Diario 5513 22.02.2019 | 00:00
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Según denuncia Greenpeace

El hotel Algarrobico será legalizado con un decreto a medida

16 octubre, 2010
Greenpeace denunciará en los tribunales el decreto de parques naturales que ultima la Junta de Andalucía porque lo considera lesivo para la conservación de los espacios protegidos y "ha sido redactado a medida para legalizar el hotel de El Algarrobico" de Cabo de Gata.
En un comunicado, Greenpeace ha asegurado que si este decreto se aprueba en los términos actuales iniciará "acciones legales inmediatas ante los tribunales contra el consejero"andaluz de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, "por un presunto delito de prevaricación".

En opinión de este grupo conservacionista el decreto "pretende hacer prevalecer las normas de ordenación urbanística de los ayuntamientos sobre los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los supuestos Espacios Naturales Protegidos de todo el territorio andaluz".

"La gravedad de esta norma radica en que, en la actualidad, todos los pleitos ganados sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico por las organizaciones ecologistas sentencian que el plan urbanístico del Ayuntamiento de Carboneras debe estar por debajo de la normativa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar", ha explicado el comunicado.

Según Greenpeace, el decreto "dejaría a los parques naturales de Andalucía a expensas de los planes urbanísticos de los ayuntamientos más depredadores del territorio".

"Una vez más, la Junta refleja sus intenciones reales respecto al Cabo de Gata; el hotel del Algarrobico es sólo la punta del iceberg de un plan que pretende urbanizar todo el Cabo de Gata", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Ecologistas en Acción ha anunciado también que recurrirá este decreto ante los tribunales.

El Defensor del Pueblo andaluz pide la retirada del decreto

El consejero andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha replicado que el nuevo decreto "abunda en la protección y el uso público adecuado de los espacios naturales" y que dará "cumplimiento" a una directiva marco europea que aboga por el "desarrollo sostenible".

En cambio, el Defensor del Pueblo andaluz ha pedido la retirada de este decreto porque considera que vulnera la legislación básica estatal en materia de protección de espacios protegidos al hacer prevalecer los planes urbanísticos municipales sobre las normas aprobadas para los parques naturales.

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