España: La SEPI adjudica Trasmediterránea al grupo Acciona por 259 millones de euros

Publicada 31/07/02
España: La SEPI adjudica Trasmediterránea  al grupo Acciona por 259 millones de euros
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicó ayer el 95,24 por ciento de la naviera Trasmediterránea, a la oferta liderada por el grupo Acciona por un montante de 259 millones de euros, según explicó en rueda de prensa el presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, en la que también estuvieron presentes el vicepresidente de Acciona, Juan Sáez y el vicepresidente de la SEPI, Jordi Dagá.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adjudicó ayer el 95,24 por ciento de la naviera Trasmediterránea, a la oferta liderada por el grupo Acciona por un montante de 259 millones de euros, según explicó en rueda de prensa el presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo, en la que también estuvieron presentes el vicepresidente de Acciona, Juan Sáez y el vicepresidente de la SEPI, Jordi Dagá. Tras esta adjudicación, que deberá ser ratificada por consejo de Ministros -probablemente a finales de septiembre- previo dictamen del consejo consultivo de privatizaciones, el grupo adjudicatario deberá realizar una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el cien por cien de las acciones a un precio de 45 euros por acción, por lo que el precio final pagado por la compañía sería de 272 millones de euros. Además, el consorcio adjudicatario asume el pasivo de la naviera, cifrado en 210 millones de euros. De esta forma, el precio final ascendería a 482 millones de euros. Posteriormente, y en un plazo máximo de seis meses desde la finalización de la OPA, el propietario debe optar por la exclusión de la cotización de la compañía en bolsa o mantenerla como compañía cotizada pero adoptando las medidas adecuadas para elevar su liquidez bursátil. El consorcio liderado por el grupo Acciona, que ostenta el 55 por ciento del capital, está integrado por el Grupo Matutes (12 por ciento), la Caja de Ahorros del Mediterráneo (15 por ciento), el grupo Armas (8 por ciento) y el grupo Aznar (8 por ciento). Este grupo asume el contrato vigente con el Estado hasta su vencimiento, la obligación de mantener hasta enero de 2008 -un año más de lo exigido por SEPI- la unidad de la empresa, la sede social en España, una participación mínima que asegure la mayoría y el control de la compañía, así como sus fondos a 31 de diciembre de 2001. Asimismo, se compromete a mantener la plantilla fija y las condiciones laborales existentes, de acuerdo con los requisitos impuestos por SEPI al inicio del proceso. Según destacó Ruiz-Jarabo, este grupo ha sido el elegido ya que "presentó el mejor plan industrial y las mayores garantías para asegurar el futuro de la compañía, así como el mejor precio". Por su parte, el vicepresidente de Acciona indicó que el consorcio "no se limitará en las inversiones y realizará todas las que se presenten sin poner un techo económico, eso sí, si tienen sentido y un retorno aceptable. Asimismo, dijo que el presidente de la compañía será el que ostenta este cargo en la actualidad, Miguel Angel Fernández Villamandos, "si acepta seguir en el puesto". La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anunció la suspensión de las cotizaciones tras conocerse la adjudicación de la compañía. El plan industrial propuesto por el grupo liderado por Acciona tiene como objetivo convertir a Trasmediterránea en "líder europeo en el sector de operadores de ferry" y desarrollar su potencial de crecimiento en mercados en los que opera y en los que su presencia pueda ser rentable. Para ello, el consorcio pretende poner en marcha un plan estratégico de expansión en transporte de pasajeros y mercancías; prestar especial atención a mercados y segmentos en los que pueda alcanzar o consolidar su liderazgo sin perjuicio de los compromisos adquiridos con el Estado; iniciar un plan de marketing para aumentar sus ingresos y explotar las sinergias y economías de escala latentes entres las diferentes compañías que integran el grupo adjudicatario. En concreto, en el segmento de pasajeros el consorcio aumentará su presencia en el mercado de turoperadores; mejorará los tiempos de travesía y los servicios a bordo en Península-Canarias; promocionará 'destinos' en lugar de 'trayectos'; mejorará la calidad de los servicios de a bordo; realizará promociones en temporada baja y explorará la posiblidad de realizar alianzas con compañías extranjeras, operando en áreas geográficas con picos estacionales diferentes del mercado español. Dentro del Plan Industrial el consorcio incluye el compromiso de realizar las inversiones necesarias para el mantenimiento y reposición durante los próximos años a través de los flujos de caja de la compañía y, en el caso de que se adquieran nuevos buques, esta compra se efectuará preservando la solidez del balance. El grupo liderado por Acciona también se compromete a desarrollar planes trienales de formación para personal de mar y tierra, con al menos 20.000 horas lectivas de formación, a poner en marcha un programa de salud y seguridad laboral y a incrementar la plantilla si se materializan las nuevas rutas y líneas previstas. Según explicó el presidente de la SEPI, este consorcio se ha comprometido a aportar un aval bancario por un importe de 42 millones de euros para el cumplimiento de los cinco puntos principales, así como del resto del plan industrial y cuenta con unos fondos propios de 1.962 millones de euros. "El precio de venta de Trasmediterránea no llega al 15 por ciento de esos fondos propios", destacó positivamente Ruiz-Jarabo. El presidente de la SEPI hizo un repaso al proceso privatizador, que se inició el 21 de octubre y en el que finalmente concurrieron seis ofertas vinculantes. Respecto a si se recibió una oferta mayor a la realizada por Acciona por parte de Boluda fuera de plazo, Ruiz-jarabo dijo que "lo que llega fuera de plazo ni siquiera es oferta". Asimismo, destacó que la presencia del ex-ministro de Asuntos Exteriores en la oferta adjudicataria "no ha influido en absoluto" y se analizó en profundidad si la ley de incompatibilidades podría interferir en el proceso "y no se encontró ninguna causa legal para actuar".
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