclamación como difícil o muy difícil. Estos datos reflejan que el principal problema hoy no es la ausencia de derechos sobre el papel, sino las enormes barreras prácticas para ejercerlos.

Sin embargo, la reforma actualmente en negociación no aborda estas deficiencias. Buena parte del debate se ha desplazado hacia cuestiones procedimentales y no hacia el verdadero problema: el abuso del concepto de “circunstancias extraordinarias” y las dificultades reales que afrontan los pasajeros para hacer valer sus derechos. Lejos de aportar claridad, las nuevas definiciones previstas amenazan con generar todavía más inseguridad jurídica y más litigios en los próximos años.

A esto se suma otro elemento especialmente preocupante, la propuesta contempla que sean las propias aerolíneas quienes informen a los pasajeros sobre la existencia de circunstancias extraordinarias en cada caso. En la práctica, esto permitiría que las propias compañías aéreas actúen como juez y parte.

Un modelo de comunicación unilateral como este puede disuadir a muchos pasajeros de reclamar desde el primer momento. La ausencia de mecanismos independientes de verificación y de una base de datos transparente refuerza aún más el desequilibrio entre pasajeros y compañías aéreas, debilitando la aplicación efectiva de unos derechos que, sobre el papel, ya existen.

Las medidas que siguen sobre la mesa incluyen algunos avances puntuales, como determinadas normas sobre el equipaje de mano, pero al mismo tiempo introducen recortes relevantes que reducen el efecto disuasorio de la normativa y debilitan derechos esenciales, especialmente en materia de compensaciones económicas. Todo ello, además, sin una evaluación de impacto suficientemente sólida ni para los pasajeros ni para el sector aéreo.

Lo que Europa necesita no es una reforma precipitada, sino un nuevo enfoque basado en los problemas reales: garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa, reforzar la transparencia en la toma de decisiones y establecer mecanismos independientes para evaluar las circunstancias extraordinarias. El proceso de negociación deberá resolverse antes del 15 de junio. Será entonces cuando Europa tenga que decidir si quiere preservar los derechos de los pasajeros o rebajarlos en nombre del compromiso político. Y si no se alcanza un acuerdo, quizá ese fracaso sea preferible a consolidar un retroceso para millones de pasajeros europeos.

*Encuesta realizada en España, Alemania, Italia y Francia entre 2.000 encuestados que ya han sufrido un retraso o una cancelación.