El Gobierno canario aún puede demandar que se le transfiera la gestión de los aeropuertos

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Canarias contra la privatización de Aena

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso introducido por el Gobierno de Canarias contra la privatización de Aena, alegando que las previsiones del estatuto de esa comunidad insular sobre la posible gestión autonómica de los aeropuertos canarios no impiden al Estado vender parte del accionariado de la empresa. No obstante, el tribunal ha dejado una puerta abierta, señalando que, una vez privatizado el 49% del gestor aeroportuario, el Gobierno canario podría demandar que se le transfiera la gestión de los aeropuertos del archipiélago, pero eso daría lugar a otro procedimiento que no tiene que ver con la causa actual.

Asimismo, el máximo tribunal desestima la ampliación de este recurso del Gobierno canario al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de enero de 2015, por el que se autorizaba la enajenación de hasta un 49% de las acciones de Aena mediante oferta pública de venta (OPV).

Hace un año, en febrero del año pasado, el Tribunal Supremo admitió a trámite la petición de Canarias de suspender la privatización de Aena. La demanda del Gobierno de Canarias solicitaba que se declarase la nulidad parcial de ambos acuerdos del Consejo de Ministros y se excluyera de los mismos la gestión de los aeropuertos de interés general ubicados en el archipiélago canario.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Canarias contra la privatización de AenaEl Tribunal Supremo rechaza el recurso de Canarias contra la privatización de Aena

El recurso canario

El año pasado, el Gobierno presidido por Paulino Rivero (CC) recurrió la privatización del 49% del capital de Aena apoyándose en el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía, que dispone que corresponde a Canarias la gestión de sus puertos y aeropuertos de interés general "cuando el Estado no se reserve su gestión directa".

El Gobierno canario sostenía que esa gestión directa por parte del Estado no se garantizaba una vez que había pasado a manos privadas casi la mitad del capital social de Aena, por lo que exigía que, al menos, quedaran fuera de la privatización los ocho aeródromos del archipiélago.

En una sentencia fechada el 10 de febrero, el Supremo reconoce la legitimidad del Gobierno de Canarias para impugnar ese acuerdo del Consejo de Ministros, aunque no encuentra fundamentos para atender su petición.

La Sala de lo Contencioso Administrativo indica al respecto que el Gobierno canario "no esgrime precepto o título competencial que impida al Estado vender una parte minoritaria del capital de dicha entidad". Añade que "cuestión distinta es que, una vez privatizado el 49% de Aena, el Gobierno canario pueda demandar que se le transfiera la gestión de los aeropuertos, pero eso daría lugar a otro procedimiento que no es el objeto de este litigio".

 

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