El Supremo dominicano ordena investigar una sentencia contra Barceló

El fallo, que ya fue apelado por los condenados, fue emitido por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia de la provincia La Altagracia, en el este dominicano, y será investigado por la Inspectoría Judicial, según una nota de la SCJ.

La medida fue ordenada por el presidente del Consejo de Poder Judicial y de la SCJ, Mariano Germán Mejía, después de que el grupo hotelero reclamara esta semana, a través de un espacio pagado en periódicos locales, al presidente del país, Leonel Fernández, y al Poder Judicial seguridad jurídica para sus inversiones.

El Tribunal Colegiado de Primera Instancia de la provincia La Altagracia condenó en noviembre pasado a cinco años de prisión a los ejecutivos de la empresa española en el país Pedro Linares, José Torres, Juan Marqués, Rafael Cedano y Adrian Mercedes bajo la imputación de robo agravado y asociación de malhechores.

Esto después de que la Constructora López Carías, representada por Pedro Sepúlveda, les denunciara por la supuesta desaparición mediante embargo de unos ajuares y mercancía que guardaba esta compañía en unos locales que había alquilado a Hotelera Bávaro, dentro del complejo Barceló.

La defensa del grupo español aseguró que el contrato de alquiler ya había vencido y que la citada constructora tenía, también, una deuda acumulada, por lo que Hotelera Bávaro "ejerció su derecho legítimo de requerir las llaves y desocupación de los locales alquilados, tal y como fue convenido" en el contrato.

Afirmó, además, que la mercancía y los bienes "fueron puestos a disposición de la Constructora, pero ésta se negó a recogerlos e inició procesos penales temerarios por alegado robo agravado y asociación de malhechores".

La defensa del grupo español argumentó, sin embargo, que los jueces del Tribunal que condenó a los ejecutivos, "convirtió un simple caso de embargo ejecutado de acuerdo a la ley, en una querella de robo agravado y asociación de malhechores".

La empresa recordó esta semana que este fallo fue dictado en la misma fecha en la que el embajador británico, Steven Fisher, denunció casos de corrupción, sobornos e inseguridad jurídica que afectan a inversiones de su país en la República Dominicana.