El Congreso español aprueba un crédito extraordinario de 2.945 millones de pesetas para Trasmediterránea

Publicada 19/12/01
El Congreso español aprueba un crédito extraordinario de 2.945 millones de pesetas para Trasmediterránea
La comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados aprobó ayer, a pesar de la oposición del Grupo Socialista, un crédito extraordinario de 2.945 millones de pesetas (17,7 millones de euros) para Trasmediterránea en concepto de los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997, por los servicios prestados por la naviera pública en las rutas de interés nacional.
La comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados aprobó ayer, a pesar de la oposición del Grupo Socialista, un crédito extraordinario de 2.945 millones de pesetas (17,7 millones de euros) para Trasmediterránea en concepto de los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997, por los servicios prestados por la naviera pública en las rutas de interés nacional. El crédito, que deberá ser ratificado por el Pleno de la Cámara baja antes de su remisión al Senado, "faculta" al Gobierno para que cumpla con las obligaciones contraídas con Trasmediterránea en el contrato firmado en 1978 por 20 años para cubrir los servicios de transporte marítimo de las rutas de interés general desde la Península con Baleares, Canarias y Ceuta y Melilla. A juicio del Grupo Socialista, el crédito destinado a sufragar intereses de demora se deriva de la "negligencia" del Ministerio de Hacienda y los gestores de Trasmediterránea por los retrasos en el pago de las cantidades adeudadas a la naviera, por lo que no consideran oportuno "que todos los ciudadanos paguen" por este comportamiento. Trasmediterránea presentó una liquidación de intereses de demora de 2.945 millones de pesetas (17,7 millones de euros), con motivo de la rendición de las cuentas de los ejercicios 1996 y 1997, por la prestación de los servicios de comunicación marítima de interés general. El crédito ha sido autorizado por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
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