El Gobierno niega que quiera confiscar el proyecto turístico Arenas Bay

El Gobierno de Nicaragua negó que quiera confiscar el proyecto turístico Arenas Bay, que se desarrolla en una localidad del sur del país, como lo sostiene una abogada de un socio de esta inversión. El procurador general de la república, Hernán Estrada, en rueda de prensa declaró el lunes que el gobierno rechaza "el término confiscación", ya que no lo puede utilizar en el caso de lo que sucede en Arenas Bay, en el municipio de Tola, de la provincia sureña de Rivas. "Allí lo que hay es una revisión de orden jurídico, a raíz de varios conflictos que han surgido, pero de ninguna manera confiscación", afirmó Estrada y añadió que los más de 35 inversionistas que han comprado sus residencias, valoradas en más de 250.000 dólares (unos 200.000 euros) cada una en ese proyecto, "no tienen por qué preocuparse porque la procuraduría no esta hablando de ninguna figura legal que implique la confiscación". Rivas sostuvo que la procuraduría sólo interviene a favor de unos y de otros, como terceros coadyuvantes, como lo ha hecho en muchos problemas de propiedad que ocurren en el país y "que la inversión será respetada". El procurador hizo estas declaraciones luego que la prensa local informara el domingo de que el Gobierno nicaraguense, por medio del procurador regional del Sur de Nicaragua, Wilbert Ramón Ibarra, intervino a favor de la cooperativa Pedro Joaquín Chamorro en la demanda que ésta tiene contra Inversiones González Bolaños, para que anule la compra de unos lotes de tierra en Tola, provincia de Rivas y pidió el cierre del proyecto por delitos ambientales supuestamente cometidos por los inversionistas. Es precisamente en esos lotes donde la empresa González Bolaños comenzó a edificar el proyecto Arenas Bay. Supuesta extorsión Los abogados e inversionistas de este proyecto han interpretado, según la prensa local, "como una clara intención confiscatoria de la propiedad por el gobierno del presidente Daniel Ortega", debido a que los socios denunciaron que personajes ligados al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) les estaban extorsionando y pedían cuatro millones de dólares (3,5 millones de euros). "El Estado no tiene por qué intervenir en un juicio civil entre particulares, eso no tiene fundamento legal", declaró Yadira Córdoba, abogada del socio de Arenas Bay, Armel González, quien fue el que desveló en junio pasado la supuesta extorsión en contra de los inversionistas. Sobre los supuestos delitos ambientales no hubo pronunciamiento en la rueda de prensa del lunes, ya que ningún responsable del Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (Marena) estuvo presente en la misma. El primer gobierno sandinista, de 1979 a 1990, realizó una serie de confiscaciones de propiedades a la familia Somoza o a allegados a ésta, lo que originó problemas de propiedades en disputa que aún no han sido solucionados en su totalidad, a pesar de decenas de leyes que se han promulgado. HOSTELTUR (latinoamerica@hosteltuer.com)