El Gobierno movilizará 200.000 M € para combatir la crisis del coronavirus
El decreto-ley aprobado hoy contempla que los ERTE por la pandemia serán de fuerza mayor y se resolverán en 7 días
Publicada 17/03/20 -Actualizada 10/04/20 02:01h
- Habrá causa mayor por pérdida de negocio por las medidas del Gobierno, por contagio de la plantilla o por medidas de aislamiento
- Para acogerse a los ERTE, las empresas remitirán un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado
- La autoridad laboral resolverá en siete días el informe presentado por la empresa con las circunstancias sobre su actividad
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un amplio paquete de medidas para tratar de detener la propagación de la pandemia del coronavirus y mitigar su impacto en la sociedad y en la economía. Medidas que se recogen en un real decreto-ley, que según ha indicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "probablemente el mayor que se haya aprobado en la historia de la democracia para crear el escudo econónomico y social" que necesita nuestro país, ya que prevé movilizar 200.000 millones de euros. De esa cifra, 117.000 serán recursos públicos y el resto privados. Entre otras cuestiones, prevé que los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), tanto los de suspensión del contrato como los de reducción de jornada, se considerarán de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir el Covid-19 y se resolverán en un plazo máximo de siete días.
Entre las iniciativas aprobadas por el Gobierno, se incluyen medidas para ayudar a las familias, a los trabajadores, a las empresas y para apoyar a la investigación científica.
Entre las destinadas a empresas y trabajadores destaca la agilización de los expediente de ERTE. El real decreto especifica que se considerarán de fuerza mayor todos aquéllos que tengan "causa directa" en la pérdida de negocio por las medidas puestas en marcha por el Gobierno, por contagio de la plantilla o por medidas de aislamiento preventivo.
El documento detalla que las empresas tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que explique las circunstancias que le han llevado a presentar el ERTE. Éste tendrá que ser resuelto en un plazo máximo de siete días, en lugar de los 15 habituales, una vez que dicha autoridad haya recibido el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en caso de que lo haya solicitado.
El Estado pondrá a disposición de las empresas avales por valor de 100.000 millones de euros, que permitirán movilizar un total de entre 150.000 y 200.000 millones si se suma la colaboración del sector privado, ha afirmado Pedro Sánchez
Con el objetivo de facilitar el proceso, la norma establece un procedimiento que simplifica los requisitos. De este modo, las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.
Se reduce de 15 a 7 días el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores o la comisión representativa de estos
El documento aprobado hoy señala que se exonerará a las empresas de la parte de la cotización, la de contingencias comunes, que tienen que pagar durante el tiempo que tengan trabajadores afectados por un ERTE.
Además, el decreto aprobado por el Gobierno reconoce a todos los trabajadores, que acrediten deberes de cuidado a raíz de las medidas tomadas o de las circunstancias generadas por el coronavirus, el derecho a acceder a la adaptación de su jornada o a la reducción de la misma.
Según ha señalado el presidente del Gobierno, con estas medidas se trata de "evitar que una crisis temporal tenga un impacto permanente sobre nuestra economía"
"Hago un llamamiento a los empresarios: no despidan a los trabajadores, es una crisis temporal", ha pedido Sánchez, que ha agradecido la ayuda y colaboración de empresarios y sindicatos, así como a la oposición y a los presidentes autonómicos en estas medidas.
Sobre el teletrabajo, la normativa indica que se entenderá por cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.
Derecho al desempleo
Por otro lado, se reconoce el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo a "las personas trabajadoras afectadas aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello".
Además, no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo "a los efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos”.
Apoyo a los autónomos
El Gobierno ha aprobado también que todos los autónomos con pérdidas severas, también los societarios y los empleadores, puedan acceder a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social.
Las prestación, que duraría un mes aunque podría prorrogarse, se calculará con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación
Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
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