2025, año de incertidumbres legales

Basta mirar y leer cada día los medios de comunicación para saber que nos adentramos en una senda problemática. Se habla del acuerdo social, pero cuando no hay acuerdo social, el Gobierno decide hacer un mini acuerdo social solo con los sindicatos y amenazar con una reducción ex lege de la jornada horaria, sin contar con todas las empresas grandes, pequeñas y medianas de nuestro país, a las que precisamente afecta y han de aplicarlo. No obstante, deciden aumentar la incertidumbre, pues el Gobierno carece de la mayoría cualificada para apoyar dicha iniciativa en el Congreso, según deducimos de la postura de partidos más a la derecha que lo apoyan…

En el ámbito de las comunidades autónomas, mejor dicho, de alguna de ellas, la situación tampoco refleja una mayoría sólida que permita saber a qué atenerse con las normas.

Quizás lo mejor del caso es que promulguen pocas normas… lo cierto es que estamos en un mundo de verdadera verborrea normativa. Hay tantas normas que hasta a los abogados nos cuesta conocerlas y poderlas aplicar adecuadamente. En esto vienen a ayudarnos las actualizadas bases de datos jurídicas y de modo inminente la inteligencia artificial en el ámbito del Derecho.

Simplificar las normas, reducirlas, hacerlas coherentes y comunicarlas con acierto sería un verdadero programa político para el año 2025. Así de sencillo.

Mucho nos tememos Abogados, jueces y demás agentes que intervenimos en el mejor desarrollo del sistema jurídico que este deseo no se va a cumplir.

Es por eso importante descubrir en el intrincado mundo legal sentencias de jueces que aplican sentido común. En definitiva, aplican sencillamente el imperio de la ley y no concurren con interpretaciones excesivas, según mi juicio y opinión, a aplicaciones del derecho a situación fácticas que solo generan más incertidumbre de la existente.

Así recientemente, el Tribunal Supremo ha puesto orden y ha vetado el incremento de la indemnización por despido improcedente de 33 días, a pesar de que algunos otros jueces venían aplicando la Carta Social Europea, que consideraba que la indemnización por despido en España debía adecuarse “a las circunstancias del trabajador” …. Lo que creaba, sin duda, más incertidumbre.

El pleno de la sala del Tribunal Supremo de lo laboral acuerda por unanimidad que la indemnización del artículo 56 del Estatuto de los trabajadores no puede verse incrementada en vía judicial con otras cuantías que atiendan a esas “circunstancias” concretas del caso. Además, conviene en que dicha conclusión no vulnera el artículo 10 del convenio número 158 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el que tan solo se indica que la indemnización debe ser la adecuada. Una de las principales razones por las que la sentencia considera compatible dicho artículo 56 del E.T. con la norma internacional es que la doctrina constitucional ha manifestado que nuestra indemnización, la determinada en nuestra legislación, es adecuada. Además, concreta que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo explica a lo largo de los años que la indemnización laboral es diferente de la indemnización civil, pues en esta es necesario acreditar daños y perjuicios, cuando la laboral se presume y cuantifica en la propia norma.

Y concluye el Tribunal Supremo: “la fórmula legal de nuestro derecho ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos”

Vamos a tener que buscar en las 2025 fórmulas de seguridad jurídica. Están muy cerca. Están en nuestro sistema normativo actual y en la concienzuda y profesional aplicación e interpretación de la misma por los jueces, por los tribunales y por supuesto por nuestro Tribunal Supremo. A todos ellos gracias por permitirnos transitar en la niebla de las continuas incertidumbres y gracias también por soportar críticas, injustas casi todas, por parte de la misma clase política, incapaz, muchas veces, de mantener y crear un sistema jurídico inteligible para el ciudadano, y sobre todo para las empresas, tan importantes como son para el mantenimiento de un sistema económico, avanzado, social y de derecho.

Sigamos confiando en nosotros como sector turístico en este año que comenzamos. Quizás sea de las pocas certidumbres que nos darán consuelo.

José A. Fernández de Alarcón Roca

Abogado, Socio Fundador de MONLEX

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