3 noviembre, 2026 (10:18:25) Por Monlex Abogados, en Innovación
Licencias atascadas y juzgados saturados, ¿puede ayudar la IA?
Quien gestiona un hotel, un restaurante o una empresa de ocio conoce bien la experiencia de esperar. Se espera una licencia de actividad que permita abrir antes de la temporada, una autorización para reformar habitaciones, la resolución de un recurso contra una sanción o una sentencia que cierre un conflicto con un proveedor o un antiguo empleado. En muchos territorios de España y de Latinoamérica esos plazos se miden en meses, a veces en años, y cada semana de retraso tiene un coste que no consta en ningún expediente pero sí en la cuenta de resultados.
La inteligencia artificial aparece hoy como una de las vías más prometedoras para aliviar esa congestión. Sería un error, sin embargo, verla como un remedio inmediato o como un sustituto del funcionario y del juez. Su valor real depende de cómo se introduzca, y todo aconseja hacerlo de forma progresiva, con reglas claras y bajo una supervisión humana que no desaparezca en ningún momento.
Dónde puede marcar la diferencia
Buena parte del tiempo de una administración se dedica a tareas que poco tienen que ver con decidir. Clasificar la documentación que entra por registro, comprobar si una solicitud llega completa, extraer datos de certificados y proyectos técnicos, preparar requerimientos de subsanación o contestar consultas que se repiten a diario son labores necesarias pero mecánicas. Ahí es donde estas herramientas pueden devolver horas de trabajo cualificado.
En los juzgados sucede algo parecido. Ordenar expedientes voluminosos, localizar jurisprudencia, transcribir vistas, anonimizar resoluciones o agrupar asuntos que plantean una misma cuestión jurídica son actividades que la tecnología puede agilizar sin invadir el núcleo de la función judicial, que sigue siendo valorar la prueba, interpretar la norma y resolver.
Para el sector turístico el efecto sería tangible. Un expediente de apertura que no queda semanas pendiente de una revisión documental rutinaria, una inspección mejor planificada, una ventanilla que aclara con rapidez qué requisitos se exigen o un pleito que no se paraliza por falta de medios son mejoras que se traducen en inversión, empleo y competitividad de los destinos.
Por qué conviene ir despacio
La prudencia no responde aquí a una desconfianza hacia la tecnología, sino a la propia naturaleza de lo público. Una administración no puede probar una herramienta y retirarla sin más si no da resultado, porque sus actos afectan a derechos, deben estar motivados y han de poder revisarse. Una resolución apoyada en un análisis defectuoso, en un sesgo oculto en los datos o en una referencia normativa que simplemente no existe (riesgo bien conocido por quienes trabajan a diario con estos sistemas) puede causar indefensión y acabar generando más recursos y más atasco del que pretendía resolver.
El legislador europeo ya ha tomado nota. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea considera de alto riesgo los sistemas destinados a asistir a los órganos judiciales en la interpretación de los hechos y del Derecho, y les impone exigencias reforzadas de calidad de datos, transparencia y control humano. A ello se suman la normativa de protección de datos, que limita las decisiones basadas únicamente en tratamientos automatizados, y las reglas de procedimiento administrativo, que obligan a identificar previamente al órgano responsable de cualquier actuación automatizada. En España, la legislación de eficiencia digital de la Justicia distingue ya entre actuaciones automatizadas y actuaciones asistidas, en las que el sistema propone y la persona decide. Varios países latinoamericanos avanzan en la misma dirección mediante estrategias nacionales y proyectos piloto que comparten esa lógica de control.
Una hoja de ruta sensata
La implantación razonable empieza por lo pequeño. Lo lógico es identificar primero las tareas repetitivas y de escaso impacto, probar las herramientas con datos ficticios o debidamente anonimizados, medir los resultados con honestidad y solo entonces extender su uso a procesos de mayor relevancia. Cada paso debería quedar documentado, de manera que siempre pueda saberse qué sistema intervino, con qué información trabajó y quién validó el resultado.
Igual de importante es escoger bien la tecnología. No parece prudente que se introduzca información de ciudadanos y empresas en aplicaciones de uso general sin garantías sobre dónde se almacenan los datos y con qué fines se reutilizan. Lo adecuado es apostar por entornos controlados, contratados con condiciones exigentes de confidencialidad, seguridad y auditoría.
Nada de esto funcionará sin formación. El personal público necesita conocer las posibilidades y los límites de estas herramientas, distinguir cuándo una respuesta merece confianza y cuándo exige comprobación, y tener presente que firmar una resolución sigue siendo un acto de responsabilidad personal que ninguna máquina puede asumir.
Un interés compartido
Hoteleros, restauradores y empresarios del ocio tienen mucho en juego en este proceso. No les conviene una Administración que siga desbordada, pero tampoco una que automatice decisiones sin garantías y multiplique los conflictos. Lo deseable es una incorporación serena, gradual y transparente, que devuelva a funcionarios y jueces el tiempo que hoy pierden en tareas mecánicas para dedicarlo a lo que de verdad requiere criterio. Las empresas pueden contribuir presentando solicitudes completas y bien estructuradas, y participando en las consultas públicas que acompañen estas reformas.
La tecnología ya está disponible. El desafío es institucional, y de cómo se afronte dependerá que la inteligencia artificial sea un alivio real para el sistema o una nueva fuente de litigios.
Miquel Planas
Abogado de MONLEX
mplanas@monlexabogados.es
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