Cuando el Supremo molesta al lobby: la caída del Registro Único y la defensa del Estado de Derecho

Hace poco leí en un periódico un artículo en el que un representante del lobby hotelero lamentaba la caída del Registro Único de Arrendamientos de Corta Duración. Y conviene decirlo con claridad: lo verdaderamente preocupante no es que el Supremo haya tumbado ese sistema, sino que haya quien considere “penoso” que el Poder Judicial haga su trabajo.

En un Estado de Derecho, las normas tienen límites. La Administración no puede inventarse cualquier obstáculo bajo la excusa de ordenar el mercado, ni el Estado puede invadir competencias autonómicas porque a determinados sectores les parezca útil. El Registro Único no ha caído por una rabieta de los propietarios, ni por presión del sector de la vivienda turística, ni por una cuestión menor. Ha caído porque el Tribunal Supremo ha entendido que ese sistema invadía competencias, duplicaba controles y construía una barrera administrativa sobre una actividad que ya estaba regulada por comunidades autónomas, ayuntamientos y normativa sectorial. Es decir, el Supremo no ha desregulado nada: ha recordado algo elemental, que también la Administración está sometida a la ley.

Durante años se ha intentado construir un relato de demonización contra la vivienda turística. Primero se dijo que operaba al margen de la legalidad. Falso. La vivienda turística está regulada desde hace décadas en distintas formas normativas (p.e: Real Decreto 2877/1982, de 15 de octubre, de ordenación de apartamentos turísticos y de viviendas turísticas vacacionales). Después se dijo que no pagaba impuestos. Falso. La inmensa mayoría de operaciones, o casi todas, se cobran por banco, dejan trazabilidad fiscal y están sometidas a tributación como cualquier otra actividad económica o rendimiento inmobiliario. Más tarde se dijo que generaba turismo de mala calidad. También falso. Hay viviendas turísticas excelentes, mediocres y malas, igual que hay hoteles excelentes, mediocres y malos. Si vamos a hablar de calidad turística, quizá habría que recordar también los balconing, las sobreocupaciones, las intoxicaciones alimentarias, las experiencias lamentables en determinados establecimientos y muchas otras realidades incómodas que rara vez aparecen cuando algunos sectores se presentan a sí mismos como guardianes exclusivos del turismo de calidad.

La realidad es mucho más sencilla: la vivienda turística compite. Y eso molesta. Molesta porque permite a pequeños propietarios participar en el mercado turístico. Molesta porque distribuye renta fuera de los grandes operadores. Molesta porque democratiza parte del negocio del alojamiento. Molesta porque rompe el monopolio emocional de quienes parecen creer que el turismo les pertenece por derecho natural. Y cuando no han conseguido expulsarla por la vía del relato, han intentado hacerlo por la vía regulatoria, añadiendo capa tras capa de burocracia, controles, autorizaciones, registros y obstáculos administrativos.

Por eso la caída del Registro Único no es una desgracia. Es una magnífica noticia para el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo ha recordado que la finalidad política de una norma no convierte en legal una norma ilegal. No se puede combatir una supuesta ilegalidad creando una ilegalidad mayor. No se puede defender el cumplimiento de la ley despreciando una sentencia del Supremo. No se puede invocar la seguridad jurídica mientras se aplauden normas que generan duplicidad, inseguridad y barreras innecesarias. Y no se puede hablar de turismo responsable mientras se pretende expulsar del mercado a pequeños propietarios que cumplen con sus obligaciones.

Lo más revelador de esta reacción es que algunos sólo parecen respetar el Estado de Derecho cuando les beneficia. Si una norma les ayuda a cerrar el mercado, la aplauden. Si el Poder Judicial dice que esa norma era ilegal, entonces la sentencia se convierte en algo “penoso”. Pero el Poder Judicial no está para confirmar los deseos regulatorios de ningún lobby. Está para controlar que los poderes públicos actúen dentro de la ley. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí.

El sector turístico no necesita más trincheras, más demonización ni más relatos interesados. Necesita reglas claras, seguridad jurídica, igualdad de trato y respeto a la ley. Para todos. También para las viviendas turísticas. También para los pequeños propietarios. También para quienes no forman parte de los grandes grupos de presión. Porque la libertad de empresa no es una concesión graciosa del sector dominante, la propiedad privada no es una anomalía que deba tolerarse con resignación y el turismo es demasiado importante como para dejarlo en manos de quienes confunden regulación con expulsión del competidor.

Así que no, lo penoso no es que haya caído el Registro Único. Lo penoso es que algunos se enfaden cuando el Supremo les recuerda que no todo vale. Lo penoso es llamar defensa de la legalidad a lo que en realidad es defensa del propio trozo de pastel. Y lo terrible es que, cuando el Estado de Derecho impide quitarle el bocadillo al de al lado, algunos reaccionen como niños en el patio a los que regañan por abusones.

Álvaro Graciani. Economista, Abogado y Consultor Turístico.