El Gobierno quiere que las plataformas se hagan responsables de las VUT

Publicada 19/10/18 -Actualizada 15/11/18 02:00h
El Gobierno quiere que las plataformas se hagan responsables de las VUT
  • La secretaria de Estado de Turismo anuncia cambios en la Ley de la Sociedad de la Información
  • Isabel Oliver reitera la voluntad del Ejecutivo socialista de velar por la calidad del alojamiento turístico en España
  • Concreta que la creación de un registro único para el país tiene como fin facilitar el control de las comunidades autónomas

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, dio a conocer ayer en Ibiza, durante el acto de inauguración de la cuarta edición del Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales, que el Gobierno se plantea modificar la Ley de la Sociedad de la Información para dar responsabilidad a las plataformas que actúan como intermediarias del arrendamiento temporal. Oliver también se mostró partidaria de aumentar la calidad del servicio prestado y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de este tipo de actividad.

La secretaria de Estado además destacó la necesidad de "regular" y "controlar" las viviendas de uso turístico (VUT) para dar "seguridad" a los arrendatarios y a los que alquilan, informa Efe.

En este sentido, Oliver recordó que el Gobierno está trabajando en la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, para definir qué es alquiler de temporada. El Ejecutivo prevé cambios asimismo en la Ley de Propiedad Horizontal, para pasar de la unanimidad en la toma de decisiones de las comunidades de vecinos a necesitar solo las tres quintas partes.

Isabel Oliver, en una imagen de archivo. Foto: PSIB-PSOE.

Por otra parte, el Gobierno está trabajando en la creación de un registro estatal único de uso turístico para dar a las comunidades autónomas un "instrumento para que puedan comprobar y regular el cumplimiento de sus propias normativas".

Al respecto, Oliver insistió ayer en Ibiza en la "complejidad" de regular el alquiler vacacional, cuestión que se presenta como "un desafío" por el impacto que tiene sobre la sociedad y el negocio turístico, así como por la dificultad jurídica que plantea.

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