El cese de operaciones de Spanair ha vuelto a poner en evidencia el sistema de protección de los pasajeros, y la situación en que quedan las agencia de viajes. Ante la falta de iniciativa pública, las grandes online plantean la solución del seguro privado.

Así lo ha manifestado ETTSA, asociación europea que integra a las grandes agencias de viajes online, entre ellas Expedia, Odigeo (eDreams, Go Voyages, Opodo y Travellink) y Ebookers. Esta asociación señalan que el sistema de protección al pasajero tiene “deficiencias”, ya que si bien los pasajeros que contrataron paquetes están protegidos ante los riesgos de quiebras aéreas, los que hicieron la reserva directa con la aerolínea se enfrentan a un laberinto jurídico, si quieren resarcirse del daño soportado.

Ante esto, y partiendo del último caso de cese aéreo (Spanair), las grandes agencias online europeas plantean que en el Reino Unido se incluya a las compañías aéreas en el ATOL (Air Travel Organisers' Licensing), en nombre de la igualdad de condiciones para agencias de viajes y compañías aéreas.

 Pero no sólo las online, las presenciales llevan tiempo insistiendo en lo mismo, y antes del caso Spanair. ABTA ha reiterado la necesidad de reformar el ATOL para dar entrada a las aerolíneas.  

El ATOL es un seguro de protección para los turistas en caso de quiebra del turoperador. Si un operador turístico suscrito a ese seguro falla, el sistema de ATOL asegura a los clientes un contrato para garantizar el regreso a su ciudad de origen, sin gastos extras. El ATOL cuesta a la agencia 29 euros por reserva.

La integración de las aerolíneas en este seguro pondría solución a los miles de casos que cada quiebra aérea deja pendientes de la vía judicial..

En España, el CPV

Con ese precedente, recientemente en España ha hecho aparición el Certificado de Protección al Viajero (CPV), que pagado por los turoperadores (con un precio estándar de dos euros por pasajero), y con coste cero para clientes y agencias de viajes (aunque el turoperador es libre de repercutirlo), cumple un objetivo asimilable al ATOL.

El caso es que, en teoría, los derechos de los consumidores están protegidos por las diferentes normativas legales en materia turística. En concreto, y en el caso de las agencias de viajes y turoperadores, los avales que estas empresas tienen depositados en la administración, están para resarcir a los clientes afectados por quiebras. No obstante, la práctica dice que no son operativos para resolver problemas con carácter inmediato, y el consumidor tiene que poner de su bolsillo los gastos a la espera de la reclamación posterior.

En este caso, cabe recordar que los pasajeros afectados por la quiebra de Air Madrid, en 2006, han comenzado esta semana ahora a cobrar los billetes y gastos, seis años después.

Por su parte, CEAVYT tiene previsto pedir al Gobierno que se cree un fondo de garantía.

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