Las agencias de viajes de Baleares defienden sus cargos por emisión como un producto de la liberalización de precios

El presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Baleares (Aviba), Jaume Bauçà, asegura que confía en la anulación del expediente sancionador a las compañías aéreas Iberia, Spanair y Air Europa, así como a las agencias de viaje por el cobro de forma homogénea de un recargo por la emisión de los billetes, ya que, en su opinión, estos suplementos son producto de la liberalización de precios, que está en vigor desde el pasado 1 de enero. Bauçà argumentó que, en este momento, como las agencias no reciben comisión de las compañías, aplican los precios de acuerdo a sus intereses. "Esto nos permite darle al cliente todo el abanico de posibilidades que hay cuando se nos pide un viaje sin que la agencia esté vinculado o tenga una relación preferente con una compañía u otra", declaró el presidente de Aviba, en declaraciones a Radio Nacional de España recogidas por Europa Press. Bauçà remarcó que las agencias de viaje siempre actúan "en beneficio del usuario". La incoación del expediente sancionador por "prácticas restrictivas de la competencia", consistentes en la "aplicación simultánea y homogénea de un cargo por la emisión de billetes aéreos al cliente final", está motivada en sendas denuncias presentadas por la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Unión de Consumidores de Cataluña, el 20 de mayo y el 20 julio, respectivamente, según recoge la providencia redactada por el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC). Las tres principales compañías aéreas españolas y la patronal de las agencias de viajes pactaron un nuevo sistema retributivo, vigente desde el 1 de enero de 2004, que contempla la reducción progresiva de la comisión que las aerolíneas abonan a las agencias por la venta de sus billetes, así como el cobro por ambas partes de cargos por emisión de billetes (fees) al cliente final. Aerolíneas y agencias aplican desde entonces recargos idénticos, que oscilan entre los 10 y los 70 euros según los distintos destinos y tipos de tarifa. La UCE subrayó en un comunicado la "gravedad de esta práctica restrictiva de la competencia", que implica "un enriquecimiento injusto e ilícito, a costa de un abuso manifiesto al usuario". Por ello, la asociación de consumidores "exige" a las autoridades de Competencia que "sancionen con la máxima cuantía" que establece la Ley de la Competencia, esto es, el 10 por ciento de la facturación de las compañías, y que obliguen a la "devolución al usuario de las cantidades pagadas por esta conducta ilegal".