El Gobierno balear crea un impuesto sobre el alquiler de coches para regular el sector

El Gobierno de Baleares aplicará el año que viene un nuevo tributo propio que gravará el alquiler de coches sin conductor con el fin de regular el sector. Sus fondos, unos 14 millones de euros, se destinarán a paliar el déficit sanitario, según figura en el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos para 2006. Este proyecto de ley será presentado mañana en el Parlamento autonómico junto con los presupuestos. El consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Lluís Ramis de Ayreflor, indicó que los ingresos estimados por el nuevo impuesto propio sobre el alquiler de coches se situarán en aproximadamente los 12,5 millones de euros, a lo que se debe sumar la cuantía aproximada de 1,5 millones que el Ejecutivo balear prevé recaudar por las tasas que le acompañan. Ramis de Ayreflor subrayó que el objetivo principal de este "novedoso" impuesto propio, que no existe en ninguna otra comunidad autónoma, es "regular una actividad económica" sobre la que no existe control y en la que se da una situación de "competencia desleal". Para ello se establecerán tres maneras de determinar la base imponible: de forma directa, objetiva e indirecta. La fijación directa consta de una parte fija, según los días que se alquile el vehículo, y otra variable, de acuerdo con el número de kilómetros recorridos. La objetiva comprende el cálculo de variables como el número de vehículos que se tienen durante el año y las veces que suelen estar alquilados los automóviles. Y la indirecta fija la base imponible por medio de la ley tributaria. Se crea también un registro de coches de alquiler con unas tarifas de alta y baja de vehículos inscritos, con el que la Administración desea controlar el parque de vehículos del sector, que un informe de la Consejería de Obras Públicas sitúa en 35.000. Fuentes de las asociaciones empresariales elevan esta cifra hasta 50.000. Con estas medidas, que han sido pactadas con la Agrupación Empresarial de Vehículos de Baleares (Aevab), se pretende, según indicó Ramis de Ayreflor, lograr la "desincentivación" de las empresas que se dedican a la adquisición de coches, que alquilan durante unos pocos días con tal de cumplir la ley, para exportarlos después al extranjero, tras haber pagado un precio más bajo de matriculación. Según expuso el presidente de Aevab, Ramón Reus, el sector acepta el "sacrificio" que representa la aplicación de un nuevo impuesto para lograr que desaparezcan los 25.000 vehículos dedicados a la exportación que a su juicio sobran cada año en Baleares, que son puestos en alquiler por unos precios entre 10 y 15 euros por parte de una decena de empresas, una práctica que definió como "ilegal". El consejero añadió que este impuesto también tiene un objetivo medioambiental, basado en el principio de "el que contamina paga", por el que se gravan las emisiones de C02 de los vehículos.