Los ciudadanos se pronuncian sobre las conclusiones del estudio

CNMC cierra la consulta sobre economía colaborativa con 1.150 respuestas

Publicada 03/06/16 -Actualizada 03/07/18 22:58h
CNMC cierra la consulta sobre economía colaborativa con 1.150 respuestas
  • El estudio se inició en noviembre de 2014 con el lanzamiento de una consulta pública, que recibió 261 respuestas
  • Autoridades de competencia, consumidores y universidades dan su apoyo a los nuevos modelos de negocio
  • Los sindicatos y agrupaciones de trabajadores son muy críticos con esta actividad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recibido un total de 1.150 respuestas a la consulta pública sobre las conclusiones de su estudio sobre los Nuevos Modelos de Prestación de Servicios y la Economía Colaborativa, que finalizó el pasado 15 de abril. Un documento que causó gran malestar en el diferentes ámbitos del sector porque recomienda una mayor libertad de acceso al mercado del taxi y al de viviendas de uso turístico.

El estudio se inició en noviembre de 2014 con el lanzamiento de una consulta pública -recibió 261 respuestas-. Tras realizar la investigación, un año y medio después de nuevo compartió con la opinión pública, durante un mes, las 14 conclusiones preliminares del estudio. De éstas, seis están relacionadas con cuestiones generales de la economía colaborativa, tres corresponden al alojamiento en viviendas de uso turístico, cuatro al transporte en taxi y vehículos con conductor (VTC) y una al transporte regular de viajeros en autobús.

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Las respuestas recibidas muestran que los miembros de autoridades de competencia y de regulación, organizaciones de consumidores y universidades perciben estos nuevos modelos de negocio como una oportunidad para la mejora del bienestar social, la regulación y la competencia (con valoraciones de 4,4, 4,3 y 4,2 sobre 5, respectivamente).

Los usuarios valoran poder actuar como oferentes y disponer de más variedad de productos y servicios gracias a las posibilidades que ofrece la economía compartida.

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Por el contrario, los sindicatos y agrupaciones de trabajadores son muy críticos con estos modelos, sobre todo porque piensan que se les debe exigir el pago de impuestos como al resto de las empresas.

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