La reforma de la Ley de Costas que prepara el Gobierno tendrá una "importancia trascendental" para el tejido empresarial turístico, según ha advertido la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB). Por ejemplo, se prevén concesiones administrativas a 75 años, en lugar de los 30 años actuales. Por su parte, el grupo ecologista Greenpeace denuncia que dicha reforma "derroca las garantías de protección ambiental actuales ya que amnistía las ilegalidades urbanísticas, a la carta, y privatiza varios tramos de la costa española".

La modificación de la Ley de Costas está contemplada en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT). "Compatibilizar el objetivo de la Ley con un aprovechamiento turístico respetuoso con los derechos de los ciudadanos y la sostenibilidad de nuestras costas requiere una reforma de la misma para poner en valor el litoral", explica dicho documento oficial.

Por todo ello, la reforma de la Ley de Costas contempla cinco ámbitos clave de actuación, tal como recoge el PNIT:

1.- "Revisión y modificación de la Ley de Costas a fin de proteger los derechos legítimos de quienes poseen viviendas o pequeñas parcelas en zonas costeras que no suponen un impacto negativo sobre el medioambiente costero".

2.- "Ante el problema en la percepción de la imagen de calidad y equidad en los chiringuitos de nuestras costas se trabajará en el establecimiento de criterios mínimos de infraestructuras y servicios para la adjudicación, tarificación de productos y homologación de chiringuitos".

3.- "Ampliar las concesiones del uso del dominio público costero más allá de los 30
años y estudiar la posibilidad de hipotecar los mismos. Además, a los concesionarios se les hará 'corresponsables' de la conservación del lugar donde ejercen su actividad".

4.- "Uso puntual de playas: facilitar la posibilidad de usar determinadas zonas del dominio público marítimo terrestre, mediante la suscripción de convenios con la Dirección General de Costas, para la celebración de ciertos eventos de interés general con repercusión turística".

5.- "Eliminar las trabas que impiden la realización de obras de modernización en los edificios e instalaciones emplazados en la zona de servidumbre de tránsito y de protección, manteniendo la prohibición de que no se aumente el volumen edificado".

Protestada organizada por Greenpeace en Tenerife el pasado 28 de julio contra la reforma de la Ley de Costas. Foto: Greenpeace.
Protestada organizada por Greenpeace en Tenerife el pasado 28 de julio contra la reforma de la Ley de Costas. Foto: Greenpeace.

Suspensión de acuerdos adoptados por entidades locales

Pero hay más. Según explica la patronal balear CAEB, "entre algunas de las modificaciones de mayor relevancia incluidas en el anteproyecto, se encuentra la posibilidad de suspensión automática en vía administrativa de los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección". Las entidades locales pueden ser ayuntamientos, cabildos, etc.

Además, el anteproyecto de ley también prevé "la introducción de regímenes diferenciados para las playas urbanas y playas naturales; cambios en las transmisiones, y en la normativa referente a las concesiones administrativas, cuya duración en el régimen general pasa de 30 a 75 años".

La patronal CAEB ha convocado una sesión informativa sobre la modificación de la Ley de Costas, acto que tendrá lugar el próximo viernes 21 de septiembre a las 12:30 horas en su sede (Aragó, 215 2º - Palma).

La patronal hotelera CEHAT ya solicitó el pasado mes de abril la reforma de la Ley de Costas "para evitar incertidumbres en numerosos establecimientos turísticos españoles". Ver la noticia Los hoteleros exigen la consideración del turismo como sector estratégico.

Concesiones privadas más allá del año 2100

Por su parte, el grupo ecologista Greenpeace sostiene que el nuevo anteproyecto de Ley "renuncia a la protección ambiental; no incorpora términos como biodiversidad o espacios naturales protegidos; sólo habla de terrenos, obras, instalaciones, usos y autorizaciones; y cede un terreno de alto valor ambiental y social a la especulación, otorgando suelo público a concesiones privadas que van más allá del año 2100".

Según sostiene Greenpeace, "la supuesta mala aplicación de la anterior Ley de Costas que argumenta el Gobierno actual es lo que permitirá ahora su reforma, y dará la razón, cual traje a medida, a los particulares y empresarios que han perdido pleitos por deslindes o invadir el dominio público marítimo-terrestre. Pero además se permite, entre otras cosas, poner en venta estas edificaciones en terreno público, lo que fomenta la especulación".

Según advierte el grupo ecologista, la reforma de la Ley de Costas "pretende la privatización de al menos la mitad de la isla de Formentera, una de las islas mejor conservadas del Mediterráneo. Y por ello obliga a realizar un nuevo deslinde sobre ella, pese a que el vigente ha sido ratificado por al menos diez sentencias firmes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo".

Ver también la nota de prensa Grupos ecologistas solicitan parar la reforma de la Ley de Costas difundida ayer por la plataforma de asociaciones "No a nuestra costa"

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1 comentarios.
  • 1Rosamaría11/09/2012 20:09:46Más comentarios del lector
    Y mis padres tienen que pagar un canon de 2000 € al año por su casa, una que compró mi abuelo en 1933. No está ni en la playa ni en la ría, si no en un arrollo que da a la Ría de Tina Mayor. No puedo con la impotencia que siento.

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