Los peligros de regular propuestas ilegalizables e incontrolables

Ante las noticias que circulan últimamente en los ámbitos políticos de nuestra ciudad en torno a un eventual planteamiento regulador de los pisos turísticos y la actividad de "homesharing" en la ciudad de Barcelona, encontramos oportuno expresar la firme oposición de nuestro sector a la regulación de las mismas y a explicar nuestros razonamientos sobre las graves consecuencias que conllevaría, tanto en el ámbito de la ciudad como del conjunto del país.

En primer lugar hay que contextualizar y entender que el alojamiento turístico colaborativo es aquel donde un residente habitual comparte de forma eventual su hogar con un turista sin transacción monetaria. Esto quiere decir que todo alojamiento turístico que implique transacción económica no puede considerarse economía colaborativa. En este sentido, toda actividad de alojamiento turístico que no sea colaborativa y que, por tanto, conlleve transacción monetaria, debe ser llevada a cabo en una de las modalidades legales recogidas en el Decreto de alojamientos turísticos de la Generalitat de Catalunya.

Por lo tanto, todos los alojamientos turísticos que no sean legales o colaborativos son ilegales y su actividad debe ser erradicada y penalizada.

En este contexto, el Gremi d’Hotels de Barcelona se ha opuesto por medio de sus alegaciones a la nueva modalidad de Viviendas de Uso Turístico cedido por habitaciones (una modalidad donde un residente habitual comparte de forma eventual su vivienda con un turista mediante una transacción monetaria, cediéndole el uso de una habitación), incorporada al nuevo proyecto de decreto de reglamento de turismo de Catalunya, poniendo en duda la capacidad de gestionarla y controlarla, tal como pasó en su momento cuando se aprobó la normativa sobre Viviendas de Uso Turístico.

En este punto, cabe recordar que el crecimiento de la planta hotelera ha sido lineal y sostenido en Barcelona los últimos años, a diferencia del crecimiento de plazas vivido a partir del año 2010 con la incorporación de nuevas modalidades de alojamiento turístico, especialmente destacado en cuanto a las Viviendas de Uso turístico, como consecuencia de unas barreras muy blandas, que provocaron que su desarrollo se disparara, alterando claramente la gestión turística en la ciudad, haciendo patente la incapacidad de poder controlar esta modalidad.

De hecho, consideramos que esta nueva modalidad de Viviendas de Uso Turístico cedido por habitaciones afectaría gravemente a la buena imagen del destino y del propio sector, poniendo en riesgo el modelo turístico de éxito de Barcelona, haciéndole perder competitividad y calidad, ya que las modalidades actuales tienen la capacidad de absorber la demanda actual y futura, y afectando gravemente la convivencia de la actividad con su entorno vecinal.

En este sentido, y ante la necesidad de no agravar e incrementar las fricciones entre la actividad turística y los vecinos de la ciudad, consideramos que es imprescindible primero ordenar correctamente las modalidades existentes actualmente, remarcando la necesidad de no incorporar nuevas modalidades de alojamiento turístico hasta que las actuales no estén controladas de manera efectiva.

Por este motivo, consideramos que no se pueden regular aquellas propuestas que son ilegalizables e incontrolables, pues sus afectaciones perjudicarían al conjunto socioeconómico de la ciudad. Hablamos de afectaciones en el estado del bienestar; de degradación del mercado laboral y de las garantías laborales; de propiciar un alto nivel de fraude fiscal y de economía sumergida, con una reducción del impacto del gasto de un turista al destino; de competencia desleal; de falta de control sobre la calidad y la seguridad y la pérdida del control sobre la carga de un destino; de graves afectaciones a las comunidades de vecinos, de su desgaste y de la desnaturalización del comercio de barrio y, de un impacto directo en el encarecimiento del precio de la vivienda que supone el desplazamiento de la población autóctona.

Y alerta. Barcelona ciudad, como referente turístico y de negocio de nuestro país, es el eje de la exitosa y provechosa actividad turística que tantos réditos deja al conjunto de Cataluña. Que nadie dude que las consecuencias de las medidas que, adoptadas en nuestra ciudad, afecten gravemente la actividad turística y hagan peligrar su competitividad y calidad, se extenderán rápidamente al conjunto del país.

Nuestro sector rechaza pues esta iniciativa y, de hecho, plantea propuestas concretas en este ámbito: erradicar toda la oferta ilegal así como, el intrusismo de otras modalidades de alojamiento; ordenar todas las modalidades de alojamiento regladas para que no se produzca competencia desleal entre ellas así como, equiparar las regulaciones, las cargas impositivas y la intensidad inspectora en todas ellas; garantizar la recaudación de impuestos en todas las modalidades; protegerlos derechos de los trabajadores y la calidad de vida de los vecinos; luchar contra la desnaturalización de los destinos turísticos; crear mecanismos resolutivos de control, detección y penalización de la ilegalidad y, obligar los intermediarios (plataformas online y offline) a validar la legalidad de los productos ofrecidos.

Manel Casals, director general del Gremi d'Hotels de Barcelona