Fevitur: en riesgo 8.570 M € por la Ventanilla Única Digital

Fevitur sostiene que el nuevo sistema de Ventanilla Única Digital tendrá “efectos lesivos y desproporcionados”, ya que prevén la salida del mercado del 70% de la oferta actual de viviendas de uso turístico legalmente inscrita en el Registro de Turismo Autonómico correspondiente. Esta situación, sostienen, podría dejar a miles de españoles sin vacaciones este verano.

“Las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones es probable que se queden sin su alojamiento, ya que gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita en el sistema de la Ventanilla Única Digital (VUD) y va a desaparecer de las plataformas”, ha explicado la presidenta de Fevitur, Silvia Blasco.

Impacto económico

Silvia Blasco sostiene que esta nueva realidad derivará en un aumento de la economía sumergida y el repunte de más viviendas ilegales.

Según Fevitur, las pérdidas estimadas para la economía española alcanzarán los 8.570 millones de euros en los meses de julio, agosto y septiembre; y de 5.167 millones de euros más en octubre, noviembre y diciembre

Fevitur cree que el 70% de la oferta legal quedará fuera del mercado. Fuente: AdobeStock.

Por otro lado, aseguran que se trata de un nuevo sistema que invade las competencias de turismo que están delegadas en las comunidades autónomas.

La presidenta de Fevitur ha manifestado que “existe una interpretación arbitraria por parte de los registradores que está excluyendo de la comercialización legal a numerosos titulares, pese a estar inscritos debidamente en el Registro de Turismo Autonómico. No puede ser que el futuro de miles de alojamientos y la planificación vacacional de miles de familias dependan de la interpretación subjetiva de cada registro, generando inseguridad y un trato desigual en todo el territorio nacional”.

Además, ha señalado que “las comunidades autónomas ya disponen de sus propios registros turísticos y han desarrollado normativas ajustadas a la realidad de sus territorios. El nuevo registro estatal, lejos de complementar estas herramientas y mejorar los procesos actuales, se percibe como un instrumento centralizador que duplica estructuras ya existentes y añade complejidad innecesaria al sistema”.

“No nos oponemos a una regulación que mejore la transparencia y la trazabilidad de la actividad, pero creemos firmemente que este objetivo puede alcanzarse sin imponer cargas innecesarias, sin duplicar procedimientos y sin alterar el equilibrio competencial que establece nuestra Constitución”, ha concluido Blasco.