Los profesionales del sector aéreo, en contra del proyecto de ley de seguridad aérea del Gobierno

Los profesionales del sector aéreo, integrados en la Unión Sindical de Controladores Aéreos, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial y el Colegio de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos, manifestaron este fin de semana su "total rechazo" el Proyecto de Ley de Seguridad aérea elaborado por el Gobierno, que fue aprobado en Consejo de Ministros en enero y será presentado en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados mañana martes. Los profesionales consideraron que, en defensa del usuario del transporte aéreo, el proyecto de ley debería ser retirado y rehecho en su totalidad, sobre todo porque no se trata de una ley de Seguridad Aérea, ya que no establece políticas ni medidas que garanticen el mantenimiento y mejora de la seguridad, limitándose exclusivamente a establecer un marco sancionador que afecta a trabajadores del sector y a usuarios. En este sentido, "se fijan sanciones desproporcionadas que podrían incluso llegar a lesionar derechos constitucionales sin que se prevea una campaña de información previa a pasajeros y profesionales sobre las actuaciones punibles", señalaron. Por otra parte, estiman conveniente que la nueva ley de seguridad quedara integrada dentro de un único texto de Navegación Aérea, donde se establecieran todos los criterios que deben regir esta materia, y no sólo la seguridad. Asimismo, mostraron su postura en contra porque establece que el Gobierno podrá proceder a militarizar el control aéreo y al personal aeronáutico civil sin contemplar qué supuestos o condiciones deben darse para que pueda ser tomada dicha medida. De esta forma, dicen los profesionales, "nace muy corta de miras, dado que sólo hace referencia al aspecto militar y estrictamente fronterizo y no, como sería de gran interés, a cuestiones tan pertinentes como la regulación de los incidentes que puede provocar el Cielo Único Europeo". Además, cree que el proyecto contempla la privatización de la Inspección Técnica del Estado a favor de empresas o corporaciones privadas, sin que se especifique qué requisitos deberán reunir éstas, ni qué observancia tendrá el Estado sobre las labores oficiales delegadas a particulares. "Entendemos que esta medida no es válida para paliar la actual precariedad en materia de Inspección en la que tan sólo hay 3 inspectores del Estado oficialmente habilitados para vigilar todas las operaciones que se producen en el territorio nacional", explicaron. También consideraron que supone la ruptura de los actuales canales de información de carácter anónimo y confidencial que existe entre el sector y la autoridad aeronáutica. La existencia de estos canales, cuya finalidad es la prevención de incidentes y accidentes, es considerada necesaria por todas las leyes sobre seguridad en el mundo. "Sin embargo, en esta ley se indica que cualquier información facilitada a la autoridad podrá ser utilizada contra el propio emisor y ser motivo de una sanción", concluyeron.