Consecuencia de la desregularización del espacio aéreo europeo, según Felipe Navío

Las autoridades españolas sólo supervisan un tercio del tráfico aéreo en España

De seguir la tendencia, las compañías aereas españolas representarán sólo el 20%

Publicada 24/09/12 -Actualizada 15/07/18 23:29h
Las autoridades españolas sólo supervisan un tercio del tráfico aéreo en España

Las aerolíneas españolas operan actualmente solo un tercio del tráfico aéreo con origen o destino en España, volumen que es supervisado de manera directa por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, según la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA).

Esto supone que se dé la "paradoja" de que las autoridades españolas no sean competentes para auditar y en su caso sancionar a las compañías que realizan la mayor parte del tráfico aéreo en España.

Según su presidente, Felipe Navío, esta situación es consecuencia de la "desregulación del espacio aéreo europeo", que permite a cualquier compañía aérea europea operar desde cualquier país de la UE, con una capacidad de penetración en el mercado superior a las tradicionales, en el caso de las low cost.

En Europa, la responsabilidad de regular y supervisar la seguridad aérea recae en la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) con sede en Colonia (Alemania), mientras la actividad aérea de compañías registradas en nuestro país corresponde a la Agencia de Seguridad española. No obstante, las normas y reglamentos son comunes y de obligado cumplimiento en el seno de la UE.

"Un mercado único con empresas que operan indistintamente en distintos países de la UE, donde abundan las uniones entre aerolíneas, (...) no puede estar supervisado siguiendo criterios de dividir la responsabilidad en función de dónde se matricule el avión", lamentó Navío en un artículo.

Por ello, apoyó el planteamiento de Fomento de mejorar la capacidad de supervisar las actividades de vuelo en España, independientemente de la nacionalidad de la compañías aérea

Fuentes del sector señalaron a Europa Press que la aviación está "fuertemente regulada, auditada y controlada, especialmente en Europa". En cuanto al combustible, se considera que la aerolínea irlandesa, que opera alrededor de 1.500 vuelos diarios, se sitúa "poco por encima de la normativa", si bien no llega a incumplirla.

Compañías tradicionales

Pese a que su auge ha popularizado los viajes de avión, para beneficio de los usuarios, este nuevo modelo ha provocado también efectos negativos con "fuertes ajustes" en las compañías aéreas españolas durante los últimos años.

Su necesidad de adaptación a las nuevas condiciones de mercado ha causado la desaparición de aquellas que "no han sido capaces de aguantar este empuje" y en otros casos, "ha conllevado una escalada de conflictividad laboral", recordó.

Para Navío, de seguir esta tendencia, en "pocos años la participación de las empresas nacionales en el tráfico aéreo en España será inferior al 20%".

Como características del nuevo modelo de bajo coste se refirió a precios más competitivos, modelos más ágiles de gestión y mayor uso de las tecnologías, y como contrapartida "competencia desleal debido a la precarización de la mano de obra, subvenciones con visión a corto plazo o la promoción del tráfico en un Estado con competencias dispersas y descoordinadas".

Navío, decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos, reconoció "la devaluación significativa de las condiciones laborales de los profesionales" del sector aéreo y el consecuente aumento de la emigración de trabajadores cualificados, pese a que la gran mayoría de los profesionales de las empresas extranjeras que operan en España proceden de compañías nacionales desaparecidas.

Ryanair

Ante los últimos incidentes protagonizados por Ryanair, las denuncias de algunos colectivos profesionales y las noticias recogidas en los medios de comunicación, mostró su preocupación por la imagen de desconfianza que puede trasladarse a la opinión pública.

"Son nuestras autoridades las que en primera instancia, y los tribunales finalmente, los que deben establecer si efectivamente se están cometiendo las irregularidades y abusos mencionados y poner en marcha las actuaciones y evitar que se repitan", opinó, para añadir que el debate debe estar "en los foros adecuados y no en los medios de comunicación".

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